vitoria - La historia contaba con todos los ingredientes para acabar en drama y cumplió con el guión previsto. Una noche de fiesta, varias rondas de alcohol, la aparición de una exnovia junto a un militar, una orden de alejamiento en vigor y, según la acusación, los celos. Un sentimiento que, a juicio de la fiscalía, llevó a un joven a atacar al soldado y provocar que, durante la pelea, éste se rompiera “gravemente” la mano. Tanto que, según declara la víctima, siente continuas molestias al ejercer su profesión y realizar determinadas prácticas, algunas de ellas relacionadas con el manejo de las armas. Por ello, en la vista que tuvo lugar ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria, la fiscal solicitó para el acusado dos años de prisión, mientras que para su amigo, quien presuntamente rompió una botella de cristal en la cabeza de un compañero de la víctima, reclama tres años de condena, sustituibles por una expulsión del territorio español por espacio de cinco años.

Los dos acusados de la doble agresión fueron los primeros en declarar y en dejar claro que ellos no habían participado en altercado alguno. El primero de ellos relató cómo, en abril de 2014, su exnovia apareció en el local en el que él se encontraba tomando unas copas con unos amigos, en la calle Portal del Rey, y que se formó un pequeño tumulto cuando el chico que le acompañaba le increpó diciéndole “¿por qué no la dejas tranquila?”. Reconoció que se puso nervioso porque sobre él pesaba una orden de alejamiento vigente que le prohibía acercarse a ella, de manera que cuando los porteros sacaron del establecimiento al varón que le había hablado, salió detrás y en cuanto vio que llegaba la Ertzaintza salió corriendo para alejarse de la joven.

El segundo acusado también se desvinculó de la trifulca y aseguró que se encontraba en la parte de arriba del bar cuando todo sucedió en la zona inferior. Declaró que aquella noche se encontraba “muy bebido”.

La versión de los agredidos, militares de profesión, fue muy diferente. Explicaron que entraron en el local junto a unas chicas que acababan de conocer y que, sin mediar palabra, un joven se acercó a ellos para lanzar un puñetazo a la cara al que acompañaba a la que más tarde supieron que era su exnovia. En el barullo que se formó, los porteros le sacaron del establecimiento y, ya en la calle, el mismo agresor le lanzó una patada “de kárate” que le desestabilizó. Al caer, apoyó la mano derecha contra el suelo y se la fracturó, motivo por el cual ha sufrido ya dos operaciones y se le ha colocado un tornillo quirúrgico en la muñeca. Mientras estaba en el suelo, el segundo acusado se le acercó con una botella de vidrio y trató de rompérsela en la cabeza, pero un compañero se interpuso para protegerle y acabó recibiendo el botellazo.

Quiso la casualidad que una patrulla de la Ertzaintza presenciara el momento exacto del botellazo mientras realizaba labores de vigilancia y que ayer corroborara este extremo de la historia ante el juez. Además, los agentes recogieron numerosos testimonios que confirmaban la versión de los agredidos mientras otra patrulla de refuerzo localizaba y detenía al primer denunciado en las inmediaciones de la plaza de Desamparados, a no demasiada distancia del lugar en el que se produjeron los hechos.

estafa en un hotel Ayer también quedó visto para sentencia el juicio celebrado contra tres hombres que se hospedaron en un hotel de Vitoria y que se marcharon sin satisfacer el total de sus cuentas. Los hechos se iniciaron el 27 de noviembre de 2013 en un establecimiento de la calle Barrachi. Los tres denunciados “puestos de acuerdo y guiados por la intención de obtener un beneficio ilícito” según la fiscalía, se alojaron en habitaciones individuales y permanecieron en ellas hasta el 20 de diciembre.

Los tres cargaron en sus cuentas no sólo el coste del uso de las tres habitaciones, sino también el total de lo consumido en el restaurante del establecimiento. El primero de ellos pagó el alojamiento de tres días, mientras que los otros dos liquidaron seis y siete días respectivamente. El agujero que dejaron al abandonar las instalaciones fue de 815, 680,40 y 630, 65 euros cada uno. Acusados de un delito continuado de estafa, los tres individuos se enfrentan posibles penas de uno y dos años de cárcel, además de a una indemnización.