vitoria - A partir del 6 marzo Vitoria podría enfrentarse a una de esas imágenes que ninguna ciudad quiere sufrir en sus calles: decenas de bolsas de basura acumuladas en contenedores y aceras. Tras dos semanas de polémica que han culminado con ocho despidos sobre la mesa, el comité de empresa de FCC y GMSM, la contrata municipal de limpieza, ha convocado una asamblea para este lunes a las 10.30 horas en la que, según anunciaron ayer, propondrán a la plantilla iniciar una huelga indefinida desde el 6 de marzo para reclamar la readmisión de sus ocho compañeros, entre ellos el médico y la enfermera. Una movilización “en respuesta a la agresión empresarial” que según los sindicatos suponen no sólo los despidos ya consumados, sino los que prevén que todavía están por llegar, y que según fuentes consultadas por este periódico podrían extenderse hasta una treintena.

Según el pliego de condiciones elaborado en su momento por los grupos políticos de un Ayuntamiento de Vitoria todavía en manos de Javier Maroto, y que en enero de 2015 acabó en manos de la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por FCC y GMSM, la plantilla indefinida del servicio municipal de limpieza debería estar compuesta por 364 operarios, “pero actualmente es de 320, por lo que faltan 44 por cumplir”, denunciaron ayer los representantes sindicales de la empresa, arropados en la sede de CCOO por decenas de trabajadores durante la rueda de prensa en la que anunciaron su propuesta de huelga indefinida. Un apoyo que, salvo sorpresa mayúscula, culminará el lunes en la convocatoria de los paros, abriendo un escenario de dos semanas de negociaciones entre empresa y sindicatos, con el Ayuntamiento como tercera pata.

Conocida la noticia, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, apuntó que el conflicto al que se enfrenta la ciudad “no es un problema del Ayuntamiento, sino entre los trabajadores y la empresa”. “Lo que no pueden hacer es castigar a la ciudad”, reclamó el primer edil en una comparecencia en al que recordó que el Consistorio gasteiztarra va a abrir un expediente a la empresa por incumplir los ratios de personal y no readmitir a los ocho empleados puestos en la calle. “Estos despidos no solucionan nada, incumplen gravemente el contrato y ponen en una situación delicada a Vitoria”, incidió.

No parece, de todos modos, que el conflicto tengo visos de solucionarse de forma sencilla. En un comunicado leído por el presidente del comité de empresa, Severiano Ubera, de UGT, junto a miembros del resto de centrales sindicales, los operarios de FCC mostraron su enfado tras constatar que la empresa está aportando “informaciones falsas que sólo buscan el desprestigio de la plantilla ante los ciudadanos”, en referencia a las justificaciones aportadas por la compañía, basadas en los altos índices de absentismo laboral, para sustentar las ocho destituciones. “El verdadero motivo es la pretensión de reducir la plantilla indefinida y sustituirla por personal eventual. En 2016 firmaron más de mil contratos eventuales”, aseveraron.

Mientras FCC cifra el porcentaje de absentismo en la plantilla en un 25%, los trabajadores negaron dicho alcance y lo situaron “en un 8%”, desmintiendo también que los despidos se hayan producido en base a los argumentos que defiende la contrata. “Supuestamente se han originado por encontrarse los trabajadores en situación de baja médica, alegando además unos porcentajes de absentismo laboral que no son ciertos, cuando en las cartas de despido se hace constar que han sido motivados por las pérdidas económicas que está sufriendo la UTE desde que obtuvo la contrata”.

veinte millones al año En el fondo, bajo la batalla que el lunes inicia la cuenta atrás de una huelga de características inéditas en la capital alavesa subyace, como el concejal de Medio Ambiente, Iñaki Prusilla, asumía el pasado miércoles, un motivo “meramente económico”. FCC asegura estar perdiendo “3,1 millones de euros al año”, aunque el Ayuntamiento, que desembolsa 22,8 millones de euros anuales por el servicio de limpieza, no tiene “constancia de esa situación”, señaló Prusilla. Ayer, Urtaran recordaba que desde que arrancó el contrato han abierto “ocho expedientes por incumplimientos y reclamado un millón de euros por servicios no prestado”, mientras desde la oposición EH Bildu consideró “irresponsable”, en palabras de su concejal Aitor Miguel, que el alcalde “eche balones fuera y afirme que el conflicto de FCC no es un problema del Ayuntamiento, cuando él debe velar por todos los gasteiztarras y exigir la readmisión” de los trabajadores despedidos, además de “no ceder ante el chantaje que la empresa está realizando” al Consistorio. En el PP, el concejal Alfredo Iturricha mostró su “sorpresa” por “la pasividad de Urtaran y de los nacionalistas, que ante una amenaza real de huelga como la que tenemos sobre la mesa se quieren mantener al margen y escurrir el bulto”.

Y así, con FCC asegurando sufrir pérdidas económicas por un contrato de limpieza que ganó con una baja del 10% sobre el presupuesto estipulado, la plantilla sufriendo las consecuencias en forma de ocho despidos -más los que se prevé llegarán-, y el Ayuntamiento reclamando cordura a ambas partes mientras cruza los dedos para no toparse con un problema en las calles de magnitudes bíblicas, Vitoria aguarda a la asamblea de trabajadores del lunes para saber a qué atenerse. De cualquier forma, y como bien lamentaron los propios operarios de FCC, “quien está pagando todas estas irregularidades es la ciudadanía, que está viendo cómo la calidad del servicio prestado cada día es peor”.