vitoria - Creaban empresas ficticias y, a través de ellas, tramitaban presuntamente contratos ilegales para permitir a ciudadanos extranjeros darse de alta de forma fraudulenta. La mayor de las empresas que se empleaban como pantalla para organizar la estafa a la Seguridad Social estaba radicada en Vitoria y, por esta razón, según un auto al que ha tenido acceso DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido que la competencia para juzgar lo ocurrido recae en el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital alavesa.
Tal y como establece el documento judicial, de la exposición y testimonios recabados hasta la fecha se desprende que Vitoria ha incoado ya las diligencias previas para investigar la presunta comisión de este delito contra la Seguridad Social, estafa y falsedad documental. El motivo de que el Juzgado de Vitoria obrara de esta manera obedece al hecho de que una de las empresas a través de las cuales se llevaba a cabo el fraude, la mercantil Georgiana Ramona Badea, tenía su sede social en Vitoria. Las otras dos, Romulos Bomba y Elvira Ghizela Bomba, tenían su domicilio social en Cantabria y Soria.
Según el auto, los hechos consisten en que una serie de personas, vecinos de Vitoria y desde una asesoría situada en la calle Gorbea, constituyeron varias empresas ficticias, sin actividad ninguna, para dar de alta a personas de forma ilegal mediante contratos fraudulentos. El domicilio de otra de las empresas ficticias se sitúa en Santander y el otro en Soria, aunque finalmente y gracias a la intervención del Supremo, el proceso judicial se llevará a cabo íntegramente en la capital alavesa.
Una vez examinadas las actuaciones, el tribunal explica que la empresa Romulus Bomba, radicada en Santander, “es absolutamente ficticia, sin actividad real alguna y creada solo dentro de ese entramado” desde la gestoría de la calle Gorbea. En este mismo sentido, la sala entiende que la actuación de las tres empresas “es única con idénticos autores e idéntico modus operandi, solo inventando diferentes empresas con diferentes domicilios a los efectos de intentar evitar los controles administrativos pero sin que se trate de diferentes delitos sino de un único delito continuado contra la seguridad cometido desde dicha gestoría”. Por este motivo, los magistrados aconsejan que todo el procedimiento se concentre en una única causa.
En definitiva, los jueces estiman que las tres empresas son ficticias, pero destacan que aquella a través de la cual se llevó a cabo la mayor parte de las contrataciones falsas fue Georgiana Ramona Badea, la emplazada en Vitoria. Para conferir verosimilitud a la trama, sus responsables utilizaron los servicios de una gestoría real, igualmente radicada en Vitoria, desde la cual se gestionó toda la actividad de las tres empresas con la Seguridad Social.
“La cuestión de competencia negativa debe ser resuelta como propugnan los fiscales en ambas instancias y ante esta sala a favor de Vitoria, y ello porque la razón de remisión del testimonio a Santander por el juzgado de Vitoria obedece a que el domicilio social de una de las empresas ficticias creadas dentro de un entramando criminal dedicado a la regularización administrativa de extranjeros en base a contratos laborales simulados está en Santander”, aclara la sala. Así, dirime la cuestión de competencia negativa planteada otorgando la misma al Juzgado de Instrucción número de Gasteiz. - A. Burdain