Vitoria - La decisión tomada en 2015 por el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación, ambos aún con el PP al frente, de restringir la entrada de residuos a Gardelegi y su obligación de trasladar la basura a la planta de Jundiz provocó un sobresalto a las cuadrillas del territorio por el importante incremento económico que les suponía, al pasar de 45 euros por tonelada en Gardelegi a 68 euros en Jundiz.

Para evitar una protesta, el gabinete foral de Javier de Andrés cerró un acuerdo in extremis con los presidentes de las entidades en el que se comprometía a que la Diputación abonara el sobrecoste que suponía para ellas ese cambio, cerca de 400.000 euros. Con nuevos ejecutivos al frente, el diputado foral de Medio Ambiente se comprometió al inicio de la legislatura a buscar un acuerdo con el Consistorio que permitiera reducir las tasas de las cuadrillas, pero a día de hoy no ha habido avances.

“Los equipos técnicos trabajan con el objetivo de optimizar la gestión de residuos urbanos y estamos trabajando para que exista un futuro escenario de mayor eficiencia, que se traduzca en un ajuste y una optimización de tasas”, apuntó ayer Josean Galera antes de subrayar que “es pronto para hablar de tasas porque esa decisión no está en manos de la Diputación sino del Pleno municipal, que es el órgano de decisión para su aprobación”. Galera avanzó que la próxima semana se presentará el primer borrador del Plan de Prevención y Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. - D. Ortega