El diputado general denunció que la reactivación de Garoña “supondría un verdadero ataque a Álava” del que el PP “sería autor”. “Están jugando, y con Álava no se juega”, criticó.

La sociedad propietaria de Garoña, participada al 50% por Iberdrola y Endesa, se limita por ahora a “valorar positivamente la finalización del informe”.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, señaló que su empresa no ha recibido “ninguna sugerencia” del Gobierno sobre la decisión a tomar con Garoña.

1%

Cuando Garoña cerró sus puertas en 2012 apenas producía el 1% de la energía total del Estado. Un motivo por el que, según aseguró el diputado general, “no se puede argumentar que sea necesaria”.

vitoria - No por esperada la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de avalar la reactivación de Garoña golpeó ayer con menor dureza a la mayor parte de la sociedad alavesa, que desde hace años viene dejando claro su deseo de que la planta no reabra sus puertas nunca más. Para, por si no lo tuviera claro, trasladar al Gobierno de Mariano Rajoy la postura unánime de los alaveses contra la posible apertura la central, ubicada a 43 kilómetros de Vitoria, el diputado general reclamó ayer una reunión con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, que el pasado miércoles aseguró que esta dispuesto a recibir a aquellas instituciones que se pudieran sentir afectadas por este proceso.

Aunque el ejecutivo del PP tiene un plazo de seis meses para decidir si, tras el aval del CSN, concede finalmente la licencia a Garoña hasta 2031, Ramiro González espera que la decisión “no se prolongue” mucho en el tiempo, especialmente porque reactivar la planta atómica burgalesa sería, además de “una barbaridad”, un “ataque a Álava” del que el Partido Popular alavés “sería cómplice”.

“Reabrir Garoña es una decisión que se toma desde la política. Es una medida que impulsa el PP y el Gobierno español y que se intenta maquillar con una decisión técnica que no tiene justificación”, censuró el mandatario foral, que el lunes y martes estuvo en Bruselas para denunciar en el Parlamento Europeo el “oscurantismo” que tanto el CSN como el gobierno central mantienen sobre “un procedimiento que establece la obligación de mantener transparencia en las medidas de cesión de licencias para la apertura de centrales nucleares”, según fija la normativa internacional post Fukushima.

Con el pulgar hacia arriba del CSN a pesar de que, como los propios técnicos de seguridad nuclear denunciaban hace unos días, Garoña no ha ejecutado todas las actualizaciones de seguridad requeridas para certificar la renovación de la licencia, son muchas las voces que apuntan que, con todo, la planta no reabrirá nunca sus puertas porque sus propietarias, Iberdrola y Endesa, descartarán en última instancia su reactivación por motivos económicos, al considerar inviable acometer en su totalidad todos los requisitos exigidos por el CSN.

A cambio, habrán conseguido lograr -por la puerta de atrás- el que sería su principal objetivo, que el órgano nuclear y el gobierno popular permitan prolongar la vida útil del resto de centrales del Estado hasta los sesenta años, dilatando además el plazo máximo exigido para las revisiones de seguridad de los diez años actuales hasta, al menos, los diecisiete que se concederían ahora a Garoña. Una jugada de poker sobre la que precisamente se refirió ayer el diputado general.

“Se está diciendo estos días que el Gobierno acabará concediendo la licencia, pero que Garoña no reabrirá porque esta decisión se adopta pensando en otras centrales nucleares que tienen un peso más importante en el mercado eléctrico. A nosotros nos importa Garoña. A la Diputación no le vale que se conceda la licencia pero no abra, porque lo que hay que hacer es desmantelarla. Es inconcebible que se alargue su vida”, advirtió González.

“Si se concede la licencia pero luego es una empresa la que decide no hacer las inversiones y no abrirla seguiremos con la incertidumbre durante muchos años. Seguiremos con la espada de Damocles preocupados por una posible reapertura. Garoña es el mayor riesgo que tiene Álava en estos momentos”, zanjó el máximo representante foral, que también criticó la postura de los populares alaveses frente a la posible reactivación de la planta. “Si el PP no concede la licencia no corremos ningún riesgo. Vale ya de tantos jueguecitos. Están jugando y con Álava no se juega”, aseveró antes de nombrar, entre otros, al exalcalde de Vitoria, Javier Maroto, como “autor de este ataque a Álava, porque él forma parte de la dirección del PP”.

iberdrola y endesa Así las cosas, con la luz verde del CSN y con el Gobierno central dispuesto a dilatar seis meses el plazo para poner el sello a la licencia de reapertura hasta 2031, todos los ojos se posan ahora en Iberdrola y Endesa, las dos eléctricas que participan al 50% en Nuclenor, la sociedad propietaria de la central. Por el momento, Nuclenor se limita a “valorar positivamente la finalización del informe” del CSN, y destacar “la inspección y evaluación exhaustiva de las condiciones técnicas de la central, que se ha prolongado durante casi tres años”. A partir de ahora, apuntan, se dedicarán a “analizar todos los aspectos del informe, junto con el resto de condiciones de contorno aplicables, para decidir sobre el futuro de la instalación”.

Escueto y críptico se mostró también ayer, por su parte, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, cuando fue cuestionado por la decisión que su empresa va a tomar sobre el futuro de la central. “Hay que analizar el informe del CSN en base a los elementos que se consideren necesarios para mantener la seguridad de la planta adecuadamente, y no es una cuestión de discutir la seguridad. La seguridad es lo que es, sea lo que sea. Una vez valorado, lo que queda es analizarlo y ver en el seno de Nuclenor si es rentable o no es rentable”, aseguró Bogas, que negó haber recibido “sugerencia” alguna del ejecutivo de Rajoy sobre la decisión que Endesa debe tomar. También dijo desconocer “oficialmente” a cuanto ascienden concretamente las inversiones necesarias para cumplir todos los requisitos. Según algunas fuentes, podrían rondar los 150 millones de euros.

Cabe recordar que, cuando el año pasado trascendió que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, había anunciado a los sindicatos, en una reunión interna, que el deseo de Iberdrola era no reactivar la central, Endesa -cuya postura es más cercana a la reapertura- se molestó por la rotundidad de las palabras del presidente de Iberdrola. Ahora, ambas firmas deberán consensuar una decisión.