vitoria - La plataforma Ayudas + Justas, impulsada en su día por el exalcalde de Vitoria, Javier Maroto, para defender una reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), resucita ahora con una nueva portavoz, la exdiputada foral de Cultura, Icíar Lamarain (PP), quien sustituye al frente de la agrupación a Patxi Gómez, que acabó dimitiendo al ser acusado de un presunto fraude.

La asociación resurge para reclamar al Gobierno Vasco que realice una reforma más ambiciosa y mostrar su disconformidad con los cambios en el sistema de ayudas sociales puestos en marcha por el Ayuntamiento de Vitoria, donde recogieron 30.000 de las 40.000 firmas que en su día avalaron la fallida Iniciativa Legislativa Popular para endurecer los requisitos de acceso a la RGI. Con esta iniciativa, que no fue admitida a trámite porque sólo contaba con el aval del PP, se pretendía impedir que pudiesen acceder a esta renta los inmigrantes irregulares y quienes no estuviesen empadronados en Euskadi al menos durante cinco de los diez años anteriores al momento de la solicitud.

En un comunicado, la plataforma anunció que va a volver a movilizarse para lograr unas ayudas sociales “más justas”, después de haber analizado la propuesta del ejecutivo autonómico para reformar la RGI en la que, entre otras cuestiones, se plantea la concesión de un máximo de prestación por cada domicilio, con independencia de la vinculación familiar o no entre los residentes, y con una cuantía que no sobrepase los 1.200 euros. La reforma planteada es “un paso, pero totalmente insuficiente”, e insisten en que los cambios que conocen por el momento siguen provocando “situaciones injustas”. En este sentido, consideran que “muchos en la calle piensan” que fijar la cuantía máxima de RGI por familia en 1.200 euros “es demasiado”.

“Al menos 41.000 vascos queremos mejorar nuestro modelo de bienestar social, eliminando las deficiencias, fraude y abusos que se producen en la gestión de las ayudas sociales y ampliando la cobertura a personas que ahora se quedan fuera de nuestro sistema”, señalaron. “Sólo con una administración eficiente y equitativa de los recursos de todos será posible terminar con situaciones de injusticia”, concluyen. - Efe/DNA