Vitoria - Trebiño no quiere esperar. La semana pasada, el Ayuntamiento de Condado de Trebiño daba el primer paso en un largo camino que, si todo sigue su curso, debería volver a situar al enclave alavés en el mismo escenario del que salió escaldado en 2014: el Congreso de los Diputados. Por entonces, y -de momento- por última vez, las formaciones políticas con representación en las Cortes Generales tumbaron una proposición de ley, defendida por el Parlamento Vasco, para modificar los límites provinciales de Euskadi y Castilla y León y anexionar de este modo Trebiño a Álava. El anhelo de los treviñeses se desvaneció por los 276 votos en contra que ostentaba la mayoría del Congreso, formada por PP y PSOE. Hoy en día, más de dos años después, el escenario es el mismo, pero los tiempos han cambiado. Y si no los tiempos, al menos sí los sillones. Con dos nuevas partidos en liza -Podemos y Ciudadanos-, el juego de mayorías que enterró la posibilidad de zanjar el eterno retorno de la desanexión de Trebiño tiene ahora dos colores más en la bancada.
Conscientes de ello, en el Consistorio de Condado de Trebiño aprobaron el pasado día 8, en un Pleno extraordinario, reactivar la ley orgánica y pulsar el botón verde para llevarla de nuevo a Madrid en un plazo aún por concretar. Como referencia, en la anterior ocasión la medida se aprobó de forma similar el 8 de marzo de 2013 y la votación en el Congreso de los Diputados se produjo el 18 de noviembre de 2014.
Entre las cosas que han cambiado está también que la iniciativa de Condado de Trebiño, uno de los dos ayuntamientos del enclave junto a La Puebla de Arganzón, contará ahora, según afirmó ayer el diputado general alavés, Ramiro González, con un apoyo claro de la Diputación Foral de Álava, pues el mandatario definió como “pertinente, interesante y positiva” la intención de Trebiño de reactivar la vía política. Hace dos años, con el PP al mando del ejecutivo foral la legislatura pasada, Javier de Andrés aseguraba que la iniciativa de los treviñeses no era “la fórmula adecuada para la integración”. Para Ramiro González, la vía abierta la semana pasada por Condado de Trebiño “es pertinente porque se ha producido un cambio importante en la composición del Congreso de Diputados que puede plasmarse también en un cambio en la posición” de la mayoría de la Cámara. “Así lo espero”, confió el diputado general, aunque “en el caso de que no sea así, esto obligará a nuevas formaciones políticas a manifestar de forma clara su posición en relación con la situación anacrónica que se produce en Trebiño”.
González señaló que “la Diputación apoyará cualquier iniciativa que pueda servir para dar una solución definitiva” al deseo de anexión a Álava de los vecinos del enclave, además de “trabajar para mejorar la vida de los treviñeses con este acuerdo marco, que tiene carácter temporal”. “La decisión del Ayuntamiento de Trebiño permitiría volver a avanzar en la resolución del conflicto porque vuelve a poner encima de la mesa y de actualidad cuál es la posición de una gran mayoría de treviñeses”, apuntó.
Mientras esa “solución definitiva” cristaliza, el Consejo de Gobierno Foral aprobó ayer el “convenio marco transitorio” sellado con la Diputación de Burgos, que se firmará en las próximas semanas y que permitirá por primera vez que ambas instituciones colaboren en la ejecución de servicios básicos para los treviñeses. Convenios en materias como atención social a mayores y dependientes, violencia de género, protección civil y emergencias, vialidad invernal y actividades culturales, entre otros servicios que hasta ahora acababan siendo recurridos cuando Álava se prestaba a servirlos, provocando “años de inseguridad jurídica para los treviñeses”.
Aprobado por la Diputación de Burgos el pasado día 10, el acuerdo tendrá una duración de dos años a contar desde el día de su firma, y podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes por otros dos años. La duración máxima será de cuatros años, incluidas las prórrogas, tendrá carácter transitorio y finalizará por denuncia expresa de cualquiera de las partes, comunicada a la otra con tres meses de antelación “por haberse cumplido todos sus objetivos o por haberse alcanzado una solución definitiva conforme al ordenamiento jurídico que resuelva con carácter permanente la situación del enclave”.