vitoria - Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. El Ayuntamiento de Vitoria y la UTE encargada de la limpieza en Vitoria -integrada por FCC y GMSM- han acordado, una vez constatado que es imposible llegar a un acuerdo, que sea la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi el órgano encargado de interpretar el contrato que vincula a las partes y que regula la prestación del servicio de recogida de residuos en la ciudad. Al margen de lo que resuelva la Comisión, que es el equivalente al Consejo de Estado dentro de la CAV, la empresa y el Consistorio han pactado, tal y como puntualizó ayer el alcalde de la capital alavesa, Gorka Urtaran, que la UTE readmitirá a las cinco personas que despidió en su día y que, tanto si se decide continuar con el contrato como si se opta por rescindirlo, nadie pagará ninguna indemnización a nadie. Tablas económicas y normalización laboral a la espera de un dictamen que ambas partes se han comprometido desde ya mismo a acatar, sea del signo que sea, finalmente.
El punto caliente del contrato que abre una brecha entre la Administración local y la empresa es el referido a la revisión de precios y a la tabla de absentismo. Con el mismo pliego de condiciones en la mano, la UTE interpreta que, a partir de cierto porcentaje de absentismo, el Ayuntamiento debe hacerse cargo de ciertos gastos y, por contra, el Consistorio lee que las bajas laborales no serán, en ningún caso, responsabilidad suya. Con el paso de los meses, las posturas no se han acercado ni un milímetro, de forma que, finalmente, se ha alcanzado un preacuerdo, consistente en dejar la cuestión en manos de un mediador competente.
Ante esta situación, se abren diferentes escenarios. Que la Comisión diga que el Ayuntamiento tiene razón y que no debe pagar absolutamente nada por el absentismo laboral en la empresa. A partir de ahí, si la firma opta por acabar con el contrato, un apretón de manos bastará para acabar con la relación y cada parte seguirá su camino. Si resuelve continuar, todo seguirá como hasta ahora. En el caso de que el organismo dé la razón a FCC, se producirá una liquidación económica a su favor por las bajas computadas y será el Consistorio quien establezca si continúa o no con las nuevas condiciones. Eso sí, todo en tono amigable, según subrayó ayer Urtaran.
En cualquier caso, el alcalde quiso dejar ayer bien claro que, suceda lo que suceda, los trabajos se seguirán prestando en las mejores condiciones. Es más, realizó una valoración de la actual situación de higiene de Vitoria -y del grado de control del cumplimiento por parte del Ayuntamiento- al manifestar que “el servicio se está prestando ahora mismo casi al 100%, y que la ciudad se limpia como nunca”. Al margen de esta controversia, el Ayuntamiento y la UTE de limpieza han alcanzado un “principio de acuerdo” que incluye la readmisión “inmediata” de las cinco personas despedidas. De igual manera, se ha pactado que la plantilla se mantendrá estable y que las condiciones laborales serán las recogidas en el convenio vigente.
Las reacciones al anuncio no se hicieron esperar y los responsables de EH Bildu denunciaron que el preacuerdo abre la puerta a los sobrecostes. “Urtaran no ha tenido el valor de hacer frente a FCC y lanza la patata caliente a un tercero para que dirima sobre un conflicto en el que la empresa lo único que busca es obtener mayores beneficios. La multinacional ha obligado a Urtaran a pasar por el aro y abre la vía a pagar sobrecostes millonarios no contemplados en el contrato”, explicó el concejal Aitor Miguel. También Podemos respondió al anuncio municipal asegurando que el Ayuntamiento ha perdido una oportunidad de oro para asumir la gestión directa del servicio. “Nos alegramos por las readmisiones, pero con la remunicipalización habríamos protegido a la plantilla y los intereses de nuestra ciudadanía sin tener que plegarnos a los caprichos de una multinacional que sólo mira por su beneficio”, denunció el edil Jorge Hinojal.
Finalmente, Oscar Fernández, de Irabazi, considera “un grave error continuar con la contrata de limpieza” y “una oportunidad perdida para recuperar la gestión directa. Esta decisión supondrá un perjuicio en la calidad del servicio”, concluyó.
El alcalde de Vitoria garantiza la continuidad del servicio, que no se pagarán indemnizaciones y la readmisión de los 5 trabajadores.
El concejal de EH Bildu entiende que la multinacional obliga a Urtaran a pasar por el aro, lo que puede llegar a provocar sobrecostes millonarios.
En opinión del portavoz de Podemos, el gobierno municipal ha perdido la ocasión de gestionar el servicio de forma directa.
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La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi interpretará la cláusula 36 del pliego y las partes han accedido a acatar su decisión.
