Vitoria. González se ha referido a este asunto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno foral en la que ha recordado la aprobación por parte del Gobierno central el pasado marzo de un reglamento que obliga a cumplir con nuevas condiciones en la revisión de los precios públicos.
"Con su aprobación el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) está obligado a aplicar unas nuevas consideraciones a los convenios de colaboración suscritos con las entidades sin ánimo de lucro, que llevan a cabo numerosos servicios en el sector de la intervención social", ha expuesto el diputado general.
Eso se traduce en la obligatoriedad de "no aumentar los costes de la mano de obra" en esos convenios "por encima del incremento experimentado por la retribución del personal al servicio del sector público", que desde Madrid se ha marcado en un 1,5 % para 2018.
Aunque la Diputación está obligada a cumplir esa nueva condición en la revisión anual de los convenios con el sector, González ha recordado que las empresas pueden acordar subidas salariales más altas con sus trabajadores ante la denuncia sindical de que el ente provincial limita esto.
"Nosotros no estamos impidiendo nada, porque la negociación entre las empresas y sus trabajadores es libre, y pueden pactar las condiciones que quieran, sin que podamos intervenir", ha recalcado el diputado general.
