VITORIa - El contrato del servicio de limpieza de Vitoria, el de mayor cuantía del Ayuntamiento, sigue trayendo cola en la ciudad. Tal es el caso de la información desvelada ayer por el coordinador del área de Medio Ambiente, Álvaro Iturritxa, durante la comisión del ramo, ya que aseguró que en las reuniones que ha mantenido con los empleados de la Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por la multinacional FCC y la vizcaína GMSM, lo que más han valorado éstos del principio de acuerdo entre el Consistorio y la contrata de limpieza anunciado el viernes pasado por el alcalde, Gorka Urtaran, son las “garantías de continuidad de la plantilla actual, sin que los trabajadores tengan que pasar por una Oferta Pública de Empleo (OPE). Hay una preocupación. Nos han dicho públicamente que no quieren meterse en ese riesgo para los trabajadores que, por distintas razones, no superarían esa prueba”.

Un deseo de la plantilla que, por tanto, daría al traste con los planes de remunicipalización del servicio, para que sea el propio Ayuntamiento el que se haga cargo de la gestión directa de la limpieza, como así lo solicitaban las fuerzas de izquierda municipales (EH Bildu, Podemos e Irabazi) para acabar, como decían, “con el cártel de la basura”. Por esta “preocupación” de la plantilla, el equipo de gobierno se decanta, antes que por la remunicipalización, por continuar con un gestor del servicio, después de que el mediador, la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, resuelva sobre las diferencias que ambas partes -FCC y Ayuntamiento- mantienen sobre quién debe hacerse cargo de los costes que origina el absentismo laboral de la plantilla, según recordó Iturritxa. También aclaró, tras las preguntas formuladas tanto por EH Bildu como por Irabazi, que, ya de partida, “el nuevo contrato se incrementará”, puesto que el acuerdo debe de tener en cuenta el “incremento salarial del 1% más los días de libre disposición”.

El coordinador del área de Medio Ambiente también hizo especial hincapié en el “elemento absolutamente novedoso” que introduce ese principio de acuerdo y “es que la empresa quiera renunciar” al contrato, sin indemnización, en caso de que el dictamen del asesor externo resuelva que sea la UTE la que deba asumir el coste del absentismo de los empleados. Pensar en qué pasaría si una de las partes decide, tras la resolución, romper el acuerdo de forma unilateral porque no le salga rentable, sería trasladarse “a escenarios futuros y no creo que por ello sean cosas de las que se puedan afirmar ahora mismo”.

Iturritxa respondía así a las acusaciones de Aitor Miguel (EH Bildu) cuando en el turno de ruegos de la comisión se quejó de que el gabinete Urtaran “a puerta cerrada, nos dijera una cosa y en rueda de prensa diga la contraria”, en referencia a la comparecencia del viernes pasado del alcalde en la que Urtaran manifestó que ambas partes se comprometían a asumir el dictamen del mediador.

Sin embargo, Miguel insistió en que “me preocupa mucho que, por una parte, a los medios de comunicación y, por tanto a la ciudadanía, se les dio una información en la que se decía, por ejemplo: “Las partes acuerdan no exigirse indemnizaciones. Tras el dictamen se decidirá si se sigue adelante con el contrato o si se anula. Tanto si se decide continuar con el contrato, como si se opta por rescindirlo, nadie pagará ninguna indemnización” o que “Urtaran pacta una posible rescisión sin coste”. Y, en cambio -continuó el edil-, a los grupos se nos dijo que “si FCC quería seguir y el Ayuntamiento quería rescindir el contrato, FCC no sólo no renunciaba a la posible indemnización, sino que en palabras de Gurtubai (coordinador general del área de Función Pública), a raíz del dictamen, un juez tardaría cinco minutos en exigirnos indemnización. Por tanto, veo contradictoria la versión en rueda de prensa y la hecha a los concejales”, censuró.

En este sentido, el responsable de Espacio Público, Iñaki Prusilla, señaló que la renuncia a la posible compensación económica (del 3%) solamente está pactada para lo que establezca el órgano asesor (“si es favorable a la contrata, el Ayuntamiento debería asumir el coste y continuará el contrato. Si el equipo de gobierno quiere rescindirlo, que es a lo que se refería Gurtubai, claro que habría que indemnizar”, aclaró Prusilla. Para el concejal, lo que el viernes transmitió el alcalde es “una buena noticia para Vitoria”. En cambio, Óscar Fernández, de Irabazi, tiene claro que, al final, “la gran noticia es para FCC porque beneficia a las dos empresas de la contrata”.

Según explicó ayer el coordinador del área de Medio Ambiente, en las reuniones con la plantilla, ésta le ha transmitido su “preocupación” porque haya empleados, que, por distintas razones, no puedan superar la prueba.

El edil de Espacio Público destacó que el principio de acuerdo incluye la readmisión de los cinco trabajadores despedidos.

El edil de EH Bildu dijo que “a puerta cerrada” a los grupos políticos se les mencionó que si FCC quiere seguir en Vitoria y el Ayuntamiento le rescinde el contrato, “un juez tardaría cinco minutos en exigir al Consistorio indemnización”.

Para el concejal de Irabazi el principio de acuerdo beneficia claramente a la empresa.