“Echar mano de la legalidad penal de 1973 es el mayor disparate político y social que puede realizar un juez”

¿Se esperaba el archivo de la primera querella de las instituciones?

-Sí, bueno... La verdad es que no nos ha pillado por sorpresa, porque ya conocemos la actuación de la judicatura española en general. Teníamos cierta esperanza porque el argumentario establecido en la querella por los letrados es de mucho peso. Entendíamos que ante esos fundamentos jurídicos nadie podía mirar a otro lado. Pero una vez más, el peso político del Gobierno español vale bastante más, al menos para la judicatura de Vitoria y para el propio fiscal, que su propia responsabilidad ante la jurisdicción internacional. E incluso que artículos de la Constitución como el 24, que habla claramente de la tutela judicial efectiva, que en este caso se ha obviado. Nos enfada mucho que, pese a todo, haya jueces que no sean capaces de rebelarse contra la Fiscalía General del Estado.

¿Cómo analiza los argumentos que esgrimen tanto la Fiscalía como el Juzgado 3 para dictar el archivo?

-Echar mano de la legalidad penal del año 1973 para decir que los crímenes del 3 de marzo no son de lesa humanidad es el mayor disparate político y social que puede realizar un juez. ¿Por qué tienes que echar mano de una legalidad como la franquista, que evidentemente nunca declararía unos crímenes como de lesa humanidad? El gran crimen de lesa humanidad es el propio régimen, desde el año 1936 en adelante. Esto es reírse un poco a la cara de las víctimas y desde luego de la sociedad: De la de Gasteiz y Araba, de la de todo Euskal Herria y del conjunto del Estado. La jurisdicción internacional, que es la que debe primar como ya reconoció el Tribunal Supremo en 2007 con la sentencia de Scilingo -un marino argentino condenado a más de 1.000 años por delitos de asesinato y detención ilegal-, es la misma que deberían aplicar ahora. La misma que la jueza Servini está aplicando en Argentina para imputar a cantidad de responsables. ¿Por qué los jueces de aquí no miran a la jurisdicción internacional y a los convenios que ya ha firmado el Estado español y retrocede a una legalidad franquista para decir que los crímenes de Gasteiz son homicidios comunes? Es la gran pregunta, ellos sabrán por qué. Pero se trata de una actuación judicial puramente política.

Esta semana ha dicho que si los jueces quieren, pueden, ¿pero la presión de organismos como esa Fiscalía General es demasiado fuerte?

-La Fiscalía General del Estado aquí es demasiado fuerte porque lo ha sido siempre. La judicatura española está atravesada aquí por viejas rémoras, y no tan viejas, de lo que ha sido en los últimos años. El poder judicial franquista pasó enterito y sin tocar un pelo a integrar inmediatamente el poder judicial de esta llamada democracia. De esa manera, con las inercias franquistas que ha habido siempre en la judicatura española, es normal que todavía queden esos restos y se considere que ahora, en plena democracia, debe depender también del Estado y de los gobiernos. Por tanto, aquí queda una vez más muy en entredicho la famosa independencia del poder judicial. No la tenía en la época de Franco, y como es esa estructura judicial la que es traspasada a la democracia, tampoco la tiene ahora.

Partiendo de esta base, la confianza en que los recursos que se van a presentar prosperen será poca.

-Tenemos confianza, porque el recurso de reforma también tiene mucho peso. No sé qué argumentos pueden tener para denegarlo... Lo he leído y contiene argumentos jurídicos muy bien estructurados y labrados. Hay que felicitar una vez más a los letrados de las instituciones por el gran trabajo que han hecho en argumentar y fundamentar jurídicamente la denuncia por los crímenes del 3 de marzo.

Queda también pendiente de resolución por parte del Juzgado número 4 la querella interpuesta por el Ayuntamiento de Gasteiz. ¿Difícil que prospere teniendo en cuenta que es casi igual que la otra?

-Sí. Visto lo visto, el Juzgado número 4 tomará la misma resolución. Ojalá nos equivoquemos y ese juez se dé cuenta, y va a tener todo nuestro apoyo para ello, de que debe admitirla a trámite. Si lo hace, va a hacer un gran favor a la jurisdicción internacional y a esa tutela judicial efectiva que siempre tienen como frontispicio de toda su actuación.

¿Qué importancia ha tenido para la memoria, para la búsqueda de la verdad y la reparación, la presentación de estas querellas, tras años de portazos de las instituciones?

-La importancia es fundamental. Llevamos años trabajando en esto, cinco hasta ahora con la querella argentina, y después con éstas. Para nosotros es vital que se judicialice lo que en la calle está claramente asumido, que tenemos 40 años de olvido y de heridas abiertas. Porque las heridas siguen abiertas, no se han cerrado y se quieren abrir ahora. Hay 120.000 personas en cunetas y en fosas comunes que todavía no quieren sacar. Hay cientos de miles de exiliados que se tuvieron que marchar de aquí. Hay miles y miles de torturados, de represaliados, con miles de años de cárcel por enfrentarse al franquismo de una u otra forma. Todo esto no se puede olvidar. Ahora dicen algunos que no se puede olvidar el terrorismo de ETA. Pues por la misma razón no se pueden olvidar los 40 años de terrorismo de Estado del franquismo.

La presentación de querellas en los juzgados locales es un movimiento con un amplio reflejo en numerosos ayuntamientos. ¿Es posible, visto lo visto, que algún juez decida por fin abrir alguna investigación?

-Creo que sí. Algún juzgado lo va a llevar a trámite, va a abrir un auto y va a hacer caso a alguna institución local que tiene más que razones para presentarse como parte de una querella. Hay ayuntamientos que se presentan como parte, por ejemplo, en casos de violencia de género. Si una institución local tiene derecho a presentarse en ellos, o como se ha hecho también en la violencia terrorista, ¿cómo no va a poder hacerlo en la violencia terrorista del Estado franquista? No hay ninguna localidad en Euskal Herria donde no haya víctimas del franquismo. Ninguna. Y esos municipios tienen todo el derecho de personarse para defender a sus vecinos. Así lo han entendido en Gernika, Durango, Errenteria, Pamplona, Vitoria...

¿Hasta qué punto supondría un punto de inflexión que finalmente se inicie un proceso de este tipo?

-Sería importante porque, primero, animaría a otros ayuntamientos a hacer lo mismo, sobre todo del conjunto del Estado. Lo que queremos y deseamos es que se cree un efecto dominó y que esas instituciones locales, si verdaderamente son democráticas, asuman su responsabilidad de luchar contra la impunidad franquista que se ha dado en sus municipios durante estos últimos 40 años.

También miran a Europa pero antes de eso al Tribunal Constitucional, que teniendo en cuenta los precedentes parece difícil que atienda a posibles recursos de amparo.

-Sí, es un gran problema que tenemos. Ha sido reciente, pero en Europa empiezan a echarse ya las manos a la cabeza al saber que todavía el franquismo en una asignatura pendiente en el Estado español. El Parlamento Europeo comienza a considerar ahora al franquismo como un régimen totalitario, cuando hasta hace poco sólo eran considerados como tal el nazismo y el estalinismo. Pero gracias al grupo de eurodiputados por la memoria del Estado, que son los vascos Izaskun Bilbao (PNV) y Josu Juaristi (EH Bildu), pero donde también están partidos como ERC, Podemos o Izquierda Unida, hemos podido abordar esta denuncia, y hoy es el día en el que el franquismo empieza a considerarse un elemento a solventar.

¿El cambio de actores y de contexto político en el ámbito estatal les infunde cierta esperanza?

-Sí, porque al menos el franquismo sociológico no parece que es mayoría absoluta. Eso en primer lugar. En segundo, porque las fuerzas que han surgido en los parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados pueden hacer bastantes más cosas que las que se han hecho hasta ahora para abordar la lucha contra la impunidad. Recientemente, ha habido una feliz iniciativa por parte de Alberto Garzón (IU) para intentar eliminar o, como mínimo, modificar algunos artículos de la Ley de Amnistía de 1977, que es la clave de bóveda de todo el entramado de la Transición. Esa ley es la que dejó al franquismo libre de culpa de esos 40 años de dictadura. En torno a esto también estamos trabando y esperemos que con el tiempo, al final, el propio PSOE también se dé cuenta de que es una cuestión que debe ser tratada. Y aunque sea al cabo de 40 años, esa ley debe ser revisada para poder juzgar aquí los crímenes que se cometieron aquí, no en Argentina, ni en México ni en Singapur, por una judicatura valiente y verdaderamente democrática.

Antes de empezar a llenar los juzgados locales de querellas, el primer gran movimiento de su colectivo fue su adhesión a la querella argentina. ¿Cómo valora este proceso?

-La querella argentina nace en 2010 y nosotros nos metemos en ella en 2012, tras un viaje que hicimos allí. Nos dimos cuenta de que había que tocar esa tecla jurídica, que iba a ser una pelea larga pero que merecía la pena. Hoy es el día en que hay centenares de denuncias y querellas individuales, asociaciones personadas, y ahora queremos que sean las instituciones locales, que son las que mejor conocen la realidad de sus vecinos víctimas, las que se sumen a esas querellas. La valoración es buena, pero ahora hemos dado el paso de impulsar la presentación de las querellas en los juzgados de aquí porque es el único punto en el que tiene razón la Fiscalía General del Estado. Los crímenes cometidos en España deben ser juzgados por España. Y si no han sido juzgados ya, es justo porque son ellos los que no quieren que sean juzgados.

La pescadilla que se muerde la cola.

-Claro. Y tenemos un gran problema, que el tiempo también juega contra nosotros. Son ya 80 años y cantidad de testimonios, víctimas y victimarios han desaparecido. Pero recuperar la verdad no sólo significa hacer justicia penal. Nuestro objetivo no es una venganza ni meter en la cárcel a algunos, que también si tienen que ir a la cárcel, sino hacer justicia entendiéndola como la dignificación de las víctimas, la imposibilidad de volver a repetir y la transmisión de esa verdad que hay que conocer a las nuevas generaciones. Es la propia sociedad la que se debe dignificar haciendo justicia sobre todo un periodo histórico que ha acontecido y que todavía algunas fuerzas pretenden tapar.