BURGOS - El PSOE exigirá recuperar el plan de reindustrialización del entorno de influencia de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), diseñado en 2009, con una partida mínima de 25 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que comenzarán a elaborarse este mes.

La secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña, aseveró en rueda de prensa que es “lo mínimo” que se puede exigir, una vez establecido el cierre de la central burgalesa el pasado 1 de agosto. La diputada socialista reconoció la “dificultad de recuperar los seis años” que, a su juicio, ha perdido el Gobierno de Mariano Rajoy “tras haber jugado con una central obsoleta e innecesaria”.

El ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero diseñó en 2009 un plan de reindustrialización del entorno de Santa María de Garoña, ante la decisión de cierre de la instalación en 2013. Peña recordó que el documento recogía inversiones por valor de 100 millones de euros, para implementar durante cuatro años, pero a la llegada del Partido Popular al Gobierno se paralizó.

Ahora “es lo mínimo que se puede exigir”, así que el PSOE pedirá que se recupere el Plan Reindus de 2009, comenzando por reservar una partida de 25 millones de euros en los presupuestos generales. “Entramos en la normalidad”, apuntó Peña, y se espera que en la última semana de septiembre se cuente con el borrador de los Presupuestos Generales del Estado, que “tiene que incluir los compromisos del PP con Burgos”, así como “las necesidades imperiosas” de la provincia.

Para Peña, el Plan Reindus deberá completarse con acciones de la Diputación Provincial y de la Junta de Castilla y León, de ahí que el PSOE presente una Proposición No de Ley al pleno de las Cortes autonómicas de la próxima semana con “diez medidas ineludibles”. En el decálogo se incluye la creación de una mesa de trabajo por el futuro de las zonas afectadas por el cierre de Garoña, en la que participen administraciones e interlocutores sociales. Igualmente Peña criticó a Nuclenor por no pedir la autorización de desmantelamiento al Ministerio de Industria. - Efe