Vitoria - El Ayuntamiento de Vitoria se compromete a poner la lupa sobre cada uno de los papeles “extraviados” que justificaban los acuerdos entre la extinta Agencia para la Revitalización del Casco Histórico (Arich) y las diferentes lonjas y viviendas de la almendra medieval. PNV, PSE y PP acordaron ayer en un consejo extraordinario de Ensanche 21 “encomendar a los auditores de cuentas de la sociedad un informe exhaustivo sobre las ayudas a la rehabilitación y otros gastos concedidas por la agencia liderada entonces por Gonzalo Arroita”. En concreto, PNV, PP y PSE quieren descartar que no haya más casos como el de la calle Chiquita, con deudas pendientes en su comunidad, como así desveló este periódico. Sin embargo, durante esta convocatoria inusual de Ensanche 21, gracias a la petición conjunta entre EH Bildu y Podemos, se aparcó la propuesta de estas dos últimas formaciones en cuanto a crear una comisión de investigación que arrojara algo más de luz sobre la forma en la que se cerraron dichas operaciones en las que intervino la Arich (desde 2008 a 2012).

Es por ello que al poco de acabar el encuentro y no conforme sólo con la auditoría, EH Bildu ya anunció que exigirá otro consejo extraordinario de Ensanche 21 y esta vez con la presencia tanto de Gonzalo Arroita -el bilbaino que lideró durante cuatro años esta sociedad municipal puesto ahora en el punto de mira- como la del Síndico.

Como ya anunció este periódico el pasado día 13, el defensor vecinal fue el primero en sorprenderse por el proceder de la extinta Arich, cuyas irregularidades ya fueron denunciadas en 2011 y 2012 por EH Bildu y otras organizaciones. “No parece serio”, advirtió entonces Martín Gartziandia, quien sospechaba que muchos de los pactos de la antigua sociedad carecían de soporte documental, al no ser la primera vez que no encontraba nada por escrito que justificara cómo éstos se hacían.

La voz de alarma la dieron unos vecinos de la calle Chiquita, sobre cuyo bloque pesa una deuda aproximada de 4.000 euros fruto de los impagos de un piso del que desconocen quién es el titular. No en vano, su último dueño conocido tuvo que hacer las maletas cuando el bloque decidió rehabilitar el edificio. No podía hacer frente a las obras y pidió ayuda a la antigua Arich, que se comprometió a pagar los 140.000 euros de inversión con dinero público, la cuantía más alta encontrada hasta la fecha por el Síndico, que desconcertado, no halló pruebas que sustentaran ese acuerdo.

“Casos como el vivido por la comunidad de vecinos de la calle Chiquita ponen en evidencia unas formas de hacer que para nada comparte el gobierno municipal”, explican fuentes municipales. Es por eso que desde el Consistorio gasteiztarra ya se intenta dar una solución al respecto. Para ello, Ensanche 21, la sociedad heredera de todos los activos de la antigua Arich, ya se ha puesto en contacto con la comunidad de vecinos y lo hará también con el propietario con el que se llegó a un acuerdo hace años.

El problema, tanto en este caso como en el resto, radica en que, como ya advertía el Síndico, la mayoría de pactos no fueron por escrito, sino que fueron verbales. Según precisa el Consistorio, la antigua Arich se comprometió así, solamente con palabras, con uno de los propietarios del edificio, declarado insolvente. Dado que no pudo hacerse cargo del coste de la reforma, la agencia asumió ese importe a cambio de “dos opciones”, que se materializaban en el momento en el que se produjera la declaración de obra nueva del edificio. “La comunidad no pudo en su día pedir la declaración de obra nueva debido a que otro de los propietarios no había abonado sus honorarios al arquitecto que realizó la reforma”, argumentan desde el Ayuntamiento.

Ello derivó en una “solución no complicada” que se intenta resolver a través de tres puntos: “el bloqueo de la declaración de obra nueva, la deuda adquirida con la comunidad y materializar formalmente el acuerdo hecho en su día de forma verbal con el propietario”.

Sin embargo, tanto Podemos como EH Bildu van más allá, al reclamar que este estudio “exhaustivo” se realice en una comisión de investigación. La formación morada, en concreto, propone que también se llame a consejeros y trabajadores de la Arich. “No se puede permitir que ni un solo euro de dinero público desaparezca, que no se sepa en qué se ha invertido o se desconozca el acuerdo adoptado”, censura el edil de Podemos Juan Cerezuela.