vitoria - La bautizaron como ley mordaza, pero su nombre oficial es Ley de Protección a la Seguridad Ciudadana. Cuando se presentó en sociedad, entre muchos de sus polémicos artículos y epígrafes, sus detractores destacaron dos en concreto que pueden afectar al ciudadano de a pie en sus relaciones con los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El 36.6, que alude a los casos de desobediencia o resistencia a los agentes, y sobre todo el 37.4, cuyo contenido afecta a las “faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”, abren una compleja puerta hacia la interpretación subjetiva que no es del agrado de muchas plataformas ciudadanas.

Además de este controvertido apartado, la mayor parte de las sanciones impuestas en relación con esta nueva ley se refieren al consumo o tenencia de drogas tóxicas y a la fabricación o a la posesión de armas ilegales. En total, por estos tres conceptos, los diferentes cuerpos policiales con competencia en el territorio impusieron un total de 106 sanciones a lo largo del año pasado, lo cual redundó en unos ingresos de 69.492 euros para las arcas estatales.

Han pasado ya casi dos años desde la publicación de la ley mordaza en el Boletín Oficial del Estado, por lo que únicamente se han podido analizar los datos correspondientes a dos ejercicios: la mitad de 2015 -la fecha oficial de entrada en vigor de la norma fue el 1 de julio de ese año- y 2016 completo. Durante el segundo semestre de 2015, ciudadanos de Álava sumaron 12 sanciones, que representaron 8.954 euros en multas. A lo largo de 2016, el número de castigos impuestos se elevó notablemente y, de ellos, la mayor parte se correspondió con infracciones vinculadas a estos tres grandes grupos.

El motivo por el que de manera más frecuente se han impuesto multas en Álava bajo el paraguas legal de la ley mordaza ha sido, sorprendentemente, la tenencia de armas. En 21 casos, los agentes multaron a ciudadanos que portaron, exhibieron o usaron armas prohibidas, o bien las emplearon de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún cuando tuvieran licencia para ello. Otras 24 personas fueron sancionadas por fabricar, reparar, almacenar o comerciar con armas, explosivos, cartuchería o artículos pirotécnicos incumpliendo la normativa de aplicación. 18 más fueron castigados por no adoptar las medidas para garantizar la conservación de la documentación de armas y explosivos, así como la falta de denuncia de la pérdida o sustracción. En total, 63 sanciones y 38.443 euros recaudados.

En cuanto a la aplicación de los artículos relacionados con las relaciones con los agentes de la autoridad, a lo largo de 2016 se impusieron 7 multas por desobediencia o resistencia, 2 por faltas de respeto a los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otras dos por ofrecer datos falsos o negarse a facilitar documentación requerida. Un total de 11 sanciones cuya cuantía económica se elevó hasta los 4.931 euros.

Las plataformas críticas con esta Ley advierten de que los testimonios policiales cuentan con presunción de veracidad, ya que en su artículo 52 se establece que la denuncia o el atestado de los agentes representa “base suficiente para adoptar la resolución que proceda”. Los ciudadanos, por contra, se ven obligado a demostrar que no es cierto lo señalado por los agentes.

En el capítulo referido a las sustancias estupefacientes, la autoridad competente sancionó un total de 11 casos en Álava durante el año pasado, todos ellos relacionados con el artículo 36.16 de la LOPSC. Situaciones en las que los agentes apreciaron consumos o tenencias ilícitos de drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos empleados para ello en los citados lugares. El dinero ingresado por el Estado en esta ocasión ascendió a 26.118 euros.

A escala estatal, pes e a que la norma contempla más de 40 tipos diferentes de infracciones, el 95% de las multas impuestas desde su entrada en vigor han sido fundamentalmente por cinco motivos: tenencia o consumo de drogas, portar armas prohibidas, desobediencia o resistencia a la autoridad, faltas de respeto a los agentes y causar desórdenes u obstaculizar la vía pública.

Estado. En el conjunto del Estado, la Policía multa a una media de 1.200 personas al mes únicamente por faltas de respeto a los agentes.

Armas. En Álava, la tenencia o la venta de armas de forma irregular constituye el primer motivo de sanción, seguida por las relacionadas con seguridad ciudadana y tenencia de drogas.

11

A lo largo del año pasado, el primer ejercicio completo en el que se ha aplicado la Ley Mordaza, se impusieron 11 sanciones en Álava relacionadas con casos de desobediencia, resistencia a la autoridad y faltas de respeto a los representantes de las fuerzas de seguridad.

11

Los casos de consumo o tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, sumaron también 11 sanciones en Álava durante 2016.

63

Dentro de los apartados relacionados con armas y explosivos dentro de la Ley Mordaza, en Álava se registró un total de 63 infracciones, la mayor parte de ellas por fabricar o vender este tipo de productos.

40

En total, la Ley Mordaza contempla un total de 40 supuestos ilícitos, aunque el 95% de las infracciones corresponden a 5 artículos.