vitoria - Si existe una fórmula ideal para financiar el proyecto del BRT periférico ideado por el Gobierno Vasco para Vitoria, sus valedores no se ponen de acuerdo sobre cuál es. El grupo municipal de EH Bildu, socio en la aventura desde que en julio ayudó a dar vía libre a la infraestructura acordando con el gabinete de Gorka Urtaran los créditos de compromiso necesarios para garantizar la aportación del Ayuntamiento, critica ahora el modelo público-privado propuesto por el informe de viabilidad de la ingeniería Idom para sufragar el sistema. A su juicio, la inversión de la obra y los gastos de mantenimiento tendrían que ser asumidos al cien por cien por las instituciones porque, según sus cálculos, se ahorrarían 32 millones de euros. Por eso animó al debate. Lo hizo ayer, a las 11.00 horas, en rueda de prensa. Minutos después, la propuesta recibía el portazo de los nacionalistas. Según alegaron, haría rebasar el techo de la deuda de las tres administraciones y les obligaría a asumir de entrada el riesgo de un sistema que, con las características de la línea de Tuvisa a la que el bus exprés sustituiría, es inédito en el mundo.

Esos dos inconvenientes fueron, aunque EH Bildu no los comparta, los que precisamente propiciaron la fórmula de Idom. Su idea es que una empresa asuma el coste de las obras, la adquisición de los autobuses eléctricos y el mantenimiento. Lo haría a cambio de un canon de siete millones de euros al año durante quince ejercicios. Eso supondría un desembolso total de 100,655 millones, de los que de acuerdo al convenio de movilidad el Gobierno Vasco pondría el 65%, la Diputación un 17,5% y el Ayuntamiento el 17,5% restante. A lo largo de todo ese tiempo correrían a cuenta de la adjudicataria los riesgos constructivos, tecnológicos y de disponibilidad del BRT. No obstante, la gestión siempre sería de Tuvisa y, pasado ese periodo, el proyecto revertiría al cien por cien en el Ayuntamiento con más de 12 millones de euros en activos.

La portavoz de EH Bildu, Miren Larrion, considera, sin embargo, que los 100,655 millones de euros son “un gasto desmesurado” que podría aligerarse optando por una financiación pública. Sin canon con el que llamar la atención de ninguna empresa privada, el BRT costaría en quince años 68,198 millones de euros: 57 de obra civil y 10,85 de mantenimiento. Cifras que, desde su punto de vista, no tendrían por qué hacer peligrar las arcas institucionales. El riesgo, a su juicio, estaría tan sólo en “ocho millones de euros, de los que cuatro corresponden a las baterías” tan especiales de estos autobuses eléctricos. “Por tanto, hablamos de un riesgo de 8 millones y de un ahorro de 32. Por eso, merece la pena abrir un debate sobre la financiación para que el BRT sea lo más rentable para la ciudad”, dijo.

Lo que quiere EH Bildu es “liderar este proyecto con sensatez y responsabilidad”. Y por eso mismo, además de cuestionar la forma de pagarlo, ha decidido proponer mejoras encaminadas a situar Vitoria a la vanguardia de la edificación sostenible, con la introducción en la obra de materiales reciclados y bajos en carbono que, de paso, den un impulso en términos de empleo e innovación a uno de los sectores más afectados por la crisis. El concejal Aitor Miguel puso como ejemplo la utilización de residuos de la construcción y demolición para la estructura o de madera local para los elementos de la superestructura, “como las marquesinas o las máquinas expendedoras de billetes”.

También habló Miguel de la necesidad de abordar el BRT desde la participación ciudadana, aunque reculó en la idea tantas veces defendida de aprovechar el reglamento de consultas populares para someter este proyecto de ciudad a la voluntad de la gente. El edil responsabilizó al gobierno de no haber planificado el proceso con suficiente antelación y se escudó en que “ya es tarde”, obviando que existe la posibilidad de que cualquier grupo político saque adelante un referendo si tiene el apoyo de la mayoría de la Corporación. En todo caso, sí que insistió en la necesidad de que se convoque el Foro de Movilidad para abordar el proyecto desde ya hasta el fin de las obras y se constituya la prometida mesa técnico- política para abordar tanto estas cuestiones como el resto de dudas que plantea el bus exprés periférico. Todavía no se sabe si el Gobierno Vasco incluirá la construcción de nuevas cocheras y la remodelación de América Latina o con qué tiempo se cuenta para poder acceder a las ayudas europeas.