“El gobierno no sólo debe decretar el cierre de Garoña, sino dejar sin efecto el informe del CSN”

Aun obligada a cerrar en 2012 por motivos económicos, aun habiendo cumplido sobradamente los 40 años para los que fue diseñada, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado este 2017 el visto bueno a la reapertura de Garoña hasta 2031 a cambio de millonarias inversiones en materia de seguridad, muchas de ellas pendientes desde el desastre de Fukushima. Un precedente que, por mucho que el 50% de Nuclenor (Iberdrola) haya dicho ya que resucitar la central sería inviable económicamente, ha abierto la puerta a que las plantas españolas que vienen detrás puedan pedir alargar sus licencias sin temor al rechazo para operar mucho más allá de su vida útil. “En los últimos años se ha legislado por la puerta de atrás para el conjunto del parque nuclear. Todos los tejemanejes que se han producido con Garoña demuestran que se ha seguido un objetivo claro, alargar la vida de todas las centrales. Es muy evidente. Pero lo que está sobre el tablero y mucha gente olvida es el peligro que entrañan las nucleares y todos sus costes sociales y ambientales”, enfatiza en este sentido Raquel Montón, responsable de la campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace España.

Montón compareció ayer ante la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Vasco acompañada por Jan Haverkamp, miembro de la organización Nuclear Transparency Watch, a petición del parlamentario de EH Bildu Mikel Otero para informar sobre las vías que la legislación internacional puede posibilitar para avanzar hacia el cierre definitivo de Garoña, entre otros muchos asuntos relacionados con la situación del parque nuclear europeo. Pero antes, ambos accedieron a compartir sus análisis e inquietudes con DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA. Vistos los últimos acontecimientos, Montón cree que el Gobierno central “no sólo debe decretar el cierre de Garoña, sino dejar sin efecto el informe del CSN” para eliminar cualquier precedente al que puedan agarrarse las centrales jóvenes. Cabe recordar que la penúltima palabra antes de que Nuclenor decida o no reabrir las instalaciones de Garoña la tiene el Ministerio español de Energía. “Espero y confío en que Madrid no continúe con este sinsentido. Iberdrola lo sabe y Endesa debería saberlo, porque Enel, su matriz, también lo sabe”, enfatiza Haverkamp.

participación necesaria El activista holandés y Montón ponen también énfasis en la “falta de transparencia” que suele acompañar a todos los procesos relacionados con la energía nuclear, con Garoña como ejemplo evidente. “Es importante saber que no es el único caso en Europa, sino que hay muchos más. En los países donde el negocio nuclear es fuerte, los gobiernos intentan evitar que el debate se haga público. Se intenta prohibir la participación”, dice Haverkamp.

Participación pública que pasaría por abrir procesos de consulta y por la elaboración de informes de impacto ambiental exhaustivos, a lo cual además obliga la legislación internacional. “En España, la decisión legal de reabrir Garoña está solo en manos de un secretario de Estado”, enfatiza en este sentido Montón. “La transparencia es imprescindible para frenar los riesgos y además un derecho básico de la sociedad”, añade Haverkamp.

Por mucho que Garoña haya cumplido ya cuatro décadas de operatividad, o precisamente por eso, el activista de Nuclear Transparency Watch cree que la hipotética autorización de la reapertura de la central debería ir acompañada obligatoriamente de un estudio ambiental “como si fuera una construcción nueva o una mina de uranio”. Dado que, según recuerda Montón, “cada diez o doce años hay un accidente nuclear, por cada año que se alargan la vida útil de las centrales más billetes estamos comprando para que sucedan”.

A juicio de los activistas, abrir un debate público amplio sobre Garoña alumbraría muchas realidades como que sus costes operativos son “muy caros” -Iberdrola ya ha puesto sobre la mesa la necesidad de que se bajen los impuestos a esta actividad-, por no hablar de los riesgos que tiene aparejados en materia de seguridad. “Las alternativas realmente baratas son las renovables”, recuerda Haverkamp. “Tenemos alternativas más que sobradas para producir energía que tampoco emite CO2”, apostilla Montón, aludiendo a esa característica de la nuclear. La activista de Greenpeace enfatiza además que el cambio de modelo que vendría con el desmantelamiento progresivo del parque atómico generaría también empleo entre sus trabajadores actuales, a lo que habría que sumar otros planes eficaces de reconversión.