vitoria - Peio López de Munain fue, antes que político socialista, un hombre de vocación social. Él hizo posible, en los años más oscuros de la epidemia, la Comisión Antisida de Álava. Sólo que la Comisión Antisida de Álava no reconoce ahora mismo a su antiguo presidente. Sigue desconcertada por la manera en que se ha gestionado la puesta en marcha del Dispositivo de Atención Invernal de Vitoria, un servicio que refuerza la asistencia a las personas sin hogar durante las noches más frías del año con café, una litera y desayuno. El edil convocó un concurso con recortes al que ninguna entidad del tercer sector se presentó y este martes, un mes después de que el certamen quedara desierto, ante el desembarco del otoño y la presión de todos los grupos, consiguió seducir a una sociedad limitada con un contrato menor y unas condiciones aún más exiguas para resolver de forma temporal el entuerto mientras los técnicos iniciaban un nuevo procedimiento negociado sin publicidad. “Privatización del servicio y precarización de condiciones laborales en un asunto tan sensible dentro del departamento de Políticas Sociales. Es increíble”, lamenta Rocío Vitero, actual responsable de la ONG.

Desde el gobierno aseguran, sin embargo, “no entender” que la gestión del dispositivo haya generado polémica. “El DAI abrió la noche del martes y lo hizo con el horario de siempre, de 22.00 a 8.00. Pasó una sola persona y no hubo ningún problema”, informaron. El discurso del departamento es que “todo sigue igual”, aunque nada sea de la misma forma. El concurso que quedó desierto proponía menos plantilla para asistir y controlar a los sin techo y una reducción de las categorías profesionales: de un trabajador social y tres integradores al cien por cien de anteriores temporadas se pasaba a un trabajador social y tres monitores, estando uno de ellos al 70%. “Adaptación de las condiciones a la realidad según criterios técnicos”, alegan fuentes del departamento de Políticas Sociales. “Afán de ahorrar 22.000 euros”, replica la oposición, “cuando se han duplicado las personas que duermen en la calle”.

“Ya dijimos en ese momento que no estábamos de acuerdo con esas condiciones porque no permitían gestionar el servicio de forma adecuada”, explica Vitero, “y una vez que el concurso quedó desierto seguimos intentando negociar pero finalmente nos encontramos con una propuesta todavía peor”. La presidenta de la Comisión Antisida se refiere a ese contrato menor que se encontró encima de la mesa el martes. “No ponía los requisitos por escrito, ni el tiempo de prestación, ni la vinculación... Nada. Lo único que nos ofrecían era gestionar el servicio con 18.000 euros y dos únicos integradores, sin trabajadora social. Eso es imposible”, subraya.

Es categórica porque lo primero que hizo fue hacer cuentas. “Y no sale. No al menos para una asociación que no tiene ánimo de lucro. Si quiero cumplir el convenio del sector, que es mi objetivo principal, con ese dinero sólo tendría para un mes. Y además, sin trabajadora social no se puede prestar el servicio. Es la figura que se coordina con el resto de trabajadoras sociales del Ayuntamiento, la que realiza los informes de expulsión, porque a veces se producen conflictos, la que hace las memorias de seguimiento...”, aclara. No quiere entrar a valorar cómo lo hará la firma que ha aceptado el reto, Badesten SL, pero tiene claro que el contrato municipal del DAI “va totalmente en contra de los principios que defiende una ONG, que no son obtener beneficios y sí respetar los derechos de las personas”.

Desde el gobierno defienden que el hecho de que una empresa se haga cargo del dispositivo en vez de una asociación sin ánimo de lucro no tiene por qué conllevar un empeoramiento de la prestación. Tampoco quieren distinguir entre la finalidad de una empresa y de una ONG. “Siempre ha sido un servicio que se ha ofrecido a un tercero y ninguna de las dos es una sociedad municipal”, apostillan. Su conclusión es que, al margen de lo que pueda opinar la Comisión Antisida de Álava, asociación a la que muestran sus respetos por no haber querido aceptar la gestión, la oposición se ha aprovechado de un asunto “donde no hay ningún problema” para generar una presión mediática innecesaria. Consideran que no han hecho las cosas mal e insisten, además, en que el DAI ha abierto este año “diez días antes que el anterior”.

Vitero, cuya ONG gestionó el servicio la pasada temporada, lo niega. Su calendario indica que en 2015 el dispositivo levantó la persiana el 7 de noviembre. “El concurso de este año quedó desierto y han reaccionado cuando les ha comido la presión, eso es todo”, afirma. Lo que no tiene claro es si se presentará al nuevo procedimiento. Duda de que su oferta sea lo suficientemente ahorrativa.

Recortes. El departamento de Políticas Sociales sacó a concurso la gestión del Dispositivo de Atención Invernal (DAI) para las personas sin hogar con un presupuesto de 160.000 euros para dos años. Sólo las nóminas de personal suponían, según advirtió Irabazi, 77.000 euros. El PP advirtió además de que la adjudicataria debía hacerse cargo de los gastos de manutención, sábanas y limpieza de los enseres, lo que hacía la oferta “inasumible”. Por otro lado, se planteaba pasar de un trabajador social y tres integradores a jornada completa a un trabajador social y tres monitores, uno de ellos al 70%, lo que suponía una reducción de la plantilla y una rebaja de las categorías profesionales. El gobierno alegó que las nuevas condiciones respondían a criterios técnicos y no a un afán de ahorro, aunque los recortes iban a permitir, según la oposición, “gastar 22.000 euros menos”. Finalmente, el certamen quedó desierto.

Más recortes. Mientras se pone en marcha un nuevo procedimiento por el que el gobierno ha invitado a varias entidades para que presenten sus propuestas, se ha optado por realizar un contrato menor presupuestado en 18.000 euros para que dos integradores gestionen el servicio hasta que se agote el presupuesto. La Comisión Antisida de Álava asegura que este parche temporal “no da para más de un mes” si la entidad que ha aceptado, Badesten, cumple las condiciones del convenio del sector.

La presidenta de la Comisión Antisida de Álava, ONG cofundada por el actual concejal de Políticas Sociales, lamenta el rumbo adoptado en la gestión del dispositivo para las personas sin hogar.