vitoria - El colectivo de 840 empresas que facturan entre uno y dos millones de euros afronta, por vez primera este año, el pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) con unos recibos íntegros y sin bonificar después del desacuerdo político municipal y en el que tampoco han confluido SEA Empresarios Alaveses y el Ayuntamiento de Vitoria. La maquinaria jurídica de la patronal alavesa ya trabaja para dar forma al recurso, al tiempo que anima a las empresas a reclamar también esa bonificación a título individual ante el Consistorio.

Entre las buenas últimas noticias económicas aparece el Impuesto de Actividades Económicas como lunar que enturbia la relación entre SEA Empresarios Alaveses y el Ayuntamiento de Vitoria.

-No me gusta el término de enturbiar las relaciones porque nuestra relación con el Ayuntamiento de Vitoria es buena y tenemos bastantes proyectos de colaboración conjunta al compartir la preocupación por el desarrollo económico de nuestra ciudad. Otras cosa es que, efectivamente, hay una discrepancia concreta respecto al Impuesto de Actividades Económicas del año 2017, que no se ha subsanado y esperamos que se subsane, en este caso por la vía judicial.

El acuerdo de 2015 contemplaba la regulación del IAE con los diferentes porcentajes a aplicar.

-Hay una modificación de la Norma Foral, que lo que hace es cambiar el tramo de exención y supone que, por primera vez, las empresas que facturan entre uno y dos millones de euros empiecen a pagar este impuesto. Para hacer más tenue este tránsito a las empresas, lo que hace es establecer la obligación de que los Ayuntamientos fijen unas bonificaciones hasta el 75% para el ejercicio 2017, el 50% en 2018 y el 25% para el año 2019 y ya en el 2020 pagar al completo. Esto se aprueba en Juntas Generales, por parte del PNV, el PSE y también EH Bildu. A partir de ahí se fija un plazo, hasta el 1 de julio, para que todos los Ayuntamientos adapten sus ordenanzas referentes al IAE incluyendo estas modificaciones de la norma. Desde SEA Empresarios Alaveses, en su momento, se habló con el Ayuntamiento de Vitoria para que incluyera las mismas y se hicieron eco de esta solicitud. Lo llevaron a Pleno y, por desacuerdo entre los partidos políticos, decayó el asunto. Posteriormente, el 7 de julio, hicimos un requerimiento al Ayuntamiento recordándole esta obligación. Se nos ha respondido hace unos días diciéndonos básicamente que, como no podía ser de otra forma, para hacer las bonificaciones hay que modificar la ordenanza y que así lo intentaron, pero es una cuestión que decayó durante el proceso. Nosotros entendemos, por nuestros informes jurídicos, y un par de informes que hemos pedido a despachos de referencia, que la obligación de incluir las bonificaciones está incumplida. Además ya se han girado los recibos a las empresas y en ellos no se recoge.

Ese requerimiento fijó un plazo de 90 días antes de interponer un recurso. ¿Ha habido contactos entre SEA y el Ayuntamiento?

-Ha habido contactos informales con el Ayuntamiento y el resto de grupos recordándoles que habíamos formulado este requerimiento y, a nuestro entender, las obligaciones que la norma impone a las ordenanzas de los diferentes Ayuntamientos de incluir estas bonificaciones. Llaman la atención un par de detalles. Por un lado, son bastantes los propios Ayuntamientos de la provincia que han incluido las mismas y, sorpresivamente, algunos en los que EH Bildu es la fuerza que ostenta el gobierno. El segundo es que, como ha trascendido, hay un acuerdo ya entre el PNV y el PP para las ordenanzas fiscales de 2018 que incluyen una bonificación del 50% en el IAE. Es un reconocimiento de que la obligación existe, por tanto.

¿SEA Empresarios Alaveses va a dar el paso para interponer un recurso que obligue a aplicar las bonificaciones?

-En la Junta Rectora de SEA del pasado martes, como órgano competente de nuestra entidad, se acordó la decisión de interponer una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en defensa del colectivo empresarial del municipio para que se incluyan estas bonificaciones. Estamos preparándolo para dotarle de todos los elementos formales que requiere una actuación de este tipo y a lo largo de esta semana se realizarán los trámites para interponer el recurso.

Al margen de ese recurso animan también a que esas 840 empresas reclamen de manera individual la bonificación del IAE.

-Es importante reseñar que, en paralelo a ese recurso colectivo de SEA Empresarios Alaveses, el global de las 840 empresas y autónomos que afrontan por vez primera el pago del IAE interpongan un recurso administrativo, a título individual, ante el propio Ayuntamiento. En ese proceso van a contar con todo nuestro apoyo y facilitaremos a las empresas afectadas los modelos normalizados de documentación para que presenten sus correspondientes recursos. Deben también conocer que, una vez que han recibido el recibo del IAE tienen que proceder al abono antes del 6 de noviembre y después, tienen un mes de plazo, para interponer ese escrito de reclamación de la bonificación.

¿Qué recorrido y plazos esperan que tenga el recurso?

-Ahí nos enfrentamos ya a una cuestión como es la velocidad de nuestro sistema judicial. Pero recalco que es muy importante que, en paralelo a las actuaciones de SEA, se inicien de manera individual el trámite de los recursos. Toda esta serie de procedimientos individuales han de estar, por llamarlo de alguna manera, vivos cuando se resuelva la demanda que SEA interpone como colectivo.

¿Qué reacción espera del Ayuntamiento tras este paso de acudir a los tribunales?

-Soy consciente de que el Ayuntamiento ahora tiene una situación complicada para resolver algo, aunque tenga voluntad de resolverlo. Igual también debe esperar a la resolución judicial para poder poner en marcha una modificación cuyo plazo del 1 de julio ya pasó.

En caso de surgir negociaciones y cristalizar en un acuerdo, ¿conllevaría la retirada de este recurso?

-Estamos abiertos, como no podía ser de otra manera, a cualquier solución alternativa. Si hemos llegado a este momento es porque hemos agotado todas las posibilidades en el proceso. Estamos abiertos a cualquier solución que, en este caso, tiene que ser imaginativa que se nos pueda poner encima de la mesa. Estamos defendiendo los intereses de 840 pequeñas empresas y autónomos, que no estaban pagando el impuesto, y no están pasando por su mejor momento, al ser uno de los principales afectados por toda esta crisis. Evidentemente desde su asociación, que es SEA, tenemos que defender sus intereses.

Los recibos de este año 2017 ya están girados a esas 840 pequeñas empresas y autónomos.

-Hablamos de recibos considerables, con cantidades que oscilan entre los 2.000 o 2.500 euros en empresas que no tienen un gran volumen. Por eso una bonificación del 75% si que supone una cantidad de dinero importante para ellos. Son empresas muy pequeñas como casos de comercios, establecimientos de hostelería y autónomos que son profesionales liberales. Hablamos de un tejido que le da mucha vida a la ciudad.

Sorprendió que en mayo los partidos políticos no se pusieran de acuerdo a la hora de concretar la bonificación.

-Efectivamente fue sorpresivo. Si se analizan las posturas, básicamente, tanto el equipo de gobierno, con PNV y PSE, como el PP, estaban de acuerdo en la aplicación de la bonificación para el ejercicio 2017. El desacuerdo vino si se centraba en un único ejercicio o incluir las bonificaciones de golpe para los tres ejercicios que contempla la norma. Al final, lo uno por lo otro y la casa sin barrer, para no terminar aprobando ninguna de las dos circunstancias. Además de eso, también sorprende la posición de EH Bildu que, habiendo aprobado en Juntas Generales la inclusión de estas bonificaciones, luego en Ayuntamientos, diferentes al de Vitoria, donde le toca ejercer el gobierno lo ha incluido.

En mayo no hubo acuerdo en el Pleno municipal, pero en las ordenanzas fiscales para el año 2018 PNV y PP han acordado una bonificación del 50%.

Al final hay cosas que escapan a lo que, desde el punto de vista económico y empresarial, se entiende como lógico y que forman parte de las cuestiones de la política.

¿La situación en Cataluña tiene su afección o influencia en una economía como la alavesa?

-Todo tiene repercusiones. Al final estamos en una economía como la alavesa, muy globalizada y exportadora, en la que hay relaciones con empresas de muchos ámbitos, incluidas las catalanas. Evidentemente todo lo que sea generar en el país sensación de inestabilidad y también de que las reglas se las puede saltar uno, hay que tener mucho cuidado con ello. Desde luego eso no atrae inversión y no genera la necesaria seguridad para la inversión.