VITORIA - El culebrón que enreda al Ayuntamiento de la ciudad y la contrata que gestiona la limpieza de las calles, consumió ayer su enésimo capítulo con la comparecencia extraordinaria del alcalde, Gorka Urtaran, a petición de EH Bildu como consecuencia de las últimas declaraciones del regidor sobre el enquistado conflicto con FCC y GMSM, prestatarias del servicio.
En un horario más propio de un almuerzo que de una sesión de máxima relevancia, Urtaran lanzó de nuevos todos los mensajes que viene repitiendo en los últimos meses sin poner sobre la mesa ninguna nueva pista que pueda inducir a la resolución del problema. La mayor novedad la deslizó, entre líneas, el representante de Podemos, Jorge Hinojal, al señalar en su discurso al absentismo de la plantilla como uno de los principales escollos en las conversaciones entre ambas partes. “Quizá el tema del absentismo es uno de los que tenga que pagar el Ayuntamiento”, comentó el representante de la formación morada como uno de los ofrecimientos y guiños lanzados a la contrata para buscar desatascar las posiciones.
Urtaran no recogió el guante sobre este tema de manera directa aunque, en su última intervención, se refirió a los datos del anterior acuerdo con FCC en esta cuestión. Puso como ejemplo la tasa de absentismo de la plantilla en el año 2012, “sin incluir las incapacidades temporales, días de permiso y vacaciones” que se cifraban en el 16% en ese ejercicio. Los términos de aquel acuerdo estipulaban que la empresa “solo estaba obligada a cubrir la tasa de absentismo hasta el 5%, mientras el porcentaje restante corría a cargo del Ayuntamiento, y se daba por bueno”, comentó como señuelo de una de las posibilidades que podrían llevar a rebajar las enconadas posiciones de la actualidad.
requerimientos de eh bildu El concejal de la formación abertzale Aitor Miguel, como portavoz del grupo que solicitó la comparecencia de Urtaran, hizo hincapié a la hora de repetir la necesidad de crear una “comisión de investigación sobre la contrata”, ya planteada en un Pleno del mes de diciembre, pero rechazada por el “gran acuerdo de PNV y PP” en aquella ocasión. El propio Urtaran se encargó de rebajar las expectativas sobre la creación de esa comisión, al señalar que las funciones de la misma “se centran en hacer un seguimiento de las tareas del alcalde y su equipo de gobierno y el causante de la distorsión es el anterior gobierno, y no el PNV ni el PSE”, enfatizó.
Interpeló directamente Miguel al regidor jeltzale para impedir que un hipotético acuerdo final con la UTE que gestiona la limpieza pase por “abrir los bolsillos como sucedió en años anteriores”, enfatizó con dureza. Rescató las palabras de Urtaran de hace ocho días al señalar cómo desde la primera institución se había “mirado a otro lado en años anteriores y se había abierto los bolsillos”. El edil remarcó la negativa de EH Bildu a “permitir la apertura de bolsillos como precio a pagar por el chantaje de la empresa a esta ciudad”.
Aludió también Miguel a la Comisión de Seguimiento celebrada el pasado martes entre todos los grupos municipales en la que reveló Miguel, el planteamiento trasladado desde el equipo de gobierno de “trabajar para pactar con FCC y negociar para hacerse cargo de algunos conceptos”, apuntó el abertzale.
Los mismos protagonistas se enzarzaron también en los expedientes abiertos a la contrata. Urtaran esgrimió los “siete procedimientos abiertos en dos años, frente a los cuatro de los nueve años precedentes. Nuestra voluntad es controlar el contrato con los resortes que tenemos para abonar lo que se hace. Antes se abonaban 25 millones de euros, se hiciera lo que se hiciera”, ensalzó. Además también se le han retenido a la UTE otro medio millón de euros en concepto de servicios no prestados. Le rebatió el edil abertzale al recordar al alcalde que, el millón de euros aproximado, que suponen esos siete expedientes “está judicializado” y a la espera de un pronunciamiento y sentencia desde los tribunales.
TRIBUNAL DE CUENTAS La comparecencia extraordinaria y urgente tuvo también un segundo frente con las palabras cruzadas entre el primer edil y la portavoz del PP, Leticia Comerón, sobre las últimas actuaciones del Tribunal de Cuentas respecto a las actuaciones con la contrata en el año 2014. Fue ayer la primera ocasión en la que se vieron las caras tras las diligencias abiertas por presuntas irregularidades y pagos pendientes” de la época del popular Maroto en la Alcaldía y la respuesta del Consistorio con la información adicional enviada. Recordó Comerón la “obligación de suministrar datos o informes” que marca el propio órgano de cuentas en su artículo 7 y que desoír esa cuestión “supone la aplicación de multas”, relató la conservadora.
Se defendió Urtaran al señalar que no ha sido la institución municipal la que ha “solicitado la apertura de gestiones preliminares” por parte del Tribunal de Cuentas. Remarcó que ante la petición llegada desde el órgano fiscalizador la respuesta ofrecida ha sido “conforme a lo marcado por los Servicios Jurídicos de esta casa” a la hora de enviar toda la información “sin incorporar ahora” los documentos aclaratorios y exculpatorios de responsabilidad presentados por los populares el jueves. No obstante, agradeció Urtaran el “tono sin faltar al respeto ni proferir insultos” de Comerón y tranquilizó a los ediles del PP al reconocer haber “solicitado a los Servicios Jurídicos consultar, si procede enviar ahora esa información, pese a no estar designado aún el instructor y si fuese oportuno enviar otra información aunque no sea el momento procesal”, concluyó.
Desde el resto de formaciones se ahondó en la “condición de sospechoso habitual” de FCC como indicó Podemos o el calificativo del “pufo de FCC”, que calificó Irabazi.
La portavoz del PP inquirió al alcalde para que se posicionara, con los últimos informes, y reconociera que no hubo mala gestión durante la época de su compañero y exalcalde Javier Maroto.
El edil de EH Bildu criticó la actitud del Ayuntamiento de mirar a otro lado en esta cuestión y volvió a reclamar la creación de una comisión de investigación.
La representante del PSE optó por recetar “responsabilidad, prudencia y cautela” como mejor actitud y criticó la postura de “atizar” al gobierno.
El portavoz de Podemos recordó que con un servicio “controlado por el Ayuntamiento, no harían falta mecanismos de control”.
El concejal de Irabazi instó a obtener “información y transparencia”, al tiempo que instó a “cortar relaciones con estas empresas economicistas”.
