gasteiz - La Diputación Foral de Álava analizará a lo largo del próximo 2017 la introducción de modificaciones en el sistema de acogimiento a menores con un objetivo básico, poner coto a su segregación por motivos de nacionalidad. Una iniciativa que mira, sobre todo, a la situación del centro Bideberria de Gasteiz, destinado en exclusiva a menores extranjeros no acompañados -menas- en primera acogida, independientemente de las características que tenga cada uno. Se trata de uno de los puntos más destacados del acuerdo presupuestario reeditado por el ente foral y EH Bildu en el ámbito del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), y que según ha podido saber DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA reservará una partida de 25.000 euros en las Cuentas del año venidero. Constituye, por otra parte, una reivindicación recurrente de la coalición soberanista, que ya estuvo sobre la mesa en la negociación presupuestaria del ejercicio anterior, aunque finalmente no quedó reflejada en las Cuentas de este 2016.

La asignación acordada por el Ejecutivo foral y EH Bildu se destinará, siempre que no se lleve a cabo con recursos propios de la Diputación, a la elaboración de un estudio llamado a reorganizar el área de Menor y Familia en su conjunto y acabar con el riesgo de que se conformen guetos, como puede suceder actualmente en Bideberria por la condición de extranjeros de todos sus inquilinos. Se trata, en definitiva, de no meter como ahora a todos los menores no autóctonos en el mismo saco, derivando -por ejemplo- a quienes no presenten problemas conductuales a familias locales de acogida, a quienes sí los presenten a infraestructuras como Sansoheta, o directamente cambiando las características de Bideberria para que pueda acoger también en condiciones de baja exigencia a menores que tengan el DNI español.

Esta iniciativa, de paso, entronca con los planes que la Diputación anunció hace menos de un mes de que pondrá en marcha próximamente un nuevo procedimiento para la atención de los menas con medidas como la reducción de los plazos de reconocimiento de su edad mediante pruebas óseas, además de la mejora de sus programas socioeducativos y de integración sociocomunitaria. Cabe recordar también que el ente foral abrirá a lo largo de 2017 un nuevo centro residencial para menores con problemas conductuales y que sustituirá al que actualmente se ubica en Estíbaliz.

El paquete de iniciativas acordadas por EH Bildu y el gobierno foral para el IFBS contempla también la elaboración de un estudio para analizar la apertura de una nueva residencia de mayores en la cuadrilla de Ayala, una vez que ya se ha decidido que el CIAM San Prudencio de Vitoria será ampliado en 60 nuevas plazas psicogeriátricas. La Diputación reservará una partida de 10.000 euros en las Cuentas de 2017 a iniciativa de la coalición abertzale para llevar a cabo este informe, que tendrá también en cuenta el uso definitivo que se le dé a la residencia de Pobes, cuyas obras ya están finalizadas pero se encuentra vacía.

Según ha podido saber este periódico, la posibilidad de que este centro acoja finalmente a personas mayores con discapacidad intelectual ha cobrado fuerza en los últimos meses, toda vez que la Diputación ha decidido aparcar su idea de destinar a este perfil de usuarios la residencia psicogeriátrica Pablo Neruda de Gasteiz. Si las plazas del centro de Pobes finalmente se destinan a discapacidad intelectual y no son psicogeriátricas, la necesidad de crearlas en otros entornos rurales como el de Ayala estaría sobre la mesa.

llegar a más ‘sin techo’ Por otra parte, la Diputación se ha comprometido también a elaborar un estudio que analice la creación de un servicio de exclusión social de baja exigencia en esta misma zona, Aiaraldea, para la que se ha incluido una partida negociada de 15.000 euros en las Cuentas de 2017. Se trata de sacar los servicios de atención a los sin techo de los límites administrativos de Gasteiz y extenderlos, al menos, a la segunda Cuadrilla más poblada del territorio. Unida a ella, los próximos presupuestos contarán también a iniciativa de EH Bildu con una partida de 75.000 euros para extender la figura de los educadores de calle a todos los territorios de la provincia, con el objetivo de llegar a todas las personas en situación de exclusión residencial grave allá donde residan.

El acuerdo presupuestario servirá también para consignar una partida de 100.000 euros para llevar a cabo, por fin, el traslado de sede del colectivo de apoyo a las personas con diversidad funcional Eginaren Eginez, cuyo local actual presenta graves problemas de accesibilidad, y otra de 50.000 para avanzar en la creación de un nuevo banco público de recursos de apoyo para vecinos con discapacidad física, dotado de grúas, muletas o sillas de ruedas.

Otra novedad importante en este ámbito de cara a 2017 vendrá por el traslado y unificación de las oficinas administrativas del IFBS en el número 30 de la calle San Prudencio a partir del 1 de enero.