Vitoria - Con el fin de evitar “un agujero económico”, similar al que el gobierno municipal se encontró a principios de la legislatura, el gabinete Urtaran decidió ayer retener cuatro millones de euros “para garantizar la estabilidad presupuestaria hasta finales de año”. Así, al menos, lo explicó la edil de Hacienda, Itziar Gonzalo, al poco de aprobar este decreto de retención de crédito en diferentes partidas presupuestarias, que afectan a los de gasto corriente, gastos financieros y transferencias corrientes. “Aplicando esta medida de control en la gestión lo que queremos es evitar un agujero económico como el que nuestro gobierno se encontró a comienzos de legislatura, cuando tuvimos que poner en marcha un plan económico para hacer frente a un gasto de 68 millones de euros no previsto por el anterior ejecutivo”, argumentó Gonzalo, quien, en todo caso, destacó que “vamos a aplicar el rigor económico para evitar situaciones de deuda y déficit, pero desde la sensibilidad social para que la calidad de vida de la ciudadanía no se vea afectada”.

En concreto, más de la cuarta parte de la cantidad retenida, 1.125.000 euros, se corresponde con la aportación que el Ayuntamiento realiza a la sociedad municipal de transporte Tuvisa. Nos obstante, la titular municipal de Hacienda aclaró que esto no supondrá un perjuicio económico para la sociedad municipal de transporte público, ya que “tras asumir directamente la gestión del parking de Santa Bárbara, a partir de ahora obtiene ingresos por esta cuestión mientras que el Ayuntamiento ha dejado de percibir el canon por la concesión del aparcamiento”.

Asimismo, señaló que entre los motivos que hacen necesaria la retención de crédito “destaca fundamentalmente el incremento de gastos de personal derivado de un mayor número de sustituciones y de la próxima puesta en marcha del centro cívico de Zabalgana”.

Ordenanzas fiscales También ayer y aprovechando que hoy acababa el plazo de presentación de enmiendas para las ordenanzas fiscales, EH Bildu e Irabazi anunciaron una veintena aproximada de propuestas cada uno para “favorecer a los que menos tienen”. De ahí que no descartaran ayer presentar una alianza de propuestas fiscales junto a Podemos, fuerza que hoy hará públicas las suyas. No en vano, las tres echan en cara que Urtaran haya vetado el debate fiscal los impuestos a las grandes empresas, al retirar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Es por eso que descartan un acuerdo con el equipo de gobierno, mas aún cuando “los acuerdos entre ellos están muy avanzados. También se ha hablado ya desde el ABB (por las declaraciones de José Antonio Suso) y parece que ese acuerdo es mucho más amplio. Se trata de seguir instrucciones sobre con quién pactar y no qué acordar”, explicó ayer la portavoz de EH Bildu, Miren Larrion, tras presentar una veintena de enmiendas, entre las que se incluyen bonificaciones para las familias, un recargo del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías o que la Iglesia pague este tributo por sus bienes no destinados al culto. “Los cambios que plantea el equipo de gobierno no nos gustan porque no se ha hecho un planteamiento dirigido a las clases medias y bajas, sino que se habla de subidas en las tasas y los precios públicos dejando de lado la situación financiera de cada uno”, denunció Larrion.

Por su parte, las 16 enmiendas de Irabazi proponen “una fiscalidad que proteja a los más vulnerables”. En este sentido, su edil, Óscar Fernández, habla de una “tarifa única” para personas mayores con pocos recursos que quieran acceder al servicio de Ayuda a Domicilio, “fórmula exitosa en Iruña” o subir las bonificaciones a las rentas más bajas.