vitoria - Nueva cita judicial de la exprocuradora de Vitoria acusada, entre otros delitos, de apropiarse de forma fraudulenta del dinero de sus clientes. En esta ocasión ha sido la Audiencia Provincial la encargada de juzgar a esta mujer para la que la Fiscalía solicita cinco años de prisión por estafar presuntamente a un ciudadano y falsear un documento mercantil. La acusación particular solicita que se aplique el agravante de abuso de confianza, ya que la contratación se produjo a través de la recomendación de un familiar, amigo íntimo de la procesada, mientras que la defensa solicita la libre absolución debido a que, como ayer testificó la propia exprocuradora, el dinero no se ha devuelto aún “porque los procedimientos continúan abiertos”.

Es más, la abogada de la encausada ha solicitado que los hechos se declaren prescritos y que, al igual que en el último proceso que tuvo lugar en contra de la mujer, ésta quede absuelta de todos los cargos. En función de lo que finalmente decidan los jueces del tribunal se verá si la vigencia de los delitos ha expirado, si absuelven a la acusada o si la condenan. Una sentencia superior a los dos años de cárcel en este juicio podría representar el ingreso inmediato de la mujer en prisión, ya que hasta ahora todos los fallos dictados en su contra no alcanzaban este límite.

Durante su declaración, la exprocuradora -fue expulsada del Colegio de Procuradores hace ya dos años- se defendió de las acusaciones asegurando que todas y cada una de las cantidades que percibió estaban debidamente justificadas. Ello a pesar de que un informe del Colegio de Procuradores exhibido por la Fiscalía le acusaba, tras repasar sus actuaciones, de “mala praxis”, cobro de “cantidades incomprensibles”, “errores imperdonables” y “minutas aberrantes”.

La acusada aseguró que si en algún momento cobró más que lo establecido por el Colegio de Procuradores en los recursos fue porque mientras éste contemplaba una tarifa mínima por “cantidades indeterminadas”, ella aplicaba el porcentaje correspondiente a lo que el cliente aspiraba a obtener: una cantidad de entre 600.000 y 900.000 euros. Así, en lugar de percibir los 286 que marca la lista oficial, ingresó 2.200 euros.

En otros casos, como el cobro de 995 euros por una prueba pericial con grafólogo que finalmente no se llevó a cabo, la exprocuradora declaró que no ha devuelto todavía el dinero porque “aún queda trabajo por realizar”. El hecho de que fuera expulsada de su profesión hace ya dos años no pareció afectar a su discurso y se limitó a añadir que “los procedimientos siguen abiertos”. En todo momento negó haber inflado irregularmente las facturas e incluso aseguró que no cobró algunas de las labores que llevó a cabo para este cliente como mandataria, pese a que “podía haberlas facturado”.

El cliente que ha denunciado estas seis situaciones de presunta irregularidad, también prestó declaración ayer. Explicó que su primo, con el que mantiene una estrecha relación, le recomendó que contratara a la exprocuradora, a la que le unía una fuerte amistad. Su primo y ella llevaban a los niños al mismo colegio, conversaban prácticamente a diario, se veían en fiestas de cumpleaños y otras efemérides, hablaban de asuntos profesionales y personales y contaba con la “total confianza” de éste. Aseguró que, cuando se conocieron y él le dijo que necesitaba una procuradora para sus asuntos legales, ella le garantizó “que me iba a tratar incluso mejor que a un familiar”.

Cada vez que la mujer le enviaba un sobre solicitando la entrega de una determinada cantidad en concepto de provisión de fondos, él accedía y realizaba los ingresos en un plazo máximo de 48 horas. Nunca sospechó nada hasta que le pidió las facturas. Según el denunciante, “se hizo de rogar” y acabó entregándole una serie de minutas proforma. Como las cantidades ingresadas y las que figuraban en los papeles no coincidían, el cliente acabó acudiendo al Colegio de Procuradores, donde le explicaron que, en algunos casos, había llegado a pagar hasta 48 veces más que lo indicado en las tarifas oficiales. Además, le indicaron que varios de los servicios que había abonado nunca se llegaron a realizar.

ocasiones. El denunciante señala seis casos en los que presuntamente la exprocuradora cobró de más o se quedó con el dinero sin llegar a prestar el servicio.

años. La Fiscalía solicita un total de cinco años de cárcel para la acusada, aunque la acusación particular solicita que se aplique el agravante de abuso de confianza.

delitos. La acusación entiende que se ha cometido un delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento mercantil.