El experto en centrales nucleares de Ecologistas en Acción Arístides García, cifró entre 800 y 1.000 millones la cantidad que Nuclenor, propietaria de Garoña, podría pedir por “lucro cesante” si tras una posible autorización de la prórroga posteriormente otro gobierno decidiera su cierre. Explicó que la cantidad se irá reduciendo cada año que se mantuviera la prórroga, pero es tan alta que dificultaría a cualquier otro gobierno optar por retirar la licencia una vez que reciba la previsible autorización de prórroga del actual Ejecutivo. García declaró que Nuclenor “no tiene ninguna intención de que la planta nuclear, parada desde diciembre de 2012, vuelva a operar”. En su opinión, lo que busca la empresa no es que la planta vuelva a producir electricidad porque “requeriría una inversión multimillonaria”, sino que sea un precedente para que otras plantas con mayor capacidad de producción puedan alargar su vida útil.
La consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, advirtió ayer de que las actuaciones que Garoña tiene pendientes para poder operar son de “extraordinaria envergadura”. No obstante, lamentó que el organismo regulador haya emitido un informe favorable a la reapertura pese a no haber cumplido las exigencias que se le han reclamado y que no se establezca un límite de diez años para su reactivación, como se hacía con anterioridad. “Llevamos desde el año 2014 tramitando la solicitud de la central de Garoña, y es la primera vez desde el año 1999 que el CSN hace un informe favorable en el que no se establece ningún límite para la renovación que se va a otorgar por parte del Ministerio, que tiene la última palabra”, apuntó.
El comisario europeo responsable de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, señaló que todos los estados miembros de la UE “son soberanos para elegir su mix energético” y alargar la vida útil de sus centrales nucleares “siempre que tengan condiciones de seguridad”. Cañete indicó que Garoña es “como cualquier otra central” y apuntó el caso de Bélgica, que paralizó la actividad de sus centrales nucleares y luego decidió volver a tenerlas operativas. “Se notificaron los proyectos a la Comisión Europea y las analizamos en los términos justos” señaló.
El presidente del PNV en Álava, José Antonio Suso, afirmó que la central supone “obsolescencia e inseguridad” y que no puede servir de “tapadera” para solicitar la ampliación de la vida de otras plantas nucleares. Además, consideró que al PP vasco “le marcan el baile desde Madrid”, que “se queda en tierra de nadie” y que adopta “una actitud esquizoide, que le hace decir una cosa aquí y la contraria” cuando llega a la capital del Estado. Suso apuntó que, una vez que el CSN avaló la reapertura, “la pelota está en el tejado del PP”. “Será el Gobierno de Rajoy quien adopte la decisión definitiva ahora que cuenta con el plácet del CSN, un órgano controlado por los populares”, señaló. Tras recordar que el posicionamiento de su partido para “el cierre definitivo y sin condiciones” de la central burgalesa se mantiene “de manera inalterable”, manifestó que el CSN “ha perdido su independencia” y es “un órgano político que viste traje de técnico”.
El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero denunció el “doble juego” del PP vasco en relación a la central y censuró que la negativa de los populares a suscribir una iniciativa en el Parlamento Vasco impidió que se aprobase ayer una declaración institucional. La formación soberanista propuso un texto que fue firmado por todos los grupos menos el PP, con el objetivo de que fuera asumido como una declaración institucional de la Cámara vasca, lo que requiere unanimidad. Otero señaló que, ante la “lamentable” noticia de la posible reapertura, su partido ha reclamado la necesidad de responder de manera unitaria a esta “amenaza” y que por ello había propuesto hoy a los partidos sumarse a esta iniciativa.
La diputada alavesa de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo, y Administración foral, y secretaria del PSE-EE de Álava, Cristina González, criticó que “todo lo que ha hecho” el PP en el Gobierno es “poner las bases para la reapertura de Garoña”. Además, explicó que aunque no se reabra porque “no es rentable, va a dar pie a que el resto de centrales nucleares no tengan caducidad en la vida útil”. Tras recordar que la central “estaba cerrada definitivamente”, insistió en que “no ofrece ninguna garantía, pero tampoco beneficio a las empresas, y sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy lo primero que hizo fue un decreto para poder reabrirla, sin informe de impacto ambiental y sin otros procedimientos”.
El presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, manifestó que el informe, favorable pero con condiciones, del CSN sólo es un primer paso para que Garoña pueda volver a operar, aunque es un “trámite imprescindible”. Insistió en que el informe del CSN es técnico y que ha supuesto “muchas horas de trabajo con criterios objetivos”. En todo caso, consideró que si Nuclenor decidiera finalmente descartar la reapertura no sería una buena noticia “ni para el mix energético ni para el empleo”.
El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, expresó las dudas de la patronal sobre si la inversión que realizaran las eléctricas en Garoña sería rentable y si además se garantizaría totalmente la seguridad. - Efe/E.P.
