Vitoria - El alcance de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las plusvalías, o mejor dicho, sobre el impuesto que regula el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, podría tener un efecto sobre las arcas municipales mucho mayor de lo previsto. De acuerdo con las fuentes legales consultadas por este diario, además de la sentencia ya conocida, el Ayuntamiento podría verse obligado a devolver todas las cantidades cobradas a lo largo de los últimos cuatro años relacionadas con este gravamen -más los intereses-, independientemente de que los vendedores y herederos hayan ganado o perdido dinero con las transmisiones de las propiedades. La cifra de recursos interpuestos contra los cobros municipales ante los juzgados vitorianos se eleva ya, al menos, a una decena de casos.

De acuerdo con estas mismas fuentes, la clave radica en que el Tribunal Constitucional ya rechaza la interpretación de la norma pretendida por parte de las Juntas Generales y la Diputación Foral de Gipuzkoa conforme a la cual “el impuesto únicamente sería nulo en los casos de inexistencia de plusvalía”, porque el tribunal estaría asumiendo una función de legislador que no le corresponde. “La resolución del Constitucional no establece que sea injusto pagar un impuesto en el caso de no haberse ganado dinero con la compraventa o con la herencia, sino que entiende que todo el impuesto en sí está mal planteado por no admitir prueba en contrario y que, por tanto, es inconstitucional cobrarlo en cualquier supuesto”, interpretan. Además, se espera que en breve se dicten otras dos sentencias que afectarán directamente a la norma fiscal alavesa, pues dos de los tres juzgados de Vitoria ya plantearon la posible inconstitucionalidad del impuesto en el año 2015 en base a los mismos argumentos.

Ello puede traducirse en un “severo varapalo” a la liquidez municipal en Vitoria que, según recordó ayer la portavoz del grupo municipal del PP, Leticia Comerón, ingresó algo más de 22 millones por este concepto sólo durante el ejercicio pasado. Este diario también ha constatado que en los juzgados vitorianos existen, al menos, diez recursos relacionados con plusvalías cobradas por el Ayuntamiento que replican los mismos argumentos que el ya valorado por el Constitucional. De ellos, dos por lo menos, permanecen en suspenso hasta que se aclare la posición del tribunal.

Actualmente y debido a la manera en que está redactada la norma foral que regula este gravamen, no es posible practicar prueba ante un juzgado en caso de recurso, por lo que los jueces no pueden saber si se ha ganado o se ha perdido dinero en la compraventa o en la transmisión. La clave de la lectura de la sentencia del Constitucional que puede arrojar luz sobre este complejo asunto radica, tal y como señala uno de los abogados vitorianos que promueven estos recursos, en que los jueces advierten de la irregularidad del impuesto “en la medida en que se gravan pérdidas”, pero no se restringe a “los supuestos en que se graven pérdidas”. De acuerdo con esta interpretación, todo el impuesto, independientemente de que los transmitentes obtengan o no beneficios con las transacciones, está “erróneamente” planteado.

modificación de la norma Las portavoces del PP en el Ayuntamiento de Vitoria y en las Juntas Generales, Leticia Comerón y Ana Morales, comparecieron ayer de forma conjunta para censurar el “despiste” del PNV en los gobiernos municipal y foral, que a su juicio se hallan ”totalmente fuera de juego”. Para poner fin a las “injusticias” que se producen en el cobro de las plusvalías, solicitan que, de forma inmediata y por espacio de tres meses, se paralice el giro de los recibos municipales, al tiempo que se inicia la modificación de la norma foral que regula su aplicación. Consultados por este particular, los portavoces del Ayuntamiento señalaron ayer que por el momento no existe propuesta técnica ni decisión política de iniciar las devoluciones hasta que los juzgados esclarezcan por completo el asunto.

Comerón recordó que su partido emplazó hace más de un año al Ayuntamiento a prepararse de cara a una eventual llegada de recursos y explicó que, como única respuesta, el gabinete Urtaran “aumentó el tipo y los porcentajes de base, con lo cual agravó el problema”. Ahora, la representante popular insta al gobierno municipal a habilitar una ventanilla única en las oficinas de San Martín para agilizar las posibles devoluciones, simplificar trámites y asesorar a los ciudadanos. “Queremos que Urtaran se ponga las pilas”, apuntó.

Morales, por su parte, explicó que la Diputación alavesa es competente para acometer las modificaciones necesarias que adecúen el gravamen e instó al gabinete liderado por Ramiro González a resolver la cuestión cuanto antes. “El concierto económico y las competencias tributarias sirven para algo más que para que el PNV suba los impuestos”, manifestó. Además, solicitó la creación de una línea de ayudas forales para los ayuntamientos alaveses de menos de 25.000 habitantes que contribuyan a aliviar el menoscabo económico que pudiera producirse.