vitoria - El pulgar de Nuclenor determinará este miércoles el futuro de la central de Garoña. Si Iberdrola y Endesa, propietarias al 50% de la planta burgalesa, deciden que apunte hacia el suelo, la amenaza nuclear empezará a desvanecerse poco a poco, pero si los dos accionistas no acaban de entenderse -Iberdrola ya ha mostrado públicamente su apuesta por el cierre definitivo, algo que no ha hecho Endesa- la incertidumbre sobre el futuro de la vetusta central quedará fortalecida.
La reunión este miércoles del consejo de administración de Nuclenor tendrá sobre la mesa la petición de Iberdrola a Endesa para que respalde la presentación de un escrito de desestimiento de solicitud de renovación de la autorización de explotación de la planta nuclear.
Iberdrola solicitó formalmente a finales de marzo a Endesa la convocatoria de este consejo de la sociedad, así como de una junta general extraordinaria para el pasado 6 de abril que finalmente tendrá lugar este miércoles. El consejo de administración de Nuclenor se reunirá por la tarde, después de la celebración de la junta general de accionistas de Endesa y de la presentación de los resultados trimestrales de Iberdrola. De este modo, los dos accionistas de Nuclenor se presentarán a la cita con una posición clara -o deberían- sobre el futuro de la central, pese a que hasta ahora sus posturas se han mostrado enfrentadas respecto a la decisión final sobre el futuro de la planta ubicada a cuarenta kilómetros de Vitoria.
Por un lado, en el caso de Iberdrola fue su propio presidente, Ignacio Sánchez Galán, quien en el marco de la junta general de accionistas de la compañía aprovechó para asegurar que Santa María de Garoña “no es viable económicamente” al tener “pérdidas cuantiosas” desde hace años, y anunció que había pedido a Endesa que desista de su explotación. Ante esta petición, fuentes del sector mantienen que Endesa será “coherente” con su posición acerca del futuro de Garoña y, en general, del parque nuclear español. “No habrá sorpresa en la posición de Endesa porque no ha pasado nada relevante que lo justifique”, señalan.
De hecho, las mismas fuentes aseguran que la compañía se mostrará partidaria de esperar a la decisión del Gobierno acerca de la autorización de la continuidad de Garoña, que podría prolongarse hasta el verano, y adoptar la decisión definitiva una vez se sepa si existe o no autorización para la misma.
No obstante, las propias cuentas de Nuclenor dejan en una situación muy complicada la continuidad de la planta burgalesa, que en 2016 registró unas pérdidas de 67 millones de euros. Nuclenor lleva desembolsados 330 millones de euros en Garoña en los últimos cuatro ejercicios, desde que la central dejó de estar operación el 1 de enero de 2013.
La sociedad cifra en 205 millones de euros el coste de volver a poner la central en funcionamiento, nunca antes del 1 de enero de 2019. Una cifra que incluiría tanto las inversiones requeridas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) como los gastos operativos, junto a otros como el combustible. Estos datos fueron anticipados al Ministerio de Energía en el marco de las consultas impulsadas por el departamento dirigido por Álvaro Nadal de cara a decidir el futuro de la central.
No obstante, el Ministerio subrayó que mantenía abierto el proceso de “escuchar a todas las partes interesadas” en la eventual renovación o cierre de la central nuclear y remitió a las partes el informe preceptivo aprobado por el CSN el pasado 8 de febrero para que presenten alegaciones y comentarios. El ejecutivo de Rajoy tiene de plazo hasta agosto para tomar una decisión sobre la continuidad de Santa María de Garoña tras el informe del CSN favorable a prolongar la vida útil de la planta. No obstante, la última palabra corresponde a Iberdrola y Endesa, propietarios de la central a través de Nuclenor.
comisión europea Antes de la cita del miércoles entre los dos accionistas de la planta nuclear, la Comisión Europea de Peticiones debatirá mañana una petición de cierre definitivo y posterior desmantelamiento de la central registrada por el alcalde del municipio burgalés de Valle de Zamanzas, localizado en el área de influencia de la nuclear. En septiembre de 2016 la Comisión aceptó la petición registrada meses atrás por este Ayuntamiento, al considerar que cumplía los requisitos para ser examinada. La admisión incluía dar traslado de la misma a los miembros de la comisión para que realizasen la oportuna investigación preliminar, que posteriormente fue aceptada por Bruselas. La petición del Valle de Zamanzas se centra en exigir el cierre definitivo y el desmantelamiento de la central por la falta de seguridad de la instalación y su proximidad a núcleos urbanos y a la Red Natura 2000.
Reunión del miércoles. El consejo de administración de Nuclenor, con sus dos accionistas Iberdrola y Endesa al frente, se reunirá este miércoles por la tarde para analizar la petición de Iberdrola de presentar un escrito de desestimiento de la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la planta burgalesa.
Endesa. Fuentes del sector mantienen que Endesa será “coherente” con su posición acerca del futuro de Garoña y, en general, del parque nuclear español. “No habrá sorpresa en la posición de Endesa porque no ha pasado nada relevante que lo justifique”, mantienen.
Mañana en Bruselas. Por otra parte, la Comisión Europea de Peticiones debatirá mañana una petición de cierre definitivo y posterior desmantelamiento de la central registrada por el municipio burgalés del Valle de Zamanzas.
El presidente de Iberdrola mostró hace unas semanas su deseo de que Garoña no se reabra en el marco de la junta de accionistas de la entidad.
205
Nuclenor cifra en 205 millones de euros el coste de volver a poner la central en funcionamiento, algo que en ningún caso podría producirse antes del 1 de enero de 2019.
