gasteiz - Más allá de los fríos datos, que apuntan a un incremento de las agresiones al personal sanitario en los últimos años, los episodios violentos hacia los profesionales de Osakidetza que no terminan en denuncia y, por ello, no recogen las estadísticas oficiales están también a la orden del día. Se trata de esas amenazas verbales, insultos u otro tipo de ataques que no causan una lesión física sobre el trabajador y que éste, muchas veces por miedo a las represalias, otras por el trajín propio del día a día, evita denunciar, lo que normaliza situaciones que nunca deberían ser admisibles.

El Servicio Vasco de Salud, que mantiene “una especial atención y preocupación” frente a esta lacra, presentará “a lo largo de las próximas semanas” una nueva batería de iniciativas para reforzar las medidas de información y de toma de conciencia y mejorar los protocolos y el asesoramiento a sus profesionales, dentro de una “revisión completa” del Protocolo de Violencia PT-AT-02 en el que está trabajando, según ha podido saber DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA. Lo hará en la próxima reunión del Observatorio sobre Agresiones a Profesionales, compuesto por la dirección de Osakidetza, los sindicatos y el servicio de prevención, “para su debate”. Fuentes de la institución aportan también un dato esperanzador: Si en los últimos meses del recién concluido 2016 “se confirma la tendencia mantenida” en los anteriores, las cifras de agresiones a profesionales habrán disminuido respecto al año anterior en la red sanitaria pública.

Según los últimos datos hechos públicos por Osakidetza, en el año 2015 se registraron 518 notificaciones por agresión verbal o física a sus profesionales, 149 de las cuales fueron accidentes, las agresiones que sí provocan una lesión. Un número global sensiblemente superior a los 403 casos notificados sólo dos años antes, en 2013. El Consejo de Médicos del País Vasco, entretanto, percibe también “una mayor violencia verbal y una pérdida de respeto” hacia la figura del facultativo y aporta algunos datos que como poco invitan a la reflexión: Al menos uno de cada tres médicos ha recibido presiones o coacciones a lo largo de su carrera profesional para extender recetas o bajas y al menos uno de cada cuatro ha sufrido algún episodio de agresión verbal. Según el último estudio hecho público por la entidad que engloba a los Colegios vascos de Médicos, el 11,3% de los profesionales alaveses sufrieron en el año 2015 algún tipo de agresión, lo que situó al territorio histórico en cabeza de este ranking.

Arantza Sierra, enfermera con plaza en Txagorritxu y en la actualidad secretaria provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), sufrió en sus carnes uno de estos lamentables episodios hace cerca de 20 años, cuando desempeñaba su labor profesional en el centro de José Atxotegi, pero lo guarda en su retina como si hubiese sucedido ayer. “Es una situación que te deja muy mal. Estando embarazada de mi hija, una persona que venía un poco bebida me quiso agredir y tuvo que venir una compañera auxiliar a ayudarme. Fue a por la primera que pilló, porque quería hacer una cosa que no se podía hacer. Y no lo denuncié, pero ahora animo a todos para que lo hagan”, remarca Sierra.

Claro que, según enfatiza esta profesional, dar el paso no es nada fácil. “Para que alguien se anime a denunciar ha tenido que haber una agresión física importante. Y luego hay otro problema: Que cuando te agrede un paciente, la denuncia la tienes que poner tú, con tu nombre y apellidos. No la pone la institución. Así que muchas de esas amenazas y vejaciones se quedan ahí. Si la denuncia la pusiese la institución la situación mejoraría muchísimo, nos veríamos mucho más respaldadas”, advierte la representante sindical.

Sin embargo, la posibilidad de que Osakidetza ponga la cara a la hora de denunciar es, según el Servicio Vasco de Salud, imposible a día de hoy. “Por imperativo legal, Osakidetza como institución no puede suplir el trámite de declaración ni asistencia a juicio, en su caso, del agredido o agredida”, advierten los mismos medios. En su defecto, el ente público ofrece asesoramiento jurídico a los profesionales que lo precisen, un respaldo que se extiende durante todo el proceso legal y que se acompaña también de asistencia letrada, dentro del protocolo específico de intervención contra las agresiones al personal que ahora procederá a revisar.

“Muchos profesionales se sienten desprotegidos, porque aunque sí tienes un respaldo legal, al final lo que sale en la denuncia es tu nombre. Cuando te dicen sé dónde vives o te voy a esperar, te lo están diciendo a ti. Esto no es como ir de testigo a un juicio”, apunta Sierra, quien cree que “un porcentaje muy alto de profesionales” del ente público ha sufrido una agresión en alguna ocasión, ya sea verbal o física, pero lamentablemente luego no denuncian.

¿avances? Marina Lander, delegada de prevención del sindicato ELA en la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Araba, considera también que en los últimos años “se han dado avances” en el camino hacia la prevención de las agresiones, aunque todavía no suficientes. “Si hay una agresión se ponen los medios, pero siempre se puede hacer mejor”, enfatiza Lander, que desarrolla su labor profesional en uno de los centros de Gasteiz donde estos episodios son más habituales, el Hospital Psiquiátrico. La delegada también remarca que, pese a la existencia del registro oficial de agresiones, “no se reflejan todas las que hay”, especialmente las más leves, debido en parte a unas “enormes cargas de trabajo” que hacen a los trabajadores quedarse con un margen muy estrecho de tiempo para denunciar que, a la larga, les hace desistir. Aparte, Lander desvela que algunas herramientas puestas en marcha estos años para luchar contra las agresiones, como los cursos de contención, “siguen sin llegar a todos los profesionales”.

Según defiende Osakidetza, la “reactivación” del ya citado Observatorio de Agresiones durante la pasada legislatura ha permitido avanzar hacia un conocimiento “más exacto” del número real de episodios que se producen en la red, a través de un refuerzo de la “información” y la apertura de una vía de notificación electrónica. Además, las organizaciones han tomado en los últimos años otras medidas encaminadas a la prevención, mediante la formación para desactivar o reconducir episodios incipientes, la implantación del llamado botón del pánico en 2009 o con la implantación de otras medidas de separación física.

“Cualquier caso de agresión a un profesional de nuestra organización nos parece inadmisible y junto con los representantes sindicales queremos mantener el impulso realizado para reforzar los mecanismos de prevención y sensibilización sobre este tema para evitar en lo posible que se vuelvan a producir”, justifica en este sentido José María Armentia, director de Recursos Humanos de Osakidetza.