Unas 2.000 aves incautadas en la operación contra una red que traficaba con especies protegidas

MADRID. Según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil, se trata de la desarticulación de una organización internacional dirigida por un residente en Araba que ya había sido condenado por hechos similares y que controlaba una actividad ilícita con la que se calcula habían obtenido más de medio millón de beneficios.

Y eso pudo ser así porque algunas especies, como los tucanes, se cotizan mucho entre coleccionistas o personas de alto poder adquisitivo, de tal manera que si la red compraba a 50 euros el ejemplar llegaba a venderlos a los clientes en Europa a un mínimo de 3.000 euros.

Todo comenzó, según relatan fuentes de la investigación, cuando la Procuraduría General de México -la Fiscalía General- pidió apoyo a la Guardia Civil porque contaba con nombres de españoles sospechosos de traficar con distintos pájaros que salían de ese país con destino al nuestro.

Y tirando del hilo, en coordinación con Europol, los investigadores dieron con un nombre ya conocido, un hombre afincado en Rivabellosa que contaba con una nave, aparentemente abandonada, en la colindante localidad burgalesa de Miranda de Ebro, donde había instalado un aviario con especies de todo tipo.

Un hombre con antecedentes que ya había sido arrestado hace años en la operación "Silvestre", por la que llegó a ser condenado por comercio ilegal de especies y al que se le llegó a inhabilitar para ejercer cualquier actividad comercial con aves.

Empezó como "mula", pero como ya no podía seguir arriesgándose, prefirió dirigir una red criminal que contaba, además de con "mulas" para viajar a los diferentes países y traerse la mercancía, con captadores de clientes.

La organización anunciaba los animales en una conocida página de internet e insertaba los anuncios en diferentes puntos de la geografía. Acompañaba al texto un teléfono móvil al que llamar y cuyo interlocutor se ofrecía a llevar el ejemplar seleccionado hasta donde el cliente quisiera.

El cabecilla dirigía así una red internacional que traía al Estado español aves procedentes de México, Perú, Colombia o Argentina, pero también de algunos países de África, sobre todo de Senegal. Todas ellas incluidas en los apéndices del convenio CITES sobre el comercio internacional de especies amenazadas.

Todo tipo de aves era objeto de este tráfico ilegal, desde los más preciados tucanes hasta el canario de Mozambique, una especie que procedía de Senegal y que la red adquiría en este país a precios irrisorios el ejemplar (un euro a veces) para venderlos en España por entre 70 y 100 euros, según han resaltado las fuentes.

Como si de una organización de tráfico de drogas se tratara, esta red enviaba a las "mulas" a los distintos países para que se trajeran los animales en maletas en las que habilitaban una especie de jaula para camuflar las aves.

Para evitar que hicieran ruido, llegaban a atarles el pico a las que lo tenían muy largo o les introducían bolas de grasa en la boca a las que lo tenían más corto. Muchas veces estas prácticas provocaban la muerte del animal, hasta el punto de que en algunas "partidas" la mitad fallecía.

Con el mismo objetivo de no ser descubiertos, variaban el destino final de las aves y, por tanto, de sus equipajes. De este modo, la "meta" del recorrido se situaba en el aeropuerto de Madrid o en los de Navarra y Bilbao.

En el transcurso de la investigación, los agentes comprobaron que muchas veces, y sobre todo en el aeropuerto de Lima (Perú), las "mulas" se quedaban en el área de tránsito.

Según las fuentes consultadas, en los aseos de esta zona recibían las maletas (de un tamaño que no era necesario facturar) por parte de personas que entraban en ese área probablemente con alguna triquiñuela.

Las pesquisas permitieron a los agentes percatarse de que el negocio se iba a pique por los diferentes golpes policiales y que la red estaba ya a punto de dejar su actividad porque se estaba "hundiendo", sobre todo por "falta de género".

Una situación que aprovechó el Seprona para dar el golpe final a la red, desarticulada con la colaboración de la Policía Judicial de la Guardia Civil.