la Fiscalía de Vitoria ni confirma ni desmiente la existencia de una investigación. Simplemente apunta que no se realizan declaraciones sobre posibles operaciones en curso, pero la realidad es incuestionable. Al menos dos localidades alavesas se encuentran en el punto de mira del área que lidera Josu Izaguirre y sus ayuntamientos ya han entregado la documentación requerida para esclarecer si se cometieron delitos financieros durante la pasada legislatura. De acuerdo con la información a la que ha tenido acceso DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, los municipios de Agurain y Ribera Baja han aportado ya varios expedientes y los expertos en escrutar las cuentas de las administraciones públicas estudian si se ha incurrido en prevaricación, malversación, tráfico de influencias o en contratación fraudulenta.

agurain Los papeles de los consistorios de Agurain y Ribera Baja, correspondientes al periodo 2011-2015, han acabado en manos de la Fiscalía, aunque cada uno de ellos por diferentes vías. En el caso de la capital de la cuadrilla de Salvatierra, un profundo análisis realizado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, TVCP, que advertía de cuatro posibles irregularidades, representó el pistoletazo de salida del procedimiento. El penúltimo capítulo de este relato por entregas lo protagonizó la Unidad de Delitos Económicos de la Ertzaintza, que recientemente apareció por sorpresa en las dependencias municipales y reclamó, por orden de la Fiscalía, la entrega de la documentación existente relacionada con los expedientes de la polémica.

Las cuatro cuestiones que al TVCP le chirriaban hacían referencia a otros tantos contratos. Uno de instalaciones deportivas, otro de redacción del texto refundido del PGOU, un tercero alusivo a la externalización de las labores de inspección tributaria y el último, correspondiente al suministro de la energía eléctrica en los locales municipales.

Dos de los cuatro asuntos, los relativos a la licitación de los contratos de las instalaciones deportivas y la concesión del suministro de energía eléctrica, parecen, independientemente de su cuantía -1,2 millones el primero y 437.420 euros el segundo-, abordar cuestiones menores. En el primero, donde la contratación abarca diferentes aspectos relacionados con un centro deportivo municipal -limpieza, monitores, mantenimiento...- el TVCP interpreta que se incumplieron los principios de publicidad y concurrencia al no publicarlo en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea) y en el BOE (Boletín Oficial del Estado). En realidad, sólo la parte correspondiente a la limpieza debe elevarse a estos registros, por lo que nos hallamos a una discrepancia de interpretaciones. El segundo alude a la multiplicidad de contratos con operadores eléctricos, una “irregularidad” que se da en la gran mayoría de los ayuntamientos del territorio.

Así, la Fiscalía parece haberse centrado en los dos contratos que la anterior corporación, liderada por EH Bildu, llevó a cabo para licitar el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, y la colaboración en actividades de inspección tributaria. El primero se adjudicó por 70.133 euros y el segundo en 510.000 euros, si bien hay que precisar que éste último en realidad entregaba un porcentaje de lo recaudado y dicha cantidad era el tope de lo que se podía llegar a percibir.

Entiende el TVCP que el arquitecto sobre el que recayó la primera licitación carecía de medios humanos y materiales para llevar a cabo el trabajo. Lo cierto es que, finalmente, la Diputación no aceptó su proyecto, éste no lo cobró de forma íntegra, y hubo que recurrir a un segundo licitador al que se le acabó pagando el resto de la partida. En el segundo caso, el Tribunal advierte que sólo los funcionarios pueden desarrollar labores de inspección tributaria y que cualquier intento de externalización del servicio incurre en irregularidad. Al margen de otras cuestiones, el acuerdo vulneraría la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Consultados al respecto los responsables de EH Bildu, aseguraron desconocer la existencia de una investigación sobre estos asuntos. En referencia al primero de ellos entienden que se subsanó el problema y, en cuanto al segundo, aclaran que la adjudicación ya fue declarada nula.

ribera baja En el caso de Ribera Baja, el camino hasta el Palacio de Justicia de Vitoria ha sido distinto. Tal y como queda reflejado en el acta de la sesión extraordinaria del Ayuntamiento del pasado 30 de junio, cuando el nuevo equipo de Gobierno municipal, comandado por el PNV, tomó las riendas de la Administración y relevó a la agrupación AERBI, observó cuestiones que no le cuadraban y solicitó una opinión externa. Subvenciones, contrataciones de obras de urbanización, adquisición del silo de Rivabellosa, reforma del alumbrado público, obras en el frontón de Manzanos, en los vestuarios del polideportivo... Se estudiaron diversas licitaciones.

La firma Betean, que llevó a cabo el control financiero, constató la existencia de posibles irregularidades en la tramitación de estos expedientes, que se remontan hasta ocho años atrás en el tiempo. Se encargó un segundo informe, éste de posibles responsabilidades derivadas de las actuaciones llevadas a cabo, y el segundo documento resultó determinante al hablar de “supuestos delitos”. Nos encontramos ante la posibilidad de que se haya incurrido en presunta malversación, prevaricación, tráfico de influencias y contratación fraudulenta. El pleno municipal, a la luz de los indicios, votó a favor de poner lo descubierto en conocimiento de la Fiscalía y trasladó la documentación.

Durante la misma sesión, el anterior alcalde de Ribera baja, Pedro Montoya, se posicionó sobre estos supuestos y declaró no haber cometido jamás irregularidad alguna, por lo que sostenía que las averiguaciones impulsadas por la nueva corporación obedecían a “una persecución política” contra su persona. “¿Quién ha contratado estos informes? ¿Qué se está buscando con ello?”, se preguntaba Montoya al tiempo que indicaba que para tomar aquella decisión -la puesta en marcha de la auditoría externa y el análisis de responsabilidades- no se contó con la opinión del Pleno. Recordó cómo en su día se recurrió al Juzgado “porque las subvenciones se concedían por resolución de Alcaldía” y mantuvo que sus decisiones como alcalde “se basaban en lo que decían los técnicos y secretarios”. “Hubo una sentencia favorable al Ayuntamiento”, concluyó.