Según la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, una de cada tres mujeres europeas ha sufrido algún tipo de violencia de género física o sexual. Fuera de las estadísticas existen otro tipo de violencias padecidas a diario por miles de mujeres contra la libertad sexual, el acoso o la violencia económica. “La ley estatal de violencia de género de 2004 sólo cubre las violencias en el ámbito de la pareja o expareja dejando por tanto fuera decenas de realidades”, alertan juristas de reconocido prestigio, en plena coincidencia con activistas y militantes de organizaciones que luchan contra estas violencias. Para todas ellas la falta de un enfoque feminista en las legislaciones existentes sobre agresiones machistas, la carencia de presupuestos o el nulo desarrollo de los textos normativos actuales provoca que “el sistema judicial no defienda realmente a las mujeres”, sentencia Inmaculada Mata, feminista y activista, miembro de la Asociación Mujeres que Aman Demasiado. “Muchas mujeres obvian denunciar porque eso supone muchas más trabas. Se está haciendo creer que con la denuncia está todo solucionado y eso no es así”. De hecho, como recuerda Laia Serra, de Dones Juristes, en una investigación de recogida de datos “ de todas las mujeres que habían ganado casos sobre violencia sexual ninguna volvería a iniciar el proceso”.
La carencia de una formación feminista en el ámbito legislativo, jurídico, judicial o administrativo ha sido uno de los temas más denunciados por las más de cien personas participantes en las jornadas “LegislAcción: Propuestas legislativas para vivir una vida libre de violencias machistas”, organizadas recientemente por Mugarik Gabe.
En un contexto en el que se acaba de aprobar un pacto de Estado contra la violencia machista que contiene mejoras, pero continúa con grandes carencias reivindicadas por el movimiento feminista, y en un momento en el que el Parlamento Vasco tiene en mente desarrollar una legislación autonómica sobre la materia, las jornadas se convirtieron en el escenario idóneo para analizar y reflexionar sobre las necesarias mejoras en la legislación en materia de violencias machistas.
Porque el marco normativo actual, sostienen las expertas, no tiene en cuenta cuestiones clave como la interseccionalidad y olvida además las voces de las mujeres y sus testimonios, dejándosles así como meras usuarias en lugar de como personas sujetas a derechos. “Lo que está claro es que la actual legislación no funciona e invisibiliza la mayoría de las violencias machistas; hay que seguir trabajando para conseguir leyes efectivas que promuevan sociedades libres de violencias machistas desde la prevención, no solo en su carácter punitivo”, indica Joana Etxano.
derecho antipatriarcal Para Juana Aranguren, jurista e integrante de Plazandreok, existe “una aplicación masculina del derecho penal”, mientras que para Bego Zabala, también abogada de dilatada experiencia, “es necesario quitar el foco del derecho penal para crear un derecho antipatriarcal; las agresiones contra las mujeres es un tema más complejo”. Y es que “estereotipos de género continúan muy presentes en la justicia”, subraya Estefanny Molina, de Women’s Link World Wide.
“Es cierto que el derecho penal no va a resolver el problema de la violencia contra las mujeres, pero sí nos da una serie de instrumentos para combatirla; la ley integral es un avance como las órdenes de protección; son herramientas para proteger y defender a las víctimas y luchar contra las agresiones que sufren. El derecho penal no es la panacea y es cierto que existe una aplicación masculina del mismo, pero nos da mecanismos para que las víctimas puedan denunciar a sus maltratadores y estos vayan a la cárcel. Del mismo modo son efectivas para que haya una sanción social en las conductas”, recalca Aranguren, al tiempo que subraya que los propios legisladores reconocen que las medidas penales son solo una de las medidas que hay que aplicar. “También son conscientes de que es más fácil dictar normas que ponerlas en práctica dotándolas de presupuestos para que sean efectivas”, indica la militante de Plazandreok.
Por ejemplo, el Estado español no ha cumplido ninguna de las recomendaciones que la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que no son vinculantes, le impuso por el caso de Ángela González. La ONU dictaminó que el Estado había fallado en la protección de su hija, a pesar de los indicios del peligro en el que estaba cuando tenía que ir con su padre maltratador. Por ello, para la abogada Begoña San José, miembro del Fórum de Política Feminista, que integra a una docena de asociaciones feministas de las comunidades autónomas, incluida la del País Vasco, se refiere a la “falta de voluntad institucional”, de “incumplimiento absoluto por parte del Estado, así como de una actitud feminicida e impune”, tolerante con la violencia. “Ni siquiera se cumple con las convenciones internacionales que han sido ratificadas”, añade la representante de Women’s Link World Wide.
Más allá del encorsetado marco de la ley estatal, las expertas reconocen que la ley catalana tiene una conceptualización de las violencias machistas mucho más amplia que la estatal. “La catalana ha supuesto avances desde el punto de vista feminista, como por ejemplo la creación de una red de servicios o la obligación de la reparación en todos los ámbitos dañados”, según explica Marisa Fernández, de la Plataforma Unitaria.
Mientras, la ley navarra recoge aspectos novedosos como la inclusión del término feminicidio o la idea de la reparación, pero ha sido aprobada sin contar ni con la sociedad ni con los colectivos de mujeres, por lo que también tiene destacadas carencias. En el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAV), no hay una ley al respecto, solo un artículo en la Ley de Igualdad de 2007. Juana Aranguren critica que, además, no tiene en cuenta la diversidad de mujeres y de realidades, por lo que carece de un enfoque interseccional.
legislación vasca Tal vez por ello, el Parlamento Vasco tiene previsto desarrollar una legislación propia, cuyo borrador estaría para el primer semestre de 2018. En este sentido, el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, ha contratado una secretaría técnica que está llevando a cabo un diagnóstico de la situación actual, “revisión del marco normativo internacional, nacional y local”. El proceso contempla talleres de trabajo con agentes claves en la lucha contra la violencia de género como son los movimientos feministas. Tras el debate se elaborará la propuesta normativa, cuyo primer borrador confían desde Emakunde en que esté concluido para el primer semestre de 2018.
Begoña San José, de la plataforma Informe Sombra CEDAW, considera peligroso el divorcio que se está produciendo entre discriminación y violencia de género. “A mí me parece una virtualidad de la ley vasca de 2005 que se incluya igualdad y violencia en la misma norma y en el mismo sistema. En el Estado sucede lo contrario: cada vez adquiere más entidad la preocupación por la violencia machista y menos la discriminación”.
Y es que la clave está en que la sociedad y las instituciones entiendan que la violencia es una manifestación externa de la discriminación “y por eso no basta con atajarla cuando hay un asesinato o cuando una mujer llega con un ojo colgando, sino que hay que empezar antes, combatiendo la discriminación y desde luego no solo con medidas judiciales, penales, por aquello del refrán de pleitos tengas y los ganes”, reflexiona Begoña San José.
Aunque las expertas son conscientes de que las leyes no van a acabar con las violencias machistas, sí consideran que son herramientas muy potentes “si hay voluntad política” e insisten en señalar que la ley vasca que se prepara no tendría que resolver solo lo punitivo, “sino tendría que contemplar medidas de prevención y atención. Habría que incidir en que estos puntos se convirtieran en normativa y se cumplieran; para nosotras es esencial”, indican Lidia Ruiz y María Viadero, de Mugarik Gabe. “Muchas veces parece que la violencia machista sea algo más vinculado a la seguridad, cuando en realidad no se puede desconectarla de la desigualdad, del machismo y del sistema patriarcal. El enfoque de la ley no puede ser solo penalista, sino más preventivo”.
Desde las organizaciones feministas no solo quieren mayores sanciones y penas para quienes maltratan y asesinan a las mujeres, sino también que existan mecanismos de seguimiento y evaluación adecuadas de las leyes que se aprueben, “y que si no se cumplen las normativas no pase nada, como ahora. Trabajamos por competencias reales donde si no se cumple lo que está pactado en la ley se sancione a la administración pública; esto es importante, la ley tiene que tener un carácter garantista. Porque a veces parece que si te saltas los elementos que tienen que ver con la Ley de Igualdad no pasa nada”, critican.
En el ámbito internacional, la antropóloga mexicana, Marcela Lagarde, uno de cuyos grandes aportes ha sido la tipificación del “feminicidio” como uno de los grandes logros, tanto desde el punto académico como normativo y político, apostó por la necesidad de defender el derecho de las mujeres a ser sujetos jurídicos.
Silvia Juárez, de Ormusa (Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz) apunta que no se conseguirá un cambio cultural en el corto plazo, pero sí que van cambiando las cosas. “Los medios ya no hablan de crimen pasional sino de feminicidios. Y está teniendo un efecto simbólico clave”.
Mientras, Susana Chiarotti, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres dice “hay que tener paciencia, solo llevamos 30 años legislando; tenemos que seguir molestando”,
Entre los años 2010-2015 Una media de 113 mujeres fueron asesinadas cada año. En lo que va de año, en Euskal Herria ha habido cinco feminicidios.
Ley estatal de violencia de género de 2004. Solo cubre las violencias en el ámbito de la pareja o expareja, olvidándose de otras numerosas situaciones. A pesar de su corto alcance, no funciona porque los asesinatos de mujeres son constantes
391
El año pasado en el Estado español se pusieron en marcha una media de 391 denuncias diarias por violencia de género, alcanzando las 142.893 denuncias.
