Gasteiz - Los efectos destructores del tsunami que aniquiló la costa japonesa provocando el devastador accidente en la vetusta central nuclear de Fukushima también sacudieron a Occidente y al parque de plantas atómicas. De hecho, las estrictas medidas de seguridad implantadas [los conocidos como test de estrés] tras aquel incidente han sido el detonante del cierre definitivo de Garoña. No solo porque la inversión necesaria para acometer esas obras suplementarias de mejora requeridas [unos 120 millones de euros, según algunas fuentes] no era rentable para las empresas propietarias sino porque, además, la sociedad redobló su posicionamiento en contra tras conocer que el reactor de la planta burgalesa es gemelo al de la japonesa.
A partir de ese momento [el accidente de Fukushima se registró en marzo de 2011] tanto Iberdrola como Endesa -las eléctricas que han compartido la propiedad de la central localizada a 30 kilómetros de Gasteiz- empezaron a tantearse. Habían transcurrido los primeros cuarenta años de vida útil de esta instalación -conectada a la red energética desde marzo de 1971- y el negocio empezaba a flaquear. Eso, y que uno de los socios apostaba decididamente a medio y largo plazo por nuevos escenarios de generación energética.
En cualquier caso, y a pesar de que el futuro público de Garoña se acabó reduciendo a una cuestión de números y de rentabilidad económica, han sido varias las voces expertas que han dado a los criterios técnicos [medidas de seguridad] y a su incumplimiento una mayor importancia. Es el caso de los técnicos de seguridad nuclear -trabajadores del CSN- que ya denunciaron que las actualizaciones de los protocolos de protección radiológica para mejorar los niveles de seguridad de las instalaciones exigidos por última vez en 2015 a Nuclenor [la empresa propietaria de Garoña] no se habían llevado a cabo. Un informe presentado por Greenpeace tras el accidente de Fukushima ya advertía de que Garoña -central de las llamadas de primera generación- tiene una reactor BWR/3 con sistema de contención Mark I, diseñado y fabricado por General Electric, el mismo que el reactor siniestrado en la planta japonesa. El mencionado documento recogía información elaborada por técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) durante la realización de las pruebas de resistencia a Garoña [los famosos test de estrés coordinados a nivel mundial tras el accidente de Fukushima]. Las conclusiones eran incuestionables: la nuclear localizada a pocas decenas de kilómetros de suelo vasco sería incapaz de resistir terremotos “con una aceleración horizontal de 0,30 g [aceleración de la gravedad] como el regulador exige tras Fukushima” y, además, existen serios riesgos de inundación en caso de rotura de las presas de agua.
No solo eso, al tratarse de unas instalaciones anticuadas, los problemas de seguridad derivados del envejecimiento de sus componentes estaban a la orden del día. En definitiva, que la central no salió muy bien parada de aquellas pruebas de resistencia que se realizaron en todas las centrales europeas tras la catástrofe de Japón. De hecho, las irregularidades detectadas obligaban a Nuclenor a emprender sin dilación un amplísimo plan de reformas. En 2009, antes del fatídico accidente de Fukushima, la central burgalesa de Garoña pasó el examen del CSN; una circunstancia que no ocurrió en 2011, con unas pruebas mucho más exigentes, sobre todo para las nucleares de primera generación.
