Logroño -Un numeroso grupo de agricultores, miembros todos ellos de las organizaciones sindicales de la COAG (Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava-UAGA, Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna-EHNE y Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja-UAGR) se concentró ayer ante la Delegación del Gobierno central en La Rioja y, tras serles rechazado un encuentro con Alberto Bretón, entregaron un escrito en el Registro General planteando unos “criterios justos en las autorizaciones de plantaciones de nuevos viñedos”.

Con la reivindicación Las viñas para quienes las trabajamos, reclaman en su escrito, en primer lugar, que en el futuro se aplique el criterio principal de que el solicitante de viñedo tenga la capacidad y competencia profesionales adecuadas. Para ello, en el caso exclusivo de solicitantes que hayan tramitado o vayan a tramitar una solicitud de primera instalación deberían considerarse como válidos los compromisos de formación, siempre y cuando la plantación no se haga hasta tener esta formación y, por lo tanto, la capacidad profesional para trabajar este cultivo. Para el resto de solicitantes se deben exigir cinco años de experiencia demostrados en actividad agraria y complementar, en caso de no llegar a ello, la realización de cursos de formación de 30 horas por cada año que falte. Y en todo caso, se excluye a pensionistas y jubilados.

Un segundo requisito es mayor rigurosidad en la comprobación de los requisitos a cumplir para ser jefe de explotación por los jóvenes sin viñedo y se reclama en especial a La Rioja. En cuanto a los criterios de prioridad, se pide un cambio para que las pequeñas y medianas explotaciones puedan aumentar su tamaño y viabilidad. Por ello, se plantea como prioridad para jóvenes y nuevos viticultores que tengan presentada una solicitud de primera instalación acogida al PDR correspondientes a cada comunidad y que sea aprobada antes de la plantación. También para los jóvenes menores de 40 años, que cumplan los requisitos de jefe de explotación.

También reclaman los viticultores de la DOCa Rioja prioridad para los pequeños viticultores. En la denominación se propone que sean considerados así quienes tengan inscritas menos de diez hectáreas y que no pasen de quince con la nueva concesión. Además, no deberán haber reducido su explotación en los últimos años. En el caso de sociedades, se consideran pequeña explotación el establecido para personas físicas por el número de socios que sean profesionales. Otro de los límites que reclaman las organizaciones agrarias de la COAG es establecer un límite de hectáreas por solicitante y limitar a menos de un 1% el crecimiento de la superficie nacional para 2017. En ese sentido, las Uniones recuerdan que ya defendieron ante el Ministerio que sólo hubiera un crecimiento del 0,20% para este año y lo ha elevado al 1%.

Poco antes de entregar este escrito en la Delegación del Gobierno, los portavoces de las tres organizaciones convocantes de la protesta realizaron manifestaciones sobre este tema. Javier Torre, de UAGA, acompañado por medio centenar de sindicalistas alaveses dijo que la protesta era para tratar de “evitar nuevos ataques a nuestro modo de vida en los años venideros”. Torre afirmó que “todos los que estamos aquí tenemos claro que el reparto de 2016 no ha tenido ninguna coherencia agraria y, por ello, exigimos que modifiquen los criterios para el año 2017, de manera que las nuevas plantaciones sirvan para fomentar el desarrollo y dar viabilidad económica a las explotaciones de los agricultores a título principal, así como de los viticultores que llevan años cuidando los viñedos familiares”.

Por esas razones reclamó de la UE que limite el número de hectáreas a conceder por solicitante, para evitar que un terrateniente se lleve un año, de un plumazo -como ha ocurrido- todas las hectáreas que se concedan. Al Ministerio le pidió que establezca criterios limitantes, para evitar que las viñas salgan de las manos del sector “y terminen en manos de quienes no las trabajan” y a las comunidades autónomas, las pidió que creen mecanismos que mejoren la regulación de la admisión de solicitudes. Finalmente, a la Interprofesional del vino solicita “la modificación puntual de los acuerdos de masa vegetal hasta que se implanten unos criterios garantistas para explotaciones viables”.