Castellón/Vitoria. El fiscal pide para el acusado, quien está en prisión provisional desde 2015, una pena de 37 años de prisión por un delito continuado de malos tratos y abuso sexual, y dos de agresión sexual a la menor.

Los hechos sucedieron desde julio de 2010 en el domicilio familiar cuando el acusado, "actuando con ánimo de satisfacer su deseo sexual", aprovechaba la ausencia de su esposa y del resto de hermanos de la menor para forzarla, según relata el escrito de acusación.

Además, "actuando con ánimo de menoscabar la integridad física" de la niña "la sometió a agresiones físicas consistentes en lanzamiento de objetos, golpes con un cinturón, con las manos, gritos, menosprecios y desvalorizaciones".

Esa situación llevó a la víctima a adoptar "una actitud de sumisión, miedo y silencio ante la situación de dominación que sufría", por lo que estos hechos no fueron denunciados, según el ministerio público.

El acusado, "valiéndose del clima de violencia descrito" y aprovechando sendos viajes de su esposa junto a los hijos varones del procesado, insistió a la menor que fuera a dormir con él, "y a pesar de que la víctima se negó", actuó de forma agresiva con ella amenazándola de muerte en las dos ocasiones.

Según el relato del fiscal, la menor no opuso resistencia a la agresión sexual cometida por el acusado ambas noches "al estar paralizada por el miedo que le infundía el procesado".

En abril de 2013 la familia se trasladó a vivir a Vitoria y en octubre de 2014 la menor relató "en una redacción autobiográfica dirigida a la que entonces era su tutora que su padre la había violado".

A consecuencia de estos hechos, la niña, tutelada por el Consejo del Menor de Álava e ingresada en un centro de acogida desde noviembre de 2014, "presenta un daño psicológico reactivo a la vivencia de la interacción sexual abusiva y violenta por parte de su padre, con incidencia en las esferas personal, familiar, académica y social" y está en tratamiento psicológico especializado por estos hechos, según el relato de acusación.

El fiscal reclama también para el acusado que pague una indemnización de 30.000 euros por perjuicio moral.