vitoria - Una vez más, el enclave de Trebiño ha visto cómo las herramientas que tiene la Junta de Castilla y León para crear oportunidades de futuro entre la población han pasado de largo. De hecho, el ejecutivo castellano ha vuelto a hacer caso omiso a las necesidades de los vecinos y del tejido productivo de los dos municipios del enclave con el Mapa de Infraestructuras Agrarias para el campo burgalés, que contará con una inversión superior a los 39,2 millones de euros. Con dicha partida, se pretende planificar de manera ordenada y transparente las concentraciones parcelarias y sus infraestructuras rurales, la modernización de regadíos y los nuevos regadíos de 3.034 explotaciones, que suponen más de 40.000 hectáreas en aquella provincia. Una iniciativa anunciada por la Junta el pasado 3 de marzo y en la que Trebiño no aparece, como posteriormente confirmó el gabinete de prensa de la consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León. Y no es que sea una iniciativa aislada, porque ayer mismo la Junta también anunciaba otro paquete de 183,1 millones para mejoras de regadíos y otras infraestructuras en la provincia de Palencia.

Los anuncios no han sorprendido a los regantes de Trebiño, porque según relata una fuente solvente del enclave que prefiere mantener el anonimato, “en los últimos años solo se han realizado dos obras de regadío y en ninguna de ellas ha cumplido la Junta su compromiso de financiación. Nos han dejado solos con las inversiones”.

Estas obras se refieren al regadío liderado por la comunidad de regantes Padurca, en la zona de Añastro, y al regadío de Río Rojo, impulsada por la comunidad de regantes Río Rojo-Berantevilla, obra que se compartió con la referida zona alavesa y en la que la Diputación Foral de Álava cumplió los compromisos en el territorio de su gestión.

En el primer caso se trataba de la construcción de una balsa para regadío en la zona de Añastro, en la que la comunidad de regantes reclamó a la Junta de Castilla y León ayudas comprometidas por valor de 130.000 euros. Y así hasta ahora, porque la Junta no ha librado ese dinero “porque se han pasado los plazos”.

En el segundo caso, la modernización del regadío consistía en la creación de una infraestructura mediante la construcción de una gran balsa -con materiales sueltos que se extraerían del mismo vaso de la presa- sobre terrenos de labor a una cota máxima de almacenamiento de 579 metros. El proyecto contemplaba además la creación de una central de bombeo, con captación de agua del río mediante galería filtrante, un depósito de 2.000 metros cúbicos situado en la cota 650 y que se abastecería mediante el bombeo de agua desde la balsa y una segunda balsa de 15.000 metros cúbicos de capacidad, situada a la cola de la balsa principal y a un nivel de 4 metros más alto que el máximo de la balsa principal. Todo ello para garantizar una presión de cuatro kilogramos por centímetro cuadrado a todos los terrenos situados hasta una cota de 540 metros. Todo este sistema estaría conectado con las correspondientes líneas de impulsión. La altura de presa se fijó en 17 metros, con una capacidad de embalse de 780.000 metros cúbicos ocupando una superficie de 110.000 metros cuadrados.

En este caso la obra estaba supeditada a que el Ministerio construyera un embalse en Villanueva Tobera, así como las balsas de San Martín Zar y Arana. Tras ello solo restaba soterrar la red de distribución. La financiación por tanto, era a cinco bandas: Ministerio, Junta de Castilla y León, Diputación de Burgos y comunidad de regantes Río Rojo-Berantevilla, que contaba con apoyo financiero de la Diputación Foral de Álava. La cuestión es que la firma del convenio coincidió con el recorte de las inversiones ministeriales y hubo que esperar cuatro años hasta que el Ministerio acometiese la obra comprometida, que tuvo un coste de 11 millones de euros. Una vez realizada, Álava llevó a cabo su red de distribución y en esa zona de Valles Alaveses se trabaja desde entonces. Pero en el área dependiente de Burgos las administraciones dijeron que se había pasado el plazo de vigencia del convenio y que era cuestión de los agricultores el terminar la instalación en solitario.

Evidentemente éstos no iban a estar esperando a la resolución de contenciosos, por lo que decidieron actuar con un coste de 1.800 euros por hectárea, de los que el 40% tenía que haber llegado de la Junta.

Regadíos. Son los que han tenido que asumir directamente las comunidades de regantes ante la falta de ayudas de la Junta de Castilla y León.

Millones. Son los que conforman el Mapa de Infraestructuras Agrarias. De esa partida, no hay ni un solo céntimo para los municipios del enclave.

balsas. Son las previstas en el enclave burgalés dentro del proyecto de regadíos denominado como Río Rojo-Berantevilla, que ya funciona en territorio histórico de Álava.