VITORIA - La enquistada situación del conflicto con la contrata de la limpieza de la ciudad parece enfilar la parte de su desenlace final con las palabras del alcalde, Gorka Urtaran, que ayer se pronunció, una vez más, al respecto para admitir la “dificultad” de que FCC y GMSM “se vayan a quedar en Vitoria” y reconocer que un hipotético panorama, que pase por la continuidad de la Unión Temporal de Empresas (UTE) desempeñando sus funciones como hasta ahora, “es el que menos fuerza tiene”. Concretó el primer edil, en declaraciones en una entrevista a Radio Vitoria, cómo “todavía estamos hablando” con los responsables del servicio de limpieza, aunque fue capaz de aventurarse para que en “próximos días conozcamos una decisión al respecto”, esbozó el regidor. Llegó a mirar un poco más al horizonte y, ante un futuro en el que ya no vaya a continuar la actual contrata, expresó el alcalde su postura favorable a “mantener la gestión como está”. Todo hace indicar que, de producirse, la rescisión del oneroso contrato que vincula a las dos partes, las intenciones del Ayuntamiento se orientan a “buscar otra empresa que pueda ofrecer el servicio y que la ciudad esté limpia”, desveló Urtaran. A la hora de señalar las razones que pueden llevar a poner el punto final al contrato, iniciado el 1 de julio de 2016, apuntó Urtaran a los condicionantes económicos al “entender la empresa que no están obteniendo en Vitoria el beneficio necesario”, apostilló.

Reiteró Urtaran su deseo de poder ofrecer más avances en “próximos días y cuanto antes”, al tratarse de una situación y decisión ante la que mucha “gente está esperando”. Reconoció que ese último paso ha de llegar como consecuencia de la “reflexión, pausa y una decisión meditada, porque no estamos ante una situación como la de elegir el color del pantalón”, bromeó, con sentido del humor en una de sus respuestas.

un mes sin avances Abogó de nuevo el alcalde gasteiztarra su firme apuesta por “defender el interés general y abonar sólo los servicios que se lleven a cabo”. Esgrimió de nuevo unos argumentos ya expuestos a lo largo del último mes en los que se ha sobrepasado el plazo estipulado a las dos firmas para readmitir a los cinco trabajadores, que permanecen sin desempeñar sus funciones.

El pasado 1 de marzo se logró salvar sobre la campana una convocatoria de huelga en el servicio de limpieza viaria y recogida de basuras planteada por los trabajadores y tras ocho despidos en los dos primeros meses. El acuerdo entre el Ayuntamiento y las empresas de la UTE contemplaba la readmisión de todos los trabajadores para el 1 de mayo. Sin embargo, transcurrieron los 60 días de margen concedidos por ambas partes y sólo recuperaron su puesto tres empleados. Los otros cinco continúan a la espera de que la contrata decida su readmisión, que ha pasado a convertirse en uno de los caballos de batalla en las enconadas posturas.

Reconoció ayer también Urtaran haberse reunido con esos cinco trabajadores afectados para poder conocer de primera mano el “drama por el que están atravesando” en este mes en el que no han podido acudir a realizar sus funciones. Se reafirmó en la “situación complicada” tanto de los trabajadores como de sus familias, y pidió “un poquito de paciencia” para poder asistir al final de este culebrón sobre la limpieza en las calles de Vitoria.

un año de sobresaltos Han pasado once meses desde que FCC y GMSM estrenaron un nuevo contrato de ocho años para asumir la limpieza de las calles y recogida de las basuras. El vínculo entre ambas partes se fijó en un canon anual de 22,8 millones de euros a abonar por el Ayuntamiento a las dos firmas de la UTE. Se trata del contrato más gravoso para las arcas municipales y ya desde el principio sorprendió la rebaja inicial que realizaron las dos empresas respecto al precio de licitación inicialmente fijado. Fueron capaces de cifrar sus emolumentos por la limpieza de la ciudad en esa tarifa de 22,8 millones, una cantidad un 10,5% inferior a los 25 millones en los que se estipularon los trabajos. Fue una mínima diferencia de apenas 1.300 euros sobre la segunda de las mejores ofertas presentadas, y que llegó por parte de las firmas Cespa y Yárritu.

Este nuevo contrato, inicialmente firmado hasta el año 2023, y con la posibilidad de ampliarse otros dos ejercicios más, incluye también una serie de mecanismos de control por parte del Ayuntamiento a la hora de analizar los servicios realizados. Ahí también ha estado otro punto de fricción entre el Consistorio y las empresas. En diferentes fases ha recibido la UTE un total de siete expedientes por diferentes conceptos, y que ascienden a más de un millón de euros, aunque el asunto se encuentra judicializado. Además, ha sufrido el descuento, desde agosto del pasado año, de una importante cantidad de dinero, en facturas abonadas por el Ayuntamiento.