gasteiz - La Ertzaintza y el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria investigan la existencia de una supuesta red de prostitución de menores tutelados por la Diputación Foral de Álava de la que, al menos, habrían sido víctimas cinco adolescentes, chicas y chicos, de entre 14 y 17 años de edad. Las pesquisas internas realizadas por el propio ente foral y el trabajo judicial y policial posterior se han saldado ya con el ingreso en prisión preventiva de un psicólogo que ha trabajado de forma ocasional con la Diputación en valoraciones de adopción, aunque sin haber mantenido contacto directo con estos menores ni con los distintos servicios de acogida. Además, un monitor del centro de menores Sansoheta, donde surgieron los primeros indicios de esta presunta trama, ha sido apartado de sus funciones ante la sospecha de que también podría estar implicado en ella.
Aunque la investigación y las derivadas de este caso, que se encuentra bajo secreto de sumario, salieron a la luz ayer, la Diputación alavesa tuvo por primera vez conocimiento de él el pasado 6 de octubre. Según detalló en una concurrida comparencia pública la diputada foral de Servicios Sociales, Beatriz Artolazabal, las alarmas saltaron cuando una menor residente en Sansoheta comunicó “voluntariamente” a su tutor legal que había ejercido la prostitución con anterioridad en varias ocasiones. La posterior investigación interna determinó que no sólo esta menor, sino al menos otros cuatro chicos y chicas acogidos en Sansoheta, también podrían haberse prostituido de forma “ocasional”, siempre fuera del centro. “La prostitución, en caso de que se ejerciera, nunca jamás se ha producido en locales forales ni públicos”, aclaró la titular de Servicios Sociales.
De forma inmediata, el director del centro y la Diputación presentaron una denuncia ante la Ertzaintza en nombre de esos cinco menores, pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores y del fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Álava, Josu Izaguirre, y contactaron también con los familiares de los adolescentes para “tranquilizarles, informarles y trasladarles los pasos que se habían dado para protegerlos”, según Artolazabal.
Se trata, como todos los menores acogidos en Sansoheta, de adolescentes que sufren problemas conductuales graves, que generalmente provienen de familias desestructuradas, y que acarrean, según describió la responsable foral, “mochilas muy importantes” y “vivencias muy duras”. La Diputación alavesa adoptó también posteriormente distintas medidas protectoras hacia los chavales, que se encuentran en régimen abierto, tanto educativas como psicoterapéuticas y sanitarias.
Artolazabal no descartó que las víctimas de esta trama y las personas adultas implicadas en ella puedan ser más fruto de las posteriores investigaciones del sumario, donde han aportado ya su testimonio varios menores más y trabajadores forales, entre otras personas. “Ahora, vamos a dejar investigar a la Ertzaintza. La gravedad de los datos nos hace ser prudentes a la hora de seguir haciendo declaraciones. Es una situación complicada que gracias a la profesionalidad de los trabajadores de Sansoheta fuimos capaces de detectar. Esperemos que las investigaciones eviten que estas situaciones vuelvan a producirse”, declaró la titular de Servicios Sociales. Los, al menos, cinco adolescentes que podrían haber ejercido la prostitución son de nacionalidad tanto extranjera como nacional.
La investigación del caso tratará de determinar cómo la única persona que hasta la fecha se encuentra en prisión habría entrado en contacto con los menores, ya que la Diputación “nunca” los derivó a su consulta privada. También, qué grado de implicación en esta presunta red habría tenido el monitor apartado, cuya situación procesal se desconoce y ya no trabaja para ningún recurso foral. Aunque los menores no llegaron a identificar a ninguna persona concreta cuando hablaron por primera vez con los responsables de Sansoheta sobre estas prácticas, las investigaciones posteriores y la toma de declaraciones han estrechado el cerco.
