El conflicto de la Policía local, después de más de un mes de movilizaciones y negociación, parece encarar su recta final. En las reuniones que se mantienen de forma periódica entre el comité de trabajadores y el gobierno municipal, los asuntos a debate han ido reduciéndose hasta llegar a tres puntos esenciales: el aumento de la plantilla, la reducción de los denominados días “en negrita” -aquellos en los que los agentes están obligados a trabajar aún disponiendo de días libres- y el abono de un complemento salarial a aquellos policías que se ven obligados a prestar servicio en esos polémicos días y que, según defienden sus representantes, ven de esta manera incrementada su “penosidad” laboral. El compromiso municipal de convocar OPEs consecutivas año tras año hasta acercar todo lo posible el volumen de la plantilla hasta la cifra que se marca en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) -actualmente hay 370 agentes cuando la RPT recoge 431-, unido a la voluntad de recortar el número de días de trabajo obligatorio, parecen satisfacer en gran medida las dos primeras cuestiones. La última, referida al incremento salarial y que constituía un auténtico escollo en el camino hacia el diálogo, podría solventarse en breve después de que los sindicatos hayan rebajado sus pretensiones. De un plus de productividad para toda la plantilla han pasado a reclamar un complemento exclusivo para los policías que tienen que trabajar esas jornadas, con lo cual, si al departamento de Función Pública le cuadran las cuentas, el apretón de manos que acabe con la huelga de las multas podría hallarse a la vuelta de la esquina.
La decisión tomada a finales de octubre por la asamblea de trabajadores de la Policía Local, consistente en aplicar a rajatabla la ordenanza reguladora de tráfico, pilló a todo el mundo por sorpresa. Los agentes, que habían decidido no apuntarse a refuerzos como medida de protesta ante la falta de efectivos y el aumento de las cargas laborales, resolvieron dar un paso más. A través de una votación, descartaron, como ya se había hecho en una legislatura anterior, limitarse a informar sobre el contenido de la ordenanza -lo que en su momento se denominó huelga de brazos caídos- y pasaron a ponerla en práctica de modo riguroso.
En la Policía Local, no todas las unidades tienen la posibilidad de imponer sanciones. De hecho, muy pocas lo hacen. En cada turno de día, únicamente unos 35 agentes disponen de talonario y no todos secundan la aplicación rigurosa de la ordenanza. Echando cuentas, de ahí sale el 10% aproximado de la plantilla que, según ha referido en numerosas ocasiones el alcalde de la capital alavesa, Gorka Urtaran, apoya la huelga de celo “encubierta”.
A partir del posicionamiento de la asamblea, llegó la sorpresa. Multas a peatones por cruzar la calle indebidamente, a ciclistas por circular en dirección prohibida y a automovilistas por estacionar sus coches sin observar exquisitamente la norma municipal. Las sanciones han oscilado entre los 200 y los 500 euros e incluso sobre su cuantía acumulada ha habido polémica.
EH Bildu, tras cotejar los datos del sistema informático interno de contabilidad, calculó que la huelga de celo, en su primer mes de vigencia, se ha saldado con un ritmo de 20.000 euros al día en multas. La concejala de Hacienda, Itziar Gonzalo, en primer lugar, y el propio Urtaran a continuación, se ocuparon de desmentir esta cifra y de alertar de que dentro de ese montante van incluidas las recaudaciones por los radares fijos y las cámaras de los semáforos, con lo que inicialmente habría que descontar en torno a un 40% a la estimación realizada por la coalición abertzale. A la cifra resultante habría que restarle cerca de otro 50%, ya que según el alcalde la mayor parte de los ciudadanos optan por abonar las multas dentro del periodo de pronto pago para beneficiarse de la bonificación que deja la sanción en la mitad de la cuantía.
Y no sólo ha habido diferencia de pareceres en el cálculo de los montantes. También ha habido desencuentro con la gestión de las multas. Aunque Urtaran ha insistido por activa y por pasiva en que la huelga es “abusiva” e “ilícita”, llegando a instruir seis expedientes informativos contra otros tantos agentes que el Ayuntamiento entiende se han extralimitado en sus funciones, el primer edil ha afirmado que, tras darle muchas vueltas, no existe fórmula legal de desatender la tramitación de las sanciones sin incurrir en prevaricación. Cuando el grupo municipal de Podemos le instó a ofrecer a los afectados los servicios jurídicos municipales para poder recurrir de forma gratuita los efectos de la “ilícita” huelga ante los tribunales, Urtaran aseguró que no tiene “ni pies ni cabeza” que el Ayuntamiento defienda a ciudadanos multados por el propio Ayuntamiento. En este sentido, Podemos le recordó que cuando el Consistorio actuó en contra de los intereses del propio Consistorio en el caso San Antonio, o en contra de la decisión del pleno con la consulta sobre la ampliación del tranvía al sur, no le dolieron tantas prendas en recurrir a los servicios jurídicos públicos. El alcalde acabó asegurando que eran cuestiones diferentes.
Indignación ciudadana Y tras todo el ruido político y mediático, la indignación ciudadana y las negociaciones, parece que la semana que viene comenzará a diseñarse el plan para salir de esta enrevesada situación. Si los números le sonríen al Ayuntamiento, podrá conceder el complemento que los agentes reclaman y la normalidad regresará a la ciudad. En caso de acuerdo, sólo quedará una pregunta por responder. Si los agentes nunca han hecho huelga de celo y sólo se han limitado a aplicar la ordenanza, ¿qué harán a partir de la resolución del conflicto? ¿Dejar de hacer cumplir la ordenanza?
Reunión. La próxima reunión entre el comité de trabajadores y el gobierno municipal se adivina clave para la resolución del conflicto tras el acercamiento de posturas del pasado lunes.
Agenda. La semana pasada, con un largo puente de por medio, ha resultado complicada para cuadrar agendas de cara a una nueva reunión entre los participantes en la mesa de negociación.
Urgencia. Los responsables del gobierno, que el lunes pasado conocieron la última oferta del comité, quieren cerrar una nueva reunión lo antes posible. Si las demandas económicas entran dentro de las posibilidades del Ayuntamiento, es muy probable que la solución a la crisis de la Policía Local sea inminente.
