vitoria - La pesadilla de Arantza comenzó hace ya tres largos años y aún no ha concluido. En 2014, la Policía Local le notificó que acumulaba una larga lista de sanciones de tráfico y que se había quedado sin carné de conducir. Había perdido tantos puntos de golpe que se había colocado en cuatro negativos. La sorpresa fue mayúscula, sobre todo porque tras digerir su nuevo estatus de infractora sin permiso quiso comprobar cuáles eran aquellas multas que le habían apeado del grupo de conductores en activo. Observó que ninguno de los dos vehículos que en teoría pilotaba ella en el momento de las multas le pertenecía.
De hecho, al comprobar en dependencias policiales quiénes eran los titulares de aquel Volkswagen y aquel Mercedes, vio que eran propiedad de un antiguo jefe suyo y de su hijo. Al parecer, cuando se le notificaron las sanciones, los dueños de aquellos turismos dijeron que era ella la que conducía. Afirmaron que mantenían con ella una gran amistad y que le prestaban los coches constantemente, extremo que ella no sólo niega, sino que trata desde entonces de refutar con pruebas. Ha aportado una carta firmada por la junta directiva del establecimiento en el que trabaja actualmente y en la que se afirma que Arantza estaba trabajando en Vitoria en el momento en el que se produjeron varias de las infracciones.
La mujer ha recurrido a la Defensora del Pueblo en busca de ayuda y ha logrado que el Ayuntamiento le quite una de las sanciones por exceso de velocidad “porque en la captación de la imagen del vehículo denunciado, ampliada por la Policía Local, aparece un varón al volante del vehículo”. Soledad Becerril, en una carta dirigida a Arantza, le informa no obstante de que el Consistorio gasteiztarra ha acordado continuar con la tramitación del resto de los expedientes sancionadores. Cuatro multas en total, cuyas fotografías no permiten apreciar quién pilota los vehículos.
Actualmente, gracias a la eliminación de esta sanción, su saldo de puntos del carné ha abandonado el territorio negativo y se encuentra a cero. Arantza busca ahora la manera de que le dejen sin efecto otra multa más para poder pasar a la zona positiva y, de esta manera, recuperar puntos sin necesidad de someterse al complejo examen que impone la DGT para todos aquellos que han gastado todos sus créditos.
Por su parte, los responsables de la Policía Local de Vitoria le han comunicado que han tenido noticia de un caso similar al suyo y que van a notificar estas dos situaciones anómalas a la Agencia Vasca de Protección de Datos. Si la entidad comprueba que los titulares de los vehículos obraron de forma inadecuada a la hora de emplear los datos personales de Arantza para señalarle como responsable, es probable que pueda demostrar el presunto fraude ante un juez y que todas las infracciones que afirma no haber cometido queden sin efecto. De hecho, incluso podría abrir la puerta a una investigación de las personas que la involucraron en todo este embrollo.
Arantza ha vuelto a dirigirse a la Defensora del Pueblo para reclamarle su amparo. “Ya no sé a quién recurrir, porque llevo desde 2014 peleando contra todo esto. ¿Y mi protección de datos? ¿Y si vuelve a hacer lo mismo? Necesito una solución”, reclama esta vecina de Vitoria que lleva tres años sin poder conducir su propio vehículo por infracciones que afirma no haber protagonizado.
Al mismo tiempo ha tratado de ponerse en contacto con los responsables del Ayuntamiento de Vitoria para solicitarles la anulación de las multas, si bien estos le han indicado hasta el momento que no existen pruebas materiales suficientes para actuar de esta manera. Ella alega que incluso el procedimiento administrativo falló, ya que después de que su ex jefe asegurase que era ella la que conducía los vehículos -únicamente bastó con que aportara sus datos personales, a los que había tenido acceso durante su relación laboral-, nunca se le notificó, como principal interesada, que se le iba a sancionar y a retirar puntos del carné.
También ha solicitado reunirse con los responsables de la Jefatura Provincial de Tráfico en Álava. En su escrito de alegaciones, Arantza recuerda que nunca recibió notificación de las denuncias -tal y como establece la ley- y que las infracciones fueron cometidas en 2014, cuando ella lleva trabajando en otra empresa desde 2009 y no mantiene ningún tipo de relación con los titulares de los vehículos desde el año 2007, cuando trabajaba para ellos.
