vitoria - Los juzgados de Gasteiz y la sociedad pública de vivienda Alokabide han comunicado en las últimas horas a la gasteiztarra María Ángeles Gil el “desahucio definitivo” de su vivienda habitual de Abetxuko para el próximo viernes 7, según informó ayer la plataforma Kaleratzeak Stop Araba. Esta vecina ha visto suspendido en dos ocasiones anteriores su lanzamiento de la vivienda, propiedad del Gobierno Vasco y gestionada en régimen de alquiler por Alokabide, la última en julio del pasado 2016.
Según denunció Kaleratzeak Stop Araba, “a María Ángeles la quieren desahuciar, después de diez años, en base a un informe de Alokabide que María Ángeles desconocía, que la acusa de problemas de convivencia en base a denuncias anónimas, y que vulnera totalmente el derecho que todas las personas tenemos a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa”.
La plataforma antidesahucios recordó que Gil “ha luchado con uñas y dientes en los juzgados para defender su derecho a una vivienda digna”, pero denunció al mismo tiempo que la Ley de Arrendamientos Urbanos, prevista para propietarios privados, “no da ninguna oportunidad”, a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha estimado que la pérdida de una vivienda “es una de las mas graves lesiones del derecho al respeto al domicilio”.
Kaleratzeak Stop Araba recordó que Alokabide “es una empresa 100% pública, presidida por el Gobierno Vasco, y ha desahuciado a mas de 200 familias en los dos últimos años, más que los bancos”. El colectivo remarcó que este mismo mes, otra vecina de Vitoria en paro, con dos hijos menores y su madre tetrapléjica, ha recibido otra carta de la sociedad pública de vivienda “amenazándola con llevarla a los tribunales si no paga íntegramente los meses de alquiler que debe por no tener ingresos”, aunque en este caso Alokabide se ha comprometido a estudiarlo.
“decisión arbitraria” “No podemos permitir los desahucios, y tampoco que la Administración decida sobre el derecho fundamental a una vivienda digna sin justicia y sin fundamento, en base a escritos anónimos y sin sujeción a las normas administrativas. La decisión arbitraria de no prorrogar el contrato de María Ángeles es un desahucio que cuestiona además la falta de transparencia en los criterios de rotación del parque publico de viviendas de alquiler”, censuró Kaleratzeak Stop Araba. La entidad realizó un “llamamiento a la solidaridad” con esta vecina y “con la lucha” que mantiene. Además, exigió que se revoque la decisión de desahuciar a Gil y que se dé “una oportunidad al diálogo y al entendimiento”. - DNA
