Vitoria. "La familia tiene la voluntad de respetar de manera indiscutible y escrupulosa la decisión judicial", ha asegurado en declaraciones a Efe el portavoz de SOS Racismo de Álava, Fede García, quien también ha precisado que los miembros de la familia Manzanares Cortés tienen la intención de permanecer en Vitoria.
El Juzgado de Instrucción 1 de Vitoria ha dado un plazo de cinco días a esta familia para que desaloje la vivienda que ocupa desde agosto en la calle Cristo del citado barrio de la capital alavesa.
La resolución fue notificada ayer, por lo que los ocupantes tienen que desalojar de manera voluntaria casa como muy tarde la semana próxima esa casa, que se encuentra en muy malas condiciones de habitabilidad.
La resolución llega después de que la propietaria de la vivienda denunciara el pasado agosto su ocupación y solicitara como medida cautelar el desalojo de la misma, lo que contó con el respaldo del Ministerio Fiscal.
Además durante todos estos meses se han sucedido las movilizaciones diarias de los vecinos del barrio para protestar por la presencia de esta familia, que ha reclamado públicamente su empadronamiento en la capital alavesa para poder solicitar una vivienda de alquiler social.
En un auto con fecha de 23 de noviembre, el Juzgado de Instrucción 1 de Vitoria dictamina que en el presente caso existen los requisitos necesarios para adoptar la citada medida cautelar, al considerar que "existen indicios" de que la familia ha cometido un "delito de usurpación".
Además atiende las alegaciones de la propietaria de la vivienda, que argumentó que se encuentra "enferma y en una situación precaria".
El juzgado establece así que los ocupantes deben abandonar la vivienda, un requerimiento que traslada a la Ertzaintza para que compruebe si se ha producido la salida voluntaria y proceda en caso contrario a su "lanzamiento forzoso".
El portavoz de SOS Racismo de Álava ha dicho que "lamenta" la decisión tomada por el juzgado y ha reconocido que las "presiones ambientales" no han sido el mejor contexto para que la jueza adoptara una resolución.
También ha afirmado que la familia se "reserva el derecho a no anticipar las decisiones que vaya a tomar después de cumplir con la decisión judicial", pero ha asegurado que sus integrantes tienen la intención de permanecer en Vitoria.
Ha añadido que la decisión que la familia tome sobre su residencia tras abandonar la casa de Abetxuko no va a estar condicionada por presiones de ningún tipo y ha reivindicado el derecho que tienen a decidir "libremente".
Fuentes del Ayuntamiento de Vitoria han explicado por su parte a Efe que la solicitud de empadronamiento "sigue su curso" y que el consistorio tiene tres meses para resolver sobre esta petición, que se registró el pasado 31 de octubre.
Han insistido en que el Ayuntamiento va cumplir "con sus obligaciones, respetando los plazos y las condiciones" que se establecen para el empadronamiento y han recalcado que la vía judicial y la administrativa son "distintas" aunque estén vinculadas.
Finalmente han señalado que ahora lo que hay que hacer es "dejar actuar a la Justicia". "Se ha dictado una orden y todavía no se ha ejecutado nada" y mientras tanto la solicitud sigue su curso, han explicado.
