El ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, cuando para hacerlo todavía tenía de plazo hasta el próximo día 8. El ministro de Energía había informado anteriormente de que el Gobierno se tomaría medio año para tomar una decisión sobre el futuro de la central y escuchar “a todas” las partes interesadas en el proceso. Concretamente, han sido once entidades las que se han personado en el procedimiento de consulta abierto en torno a Garoña, para las que el Gobierno abrió un periodo de alegaciones de diez días que finalizó el pasado 21 de julio. Así, el próximo día 8 era la fecha en la que el Gobierno de Madrid debía decidir si bajaba la persiana de manera definitiva o autorizaba que la instalación siguiera abierta y pudiera retomar la actividad, dado que en esa fecha caducaba el periodo de seis meses concedido para consultar con los diferentes agentes y las empresas propietarias de la central para afrontar una decisión. El ministro de Energía se adelantó y las razones de ese adelanto tienen que ver con varias cuestiones que apunto a continuación.

En primer lugar, hay que tener en cuenta el desacuerdo entre los dos socios propietarios de la central nuclear de Garoña, Iberdrola y Endesa, sobre la continuidad de la planta. Iberdrola quería cerrar la central porque asegura que en la actualidad no es rentable por los impuestos que soporta el sector nuclear. Mientras, Endesa estaba por la prórroga.

En segundo lugar, solo dos de las entidades que han intervenido en la consulta -la Junta de Castilla y León y la Asociación de Municipio de Áreas con Centrales Nucleares- habían manifestado su apoyo a la continuidad de la explotación de la central, que lleva parada desde diciembre de 2012, y habían presentado alegaciones a favor de la prórroga de explotación. Por el contrario, las ocho restantes se han mostrado en contra: el Parlamento Vasco, el Gobierno Vasco, la Diputación de Araba, el Gobierno de La Rioja y el Gobierno de Nafarroa entre las instituciones y Greenpeace, Ecologistas en Acción-Burgos y la Asociación Ecologista Centaurea, por parte de las organizaciones ecologistas, habían presentado alegaciones dentro del período establecido.

También hay que decir, por el contrario, que si se concedía la prórroga de explotación a la central burgalesa de Santa María de Garoña podía marcar el futuro de la energía nuclear en el Estado español. No en vano, si la central nuclear de Garoña conseguía los permisos para operar más allá de los cuarenta años, se abría un precedente para los siete reactores nucleares que actualmente funcionan en el Estado, que no tendrían que empezar a cerrar a partir de la próxima década al rebasar ese límite temporal. La siguiente en la lista es Almaraz I, ubicada en la provincia de Cáceres, cuya licencia de explotación expira en 2021 y que entró en servicio en 1981, pero que se ha visto envuelta en varios problemas de seguridad en los últimos años. El resto de reactores nucleares irán agotando su vida útil entre 2023 y 2034. Tras Almaraz I, vendrán Ascó I, que entró en funcionamiento en Tarragona en 1983; después Almaraz II, también en 1983; la planta valenciana de Cofrentes, en servicio desde 1984; más tarde, Ascó II, también en Tarragona, en 1985; luego le seguirá Vandellós, en Tarragona, planta que está en servicio desde 1987; para acabar con Trillo, en Guadalajara, en 2034.

Y, sin embargo, también es cierto que cerrada la central nuclear de Garoña se puede aún proceder a la ampliación de la licencia de explotación de los siete reactores nucleares actualmente en funcionamiento.

En realidad, no existe ninguna normativa que estipule por ley cuánto tiempo puede estar funcionando una central nuclear. Siempre que se cumpla con los requisitos de seguridad, avalados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), los operadores pueden solicitar una prórroga tras otra. Aun así, la decisión es más política de lo que parece. Pese a los informes que realice el CSN solo son vinculantes cuando son negativos, es decir, cuando una instalación no cumple con los requisitos necesarios para seguir operando. Si una central cuenta con el aval del CSN, la última palabra la tiene el Gobierno español, que es quien debe aprobar o desestimar una renovación de la licencia de explotación.

En cuarto lugar, y aunque lo ponga en último término no es menos importante, está el posicionamiento de la sociedad vasca y también de otras comunidades autónomas, expresado tanto en la calle como por las instituciones, en el rechazo a la reapertura de la central nuclear de Garoña para de esta forma conjurar el peligro nuclear de una vez por todas.

Bienvenido sea el cierre definitivo de Garoña, aunque queda pendiente la instalación del citado almacén temporal en la central. Y todavía tenemos motivos suficientes para seguir manteniendo la lucha por el cierre de las demás centrales nucleares. Está demostrado, hoy en día, que no es necesaria la energía nuclear. No son pocos los estudios que consideran factible en el Estado español contar en 2050 con un parque eléctrico completamente desnuclearizado formado exclusivamente por energías no contaminantes que darían además trabajo a cientos de miles de personas entre empleos directos e indirectos.

Podemos vivir sin nucleares y no exponernos a un grave accidente. Hoy en día sabemos que hay que prescindir de ellas y que tenemos tecnologías y alternativas energéticas que la hacen innecesaria.