Vitoria - El diputado general, Ramiro González, apuntó ayer que el pasado mes de abril “tanto la Policía, como la autoridad judicial y la Fiscalía” tuvieron conocimiento de la existencia de un posible primer caso de prostitución a cargo de un menor del centro Sansoheta, tras la denuncia presentada a la Policía Local por parte de la propia madre del joven.

En aquel momento la guardia urbana “se puso en contacto” con el servicio del área de menores de la Diputación “para recabar información que pudiera ser útil para la investigación”, y ese mismo mes la institución foral puso el caso en conocimiento de la Ertzaintza, aunque ésta “se inhibió porque la investigación correspondía a la Policía Local”. La denuncia, según informaron a este periódico fuentes de la guardia urbana, fue presentada por la mujer el 5 de abril, cuando acudió a Agirrelanda con el móvil de su hijo, que ya por entonces residía en el centro Sansoheta, tras haber leído en el teléfono mensajes comprometidos, con sospechas de posibles contactos sexuales. La denuncia fue registrada simplemente como un robo.

El diputado general explicó que “la Policía Local informó a la madre de que iba a dar traslado al juzgado del contenido de la denuncia”, pero “la investigación no llegó a ningún lado”, como tampoco pudo fructificar el protocolo que los Servicios Sociales forales activaron con el menor, al tratarse de un joven “que se ausentaba de Sansoheta con frecuencia, al no estar sometido a una medida penal o de internamiento ni tener la Diputación su tutela, que mantiene la madre”.

González, que informó de que el psicólogo detenido “no prestaba sus servicios a la Diputación ni había tenido contacto con los menores” al menos a través de la propia institución foral, señaló que el hecho de que en abril los técnicos no trasladaran a la diputada de Servicios Sociales la existencia de la denuncia relacionada con este menor se debió a que los empleados “entendieron que era suficiente con que la Policía, la autoridad judicial y la Fiscalía lo conocieran”.

Y es que no fue hasta el mes pasado, al conocer de parte de los técnicos la situación con el resto de menores implicados, cuando los trabajadores informaron a la diputada, Beatriz Artolazabal, de la existencia de esa acusación previa en abril. Un trabajador del centro, por cierto, ha sido apartado del mismo “porque su nombre apareció en el transcurso de la investigación”. Tras la acusación de la madre, no fue hasta octubre cuando una segunda denuncia, a cargo de la propia Diputación y con datos “contundentes”, puso en marcha una investigación que actualmente se encuentra bajo secreto de sumario. - DNA