vitoria - A la espera de que se despeje la niebla jurídica que envuelve la resolución definitiva de la nulidad de la norma foral alavesa que regula el impuesto de Plusvalía, el Ayuntamiento de Vitoria hace un balance de la situación. En la actualidad, según confirmó ayer el equipo de gobierno a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, el Consistorio gestiona 244 recursos “vivos” en vía administrativa relacionados con este gravamen. De ellos, 103 se corresponden con viviendas en las que, según los cálculos efectuados por los técnicos del Departamento de Hacienda, no se ha producido incremento de valor en la transmisión. A la espera de que se lleve a cabo una revisión “caso por caso” de cada una de estas reclamaciones, el Consistorio ya avanzó el pasado miércoles que el importe susceptible de devolución, nuevamente de acuerdo con sus estimaciones, ascendería a 588.239 euros. Un cálculo que deja fuera todos aquellos supuestos en los que se ha obtenido beneficio con la transacción, ya que los responsables municipales entienden que “no es aplicable la sentencia del Tribunal Constitucional al no darse descenso de valor en la transmisión”.
La lectura realizada por los representantes del Ayuntamiento se opone frontalmente a la que realizan los expertos juristas consultados por este diario. Estos explican que, tal y como está redactada la norma foral en la actualidad, no basta con realizar una simple resta entre el precio de venta y el precio de compra. Advierten de que el cálculo requerido, alejado completamente de la realidad del mercado como advertía el Constitucional en su sentencia, tiene en cuenta si el valor del suelo de la propiedad transmitida es mayor en el momento de la venta que en el momento de la compra. Por ello resultaría indiferente que se gane o se pierda dinero con la operación, ya que la norma establece que lo determinante es la fluctuación en el valor del suelo sobre el que se asientan los inmuebles, algo realmente complejo de determinar. Además, reiteran que si los recursos llegan hasta un juzgado, la norma alavesa impide practicar prueba en contrario -en este caso presentar la documentación correspondiente a la compraventa o a la herencia-, con lo cual los jueces no tienen posibilidad de saber si se ha ganado o se ha perdido dinero en la operación. Por todo ello, insisten en que aunque el origen de la sentencia se remonta a una venta en la que se produjo pérdida económica, el Constitucional ha desactivado el impuesto alavés por completo.
Y mientras se producen lecturas enfrentadas por una y otra parte, las miradas se dirigen ahora al juzgado de lo Contencioso Administrativo número 22 de Madrid, sala que en su día también elevó una causa relacionada con plusvalías al Constitucional. En este caso, el posicionamiento de los jueces aclarará, según los juristas, casi con total certeza los términos de este enredo legal. La iniciativa de este juzgado va más allá de las planteadas por las salas de Vitoria y San Sebastián y, si la resolución sigue la línea de las dos sentencias anteriormente emitidas, podría anular, por inconstitucional, el impuesto de Plusvalía en todos los supuestos existentes.
La actual inseguridad jurídica conduce a un enorme interrogante a la hora de establecer con ciertas garantías el volumen del agujero económico que las decisiones del Constitucional causarán en las arcas municipales. Si, como diversas fuentes legales apuntan, el Tribunal constata la tesis defendida por el juzgado madrileño, todos los ayuntamientos deberán reintegrar todas las cantidades cobradas por el impuesto de plusvalía entre 2013 y 2016, siempre y cuando se reclamen legalmente. Algunos despachos de abogados de la capital alavesa ya han comenzado a organizarse de cara a la tramitación masiva de reclamaciones tipo.
ingresos municipales En el caso de Vitoria, en el año 2013 el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana recaudó un total de 17 millones de euros. Al año siguiente la cifra ascendió a 18,47 millones. En 2015 los ingresos siguieron creciendo hasta llegar a los 21,37 millones y el año pasado se elevaron a 22 millones. En total, 79 millones de euros que, en caso de ser reclamados y los jueces obligaran a su devolución, podrían causar un serio quebranto a las cuentas públicas gasteiztarras.
Este clima de incertidumbre llevó ayer al concejal del PP y anterior responsable de Hacienda, Manu Uriarte, a solicitar la apertura inmediata de una ventanilla única que atienda las reclamaciones del impuesto de plusvalías de los vecinos de Vitoria. “Ante la posible acumulación de casos y situaciones que se pueden generar con la inconstitucionalidad de la norma alavesa en el impuesto de Plusvalía, por transparencia y para dar servicio a los ciudadanos, urge habilitar ya un servicio municipal de ventanilla única”, manifestó el edil.
En respuesta al anuncio realizado esta semana por el equipo de gobierno, que informó de que únicamente girará el impuesto a aquellos que no hayan perdido dinero con las transmisiones, el PP reclamó “paralizar todas las liquidaciones” a la espera de que se disponga de garantías jurídicas cobre el impuesto.
Los populares presentaron una moción de cuatro puntos por la que proponen que todos los grupos políticos, a través de la ponencia de fiscalidad, introduzcan modificaciones en la revisión de la norma foral. Asimismo, somete a aprobación la creación de el citado servicio de atención ciudadana en las oficinas de San Martín.
Con la mirada puesta en el posible impacto económico sobre las cuentas locales, el PP insta también al equipo de gobierno a elaborar un plan financiero que posibilite la devolución de las cantidades cobradas no prescritas. Por último, la moción que se debatirá en el próximo pleno reitera la conveniencia de paralizar temporalmente todas las liquidaciones del impuesto hasta que se apruebe la nueva norma foral que defina los hechos imponibles en los que se dé inexistencia de incremento de valor.
Lectura municipal. De los 244 recursos relacionados con el impuesto de Plusvalía que gestiona el Ayuntamiento, estima que tendrá que devolver lo cobrado en 103 de ellos, ya que en los mismos no se produjo incremento del valor.
Lectura de los juristas. Los juristas reiteran que el Tribunal Constitucional ha desactivado con su última sentencia el impuesto en su conjunto y que el Ayuntamiento, si los ciudadanos lo reclaman, tendrá que devolver todo lo ingresado por el gravamen, independientemente de si el valor transmitido aumentó o no.
Valor del terreno. La norma alavesa, tal y como está redactada en la actualidad, no permite presentar pruebas durante los recursos judiciales y tiene en cuenta la fluctuación del precio de los terrenos urbanos sobre los que se asientan las propiedades, de manera que no facilita una defensa adecuada a los recurrentes y tampoco permite calcular si ha existido beneficio o pérdida restando simplemente el valor de la venta al de la compra.
22
Se espera, de forma inminente, que el Constitucional emita una nueva sentencia, esta vez referida a una causa promovida por el juzgado de lo contencioso administrativo número 22 de Madrid. Si sigue la línea de las dos anteriores podría anular todos los supuestos existentes del impuesto de Plusvalía.
79
La incertidumbre legal afecta a los últimos cuatro años, ejercicios en los que el Ayuntamiento de Vitoria ha ingresado 79 millones a través del impuesto de Plusvalía. 17 millones en 2013; 18,47 en 2014; 21,37 millones en 2015 y, finalmente, 22 millones en 2016.
