vitoria - Los delitos de odio y discriminación, esos que constituyen la expresión de la intolerancia y el rechazo a las personas por el simple hecho de ser diferentes, han regresado últimamente a la actualidad a cuenta de los preocupantes datos hechos públicos hace unas pocas semanas por el Ministerio de Interior o, en un ámbito más local, la sucesión de agresiones homófobas reportadas por el movimiento LGTBI en un céntrico espacio de cruising de Gasteiz. Tal y como se refleja en ese último informe estatal, Álava fue escenario el pasado ejercicio 2016 de 20 episodios denunciados de estas características, lo que supone que el territorio contabiliza casi dos al mes, teniendo en cuenta solamente los que salen a la luz. Los delitos de odio más habituales, un total de ocho, estuvieron motivados por la ideología de la víctima, seguidos de cerca por los que tuvieron detrás el racismo y la xenofobia -cinco- y la orientación o identidad sexual -otros cinco-.
Pese a que las cifras se han mantenido estables en los últimos años -el mismo estudio dio cuenta de 23 casos un año antes-, la investigación de este tipo de delitos supone a día de hoy “un objetivo prioritario” para la Fiscalía Provincial de Álava, según remarca en declaraciones a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA María Vidal, la fiscal delegada de tutela penal de la igualdad y contra la discriminación que se ocupa de este tipo de casos. Una investigación, eso sí, que a juicio de Vidal “en bastantes ocasiones resulta complicada” y ante la que el ministerio público ha comenzado a tomar medidas. Tal y como apunta Vidal, su equipo está desarrollando “una continua colaboración” con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del territorio “para poner en común aspectos relativos a estos delitos, compartiendo información técnica y jurídica relativa a los mismos”, con el objetivo final de “estrechar más la coordinación” en los ámbitos de la detección y la persecución.
Dado que, por desgracia, todavía son muchos los casos de este tipo que no se denuncian por miedo, por restarles la importancia que tienen o por otras circunstancias, Vidal pone el foco en la necesidad de que salgan a la luz poniéndolos siempre en conocimiento de las autoridades. “Teniendo en cuenta las consecuencias derivadas de los delitos de odio y discriminación, es necesario concienciar a las víctimas de que el denunciar este tipo de conductas es fundamental para su adecuada investigación. Sin duda, es el primer paso para poner en marcha la maquinaria con la que cuenta el estado de derecho a fin de proteger a la víctima y poder luchar contra estos delitos”, remarca la fiscal de delitos de odio, una figura presente ya en todas las fiscalías provinciales.
A la vista de los datos, y pese al importante impacto social que suelen generar estos casos cuando salen a la luz, Vidal remarca que “no se puede decir que exista una proliferación de los llamados delitos de odio”, que como bien recuerda “engloban los ataques, amenazas o insultos por motivo de raza, etnia, religión, edad, discapacidad, orientación sexual, situación de pobreza, diferencia ideológica, o cualquier otra causa de discriminación”. Además, la fiscal provincial adelanta que en lo que va de ejercicio 2017, del que ya se ha superado la mitad, el ministerio público “no ha detectado un aumento de actos delictivos que pudieran ser tipificados como delito de odio o discriminación”, y de hecho las cifras se están manteniendo “bastante estables” respecto a los ejercicios anteriores.
Según se recoge en el informe del Ministerio de Interior, Euskadi fue en números absolutos la cuarta comunidad del Estado en la que se contabilizaron más delitos de odio durante el pasado 2016, con un total de 141. La mayoría motivados por el racismo o la xenofobia (63), 39 por la ideología de la víctima y 30 más por su orientación o identidad sexual, los capítulos también más habituales en Álava. La CAV fue, por otra parte, el territorio con un mayor número de personas detenidas o investigadas, con un total de 96. En lo que respecta a Álava, seis personas fueron detenidas o investigadas por la presunta comisión de delitos de odio, tres motivados por orientación o identidad sexual y tres más por racismo o xenofobia.
la libertad, en miedo Según recuerda María Vidal, los delitos de odio “se convierten en el recurso de los que anhelan destruir la pluralidad y la diversidad y convertir la libertad en miedo, y la cohesión o la convivencia en fractura”. Suponen por ello, a su juicio, “un ataque directo a los principios de libertad y respeto a la dignidad de las personas y a los derechos que les son inherentes y, en definitiva, a los valores superiores que constituyen el fundamento del Estado social y democrático de derecho”. Una de las características fundamentales que estos delitos comparten y que Vidal subraya es que “generan más daño que un delito de carácter ordinario e incrementan la sensación de vulnerabilidad”, en la medida en que “la víctima poco puede hacer para cambiar la característica por la que el agresor ha decidido cometer el delito”.
“El ataque que se consigue a través de este tipo de delitos es doble: Por una parte, al ser las víctimas intencionalmente seleccionadas por motivos de intolerancia, los daños físicos y emocionales que se generan son incalculables; por otro parte, y de ahí su gravedad, se atemoriza a todo el colectivo al que pertenece la víctima, lo que genera sentimientos de miedo e inseguridad. En definitiva, son una amenaza para la paz pública”, sentencia la fiscal.
“Continua colaboración”. Pese a que las cifras de delitos de odio denunciados se han mantenido estables en los últimos años, su investigación supone a día de hoy “un objetivo prioritario” para la Fiscalía Provincial de Álava, según remarca María Vidal, la fiscal delegada de tutela penal de la igualdad y contra la discriminación. El ministerio público está llevando a cabo “una continua colaboración” con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del territorio “para poner en común aspectos relativos a estos delitos, compartiendo información técnica y jurídica relativa a los mismos”, con el objetivo final de “estrechar más la coordinación” en los ámbitos de la detección y la persecución.
Denunciar, necesario. Dado que, por desgracia, todavía son muchos los casos de este tipo que no se denuncian por miedo, por restarles la importancia que tienen o por otras circunstancias, Vidal pone el foco en la necesidad de que salgan a la luz poniéndolos siempre en conocimiento de las autoridades. “Es necesario concienciar a las víctimas de que denunciar este tipo de conductas es fundamental para la adecuada investigación”, enfatiza la fiscal.
Cifras similares. Vidal adelanta que en lo que va de año 2017, del que ya se ha superado la mitad, la Fiscalía Provincial de Álava “no ha detectado un aumento de actos delictivos que pudieran ser tipificados como delito de odio o discriminación”, y de hecho las cifras se están manteniendo “bastante estables” respecto a los ejercicios anteriores.
La fiscal delegada de tutela penal de la igualdad y contra la discriminación insiste en que, a la vista de los datos, los delitos se mantienen estables. Y alerta sobre los “incalculables” daños que generan. Son, en definitiva, “una amenaza para la paz pública”.
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Delitos de odio fueron denunciados o investigados en Álava el año pasado, la mayoría (ocho) motivados por la ideología de la víctima. Los siguieron de cerca los perpetrados por racismo y xenofobia (cinco) y por orientación o identidad sexual (otros cinco).
