Multa a activistas de Kaleratzeak por oponerse a un desalojo en Zabalgana

A finales del pasado mes de agosto varios de esta media docena de activistas que estuvieron en aquella protesta, recibieron la comunicación del expediente abierto con la correspondiente propuesta de multa. Entre las personas sancionadas se encuentra el que fuera representante de Podemos en las Juntas Generales de Álava, Mikel Martín, que abandonó hace unos meses las filas de la formación morada para pasarse al grupo mixto de la cámara foral por las desavenencias con la dirección del partido en Álava. “No vamos a pagar, y sí vamos a recurrir para que archiven este expediente”, remarcaron en un comunicado hecho público desde Kaleratzeak, en el que dieron a conocer las sanciones. Consideran que se encuentran actualmente en una situación de “indefensión jurídica clara” ante la situación de que “somos los denunciados los que tenemos que probar nuestra inocencia, en lugar de que los tribunales tuvieran que probar nuestra culpabilidad”, enfatizaron en su escrito.

concentración reivindicativa Junto a su intención de no abonar los 602 euros y recurrir las sanciones recibidas, el colectivo anunció también una concentración matinal para el jueves 14 de septiembre, en la Plaza de la Virgen Blanca, en la que tratarán de “recabar la solidaridad para que el Gobierno Vasco archive el expediente” y expongan de manera pública las secuelas derivadas del desahucio ocurrido el 15 de septiembre de 2016.

El caso que ha derivado en esta media docena de multas tuvo lugar en el barrio de Zabalgana, cuando una inquilina de un piso de Alokabide, madre de tres hijos, fue desalojada de su vivienda tras constatar una deuda de 9.000 euros, generada durante 22 meses, con la sociedad pública del Gobierno Vasco que gestiona el parque de viviendas de alquiler de protección oficial. La plataforma recuerda cómo aquella actuación se iba a llevar a cabo sin que existiera una “alternativa habitacional” para esa familia, ante la propuesta del Ayuntamiento de Vitoria de ofertar plazas en un albergue municipal “lleno en esa fecha” en la que se produjo el desahucio. Finalmente el Consistorio ofreció un apartamento de acogida como hogar para la madre y sus hijos desalojados. Apuntaron además que la concentración, de cerca de un centenar de personas, que se llevó a cabo en el portal de la vivienda estaba “debidamente comunicada para denunciar una violación grave” del pacto internacional de Derechos Humanos que exige que no haya “ningún desalojo sin alternativa habitacional”, apuntaron.

En el comunicado emitido por esta plataforma, recordaron también la moción aprobada en el Parlamento vasco, el 22 de junio de 2016, en la que salió adelante el rechazo a la ley mordaza por “vulnerar derechos fundamentales” y a no aplicar la ley en Euskadi y denunciar públicamente su aplicación y solidarizarse con la persona afectada. En aquella ocasión se aprobó el documento con el voto favorable de PNV, PSE-EE, EH Bildu y Podemos. A pesar de esa decisión en el legislativo, denunció ayer el colectivo “los 4.550 expedientes abiertos por denuncias de la Ertzaintza”, concretaron. Una de ellas es impuesta a un periodista de la emisora Hala Bedi durante los incidentes registrados en Errekaleor la jornada en la que técnicos de Iberdrola procedieron a cortar la luz en los pisos ocupados del barrio.

DEMANDA RETIRADA Por otro lado, Stop Desahucios informó también ayer de la prórroga del contrato de alquiler de una inquilina residente en un piso propiedad de Alokabide en el barrio de Abetxuko. Esta decisión pone fin a un largo proceso de tres años en el que se llegó a anunciar hasta en tres ocasiones el desahucio de la inquilina de su vivienda. Un informe inicial de Alokabide, de marzo de 2014, recomendó “no prorrogar el contrato de alquiler por los continuos y reiterados incumplimientos”, apostillaba el documento. Se inició en esa fecha una batalla judicial, con el apoyo de Stop Desahucios en Euskadi, junto a formaciones políticas como EH Bildu, Podemos e Irabazi que han logrado hacer realidad la firma de un nuevo contrato y que permite a esta vitoriana continuar residiendo en su inmueble. Esta decisión fue tildada ayer de “victoria del movimiento social que pone fin a tres años de lucha contra la arbitrariedad y la injusticia”, remarcaron.

No ha sido todo este un proceso sencillo en el que ha estado a punto de producirse en tres ocasiones el desahucio de la inquilina de su piso. La primera de ellas se fijó para el 29 de enero del año 2015 “a pesar de no haber una resolución judicial firme”. Sin embargo, la “denuncia pública y la presión social obligaron al juzgado a suspender el desahucio”, se congratularon. La segunda fecha de desalojo se apuntó para el 4 de julio del pasado año. Para esa ocasión, tampoco se ofreció una alternativa habitacional para que la inquilina pudiera acudir tras ser desalojada de su vivienda habitual. El tercer intento de desahucio se produjo el 7 de abril, aunque de nuevo la denuncia pública y el “cambio de responsables de la viceconsejería de Vivienda, gestionada por el PSE-EE, consiguieron la retirara la demanda”. Stop Desahucios remarca la necesidad de contar con una “normativa administrativa distinta a la Ley de Arrendamientos Urbanos”.

Precedente de Errekaleor. La aplicación de la ley mordaza tiene otro caso similar en Errekaleor cuando, el 18 de mayo, se procedió a cortar la luz de los bloques ocupados. Un periodista de Hala Bedi recibió un expediente de sanción por ese 602 euros por desobediencia a la autoridad. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información interpuso una queja ante el Defensor del Pueblo, que fue admitida para iniciar las acciones oportunas ante el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.