Vitoria - El fraude en la distribución de ayudas sociales cada vez es menor en Vitoria. El concejal del ramo, el socialista Peio López de Munain, sacó pecho ayer al presentar el último balance y confirmó que el volumen de engaños ha pasado del 2,3% en 2014 al 1,8% en 2015 -los datos correspondientes a 2016 aún se están ultimando-, con lo que constató que desde que su grupo lidera el Departamento “se ha mejorado en las labores de control”. Además de agradecer “enormemente” la labor desarrollada por los técnicos del Departamento, López de Munain no se olvidó de los responsables del PP, de quienes afirmó que faltan a la verdad al señalar “que las ayudas están descontroladas”. “El porcentaje de fraude es bajo. El PP oculta que sólo un 44% de los vitorianos en paro reciben prestaciones por desempleo y que 9.600 personas paradas de nuestra ciudad no reciben ayudas por ese concepto. Es normal que pidan ayuda para poder vivir”, puntualizó. “Este es -señaló a renglón seguido- el legado que nos deja el PP: paro y desprotección”.

No tardaron los populares en salir al paso de las palabras del representante del PSE-EE. Contraatacaron asegurando que “las cifras de fraude detectado que ha puesto sobre la mesa se han logrado gracias a las medidas de control que puso en marcha el PP”. Además, -ampliaron-, el concejal mezcla este asunto con que las ayudas estén desbocadas, y no tiene nada que ver una cosa con la otra.

Rifirrafes políticos al margen, el capítulo de datos, puros y duros, habla bien de la gestión realizada por el Ayuntamiento en materia de control. En 2014, el número de solicitantes de ayudas ascendió a 4.134 y únicamente 97 de ellos cometieron alguna “práctica fraudulenta”. El porcentaje de irregularidades correspondiente a aquel ejercicio fue del 2,3%. Los números mejoraron al año siguiente. En 2015, el Ayuntamiento recibió solicitudes de 4.335 personas y sólo 77 de ellas trataron de defraudar. Ello equivale a decir que el porcentaje de engaños se redujo hasta el 1,8%.

A la hora de diseccionar el balance, los técnicos advierten de que en el capítulo de “solicitantes”, se incluyen personas y familias a las que se denegó desde un principio la solicitud, bien porque no tenían derecho a percepción o porque desde el primer momento se destapó el conato de trampa. Así, el epígrafe “solicitantes” no es equiparable al de “perceptores”.

Los resultados difundidos ayer por el edil no sirven únicamente para avivar la batalla de los méritos políticos, sino que además tienen su repercusión efectiva en la cuenta corriente consistorial. Tal y como concretó, la optimización de la batería de herramientas antifraude “ha permitido reclamar para las arcas del Ayuntamiento algo más de 400.000 euros”. Un dinero que corresponde a la suma de 2014 y 2015, y que procede fundamentalmente de la devolución de las cantidades incorrectamente entregadas que el Ayuntamiento se ha ocupado de reclamar por la vía legal.

Traducido a cantidades concretas, el fraude detectado en 2014 ascendió a 365.936 euros. En 2015 la bolsa de fraude sumó 36.773 euros, cantidad a la que se sumará la que se recupere por vía ejecutiva, dato que no se conocerá hasta 2018, ya que el procedimiento se alarga durante 2 años.