vitoria - Se le esperaba a las 12.00 horas en el Juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria, pero finalmente no apareció. El hombre, de 39 años y etnia gitana, estaba acusado de un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa. Al parecer, había llevado a cabo, junto con un segundo individuo de origen rumano y 36 años de edad, un intento de sustraer enseres de los contenedores de reciclaje del garbigune de la avenida de Los Huetos. “Fue curioso, porque cuando nos acercamos a él, sin tan siquiera hacerle ninguna pregunta nos dijo que venía de la iglesia evangelista. Poco después reconoció que había estado dentro del garbigune, no tuvimos que insistir mucho”, recordó ayer uno de los policías municipales que intervinieron en su arresto.

A pesar de su ausencia, dado que la pena solicitada por la Fiscalía era de tan sólo nueve meses de prisión el magistrado pudo celebrar la vista en su contra con la presencia, eso sí, de su abogado defensor. La fiscal comenzó recordando que los hechos juzgados tuvieron lugar alrededor de las 19.30 horas del 9 de abril de 2014. En esa fecha, el acusado y su compañero fueron vistos rebuscando dentro de uno de los contenedores de reciclaje del punto municipal de recogida de residuos.

Cuando los agentes de la Policía Municipal se acercaron a la entrada, salieron del contenedor y emprendieron la huida hacia la parte trasera del complejo donde, según explicó uno de los policías, “la valla está doblada hacia abajo porque es por donde suele saltar la gente que quiere entrar y salir”.

Rápidamente, mientras los agentes se les acercaban, los dos sospechosos superaron el vallado, de unos tres metros de alto, y abandonaron el recinto. El acusado se agazapó tras un coche y el otro trató de escapar corriendo hacia la calle Bremen. Cuando una patrulla llegó hasta el lugar donde trataba de esconderse el encausado, éste ya se había levantado y caminaba por la calle Urartea aparentando tranquilidad. “Nos habían explicado que la persona que andábamos buscando llevaba una camiseta naranja muy determinada y vimos que la vestimenta coincidía con la suya. Nos acercamos y antes de hacerle la primera pregunta nos dijo que venía de la iglesia evangelista. Le respondimos que nos habían comunicado que había sido visto en el garbigune y enseguida reconoció que sí, que había entrado pero que no había robado nada. No tuvimos que insistir mucho”, declaró el guardia que le dio el alto.

Localizado e identificado, el acusado indicó que no había sustraído nada del contenedor, como así constataron los agentes. Además, explicó que el encargado del garbigune les había dejado entrar para rebuscar y llevarse lo que quisieran. Uno de los empleados de la instalación, encargado del control de accesos, declaró ayer ante el juez que él había cerrado personalmente el garbigune antes de que se produjera la llegada de estas personas y que no había dado permiso a nadie para entrar. “Nadie puede llevarse ningún objeto de allí porque todo es propiedad del Ayuntamiento”, puntualizó.

Ante tales evidencias, la defensa no pudo más que solicitar al juez la aplicación de la pena más indulgente para su defendido, que en breve recibirá notificación sobre la resolución del magistrado. La Fiscalía precisó que los hechos referidos aludían a un robo con escalo en grado de tentativa, por lo que reclamó nueve meses de prisión para el inculpado.

De forma paralela, ayer se dio a conocer el contenido de una sentencia emitida por la Audiencia Provincial que condena a una exprocuradora de Vitoria a dos años de ingreso en prisión por cobrar a uno de sus clientes mucho más de lo que marcan las tarifas oficiales de su colegio profesional.

Los hechos, constitutivos de un delito de apropiación indebida continuada según la Fiscalía, tuvieron lugar a lo largo de 2011. Un cliente, que entró en contacto con ella a través de un abogado familiar suyo -quien asimismo ha promovido diversas causas contra la mujer- le abonó más de 9.000 euros para que llevara a cabo diversos trámites legales cuando, de acuerdo con los precios oficiales, el coste de muchas de las gestiones era muy inferior. Incluso llegó a cobrarle por diligencias que nunca llevó a efecto. La sentencia no es firme y la acusada ha interpuesto ya un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.