Los funcionarios de las oficinas de San Martín indicaron a la familia Manzanares Cortés que, al no poder esclarecer con papeles su situación habitacional en Abetxuko, era necesario presentar una solicitud por escrito ante la Unidad de Padrón de la calle San Antonio. No cabe la posibilidad de acreditar la titularidad de la vivienda por parte de los pichis, ni existe contrato de arrendamiento, ni derecho de subarriendo, ni justificantes de pago vinculados a ese inmueble, por lo que se solicitará un informe a la Policía Local sobre las circunstancias en las que están residiendo los solicitantes en la vivienda de la calle de El Cristo, se pedirá a los ocupantes que entreguen la documentación en vigor que identifique a todos los miembros del colectivo y, finalmente, el Ayuntamiento emitirá una resolución, que podrá ser positiva o negativa, sobre el empadronamiento. Preocupado por el rumbo que están tomando los acontecimientos y alertado ante la solicitud de alta en el padrón, el gabinete Urtaran realizó ayer mismo un llamamiento público a la Justicia para que “agilice los trámites derivados de la situación de ocupación presuntamente ilegal”.

acuerdo verbal Por su parte, el portavoz de la agrupación vecinal Uribe Nogales, Oscar González, explicó ayer que, tras la exitosa manifestación celebrada el pasado sábado en demanda de la convivencia pacífica en el barrio, el domingo se acercó a la vivienda ocupada de la calle de El Cristo y que habló tanto con el representante de los pichis, Pedro María Manzanares, como con su esposa, Natividad, y su yerno Antonio Alexander. Les reiteró cuál es la voluntad de los vecinos e incluso les ofreció la ayuda del pueblo, siempre y cuando accedan a abandonar la zona “ya que, lamentablemente, entendemos que no pueden quedarse allí”. Tras una conversación “cordial” que se desarrolló en plena calle y a la vista de muchos de los residentes, González explicó que el diálogo fue posible y que incluso se alcanzaron ciertos acuerdos verbales. Puntos de encuentro que el representante vecinal prefirió no airear “por tratarse de asuntos que sólo quiero trasladar a la asamblea vecinal”. Salvo uno. “Mutuo respeto. Hasta que llegue la resolución legal sobre el asunto del desalojo, existe el compromiso de que, como no podía ser de otra manera, nadie va a saltar por ninguna de las partes”. Eso sí, las movilizaciones en favor de la convivencia pacífica se mantienen vigentes y el próximo sábado tendrá lugar una nueva marcha de protesta desde Abetxuko hasta la Virgen Blanca.

En referencia a las palabras del fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, quien la semana pasada calificó de “coacciones” contra los pichis las movilizaciones vecinales, González aseguró sentirse “decepcionado”. “El fiscal superior también aseguró el viernes que había hablado con el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre. Hoy (por ayer) nos hemos puesto en contacto con Izaguirre para consultarle su opinión al respecto y nos ha asegurado que la oficina del fiscal superior aún no se ha puesto en contacto con él. Creo que sería positivo que hablaran, porque Josu Izaguirre conoce bien la situación y está por la labor de solventar el tema cuanto antes”, concluyó.

Retraso. A pesar de la colaboración del fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, la decisión judicial sobre el desalojo de la casa ocupada por los ‘pichis’ aún no se ha producido y parece acumular un cierto retraso.

Medida cautelar. Por indicación de Izaguirre, la titular del inmueble ocupado y su familia, copropietarios de la vivienda, solicitaron al juez encargado de gestionar la denuncia por ocupación ilegal que se procediera a ejecutar un lanzamiento de forma cautelar, lo cual agilizaría mucho todo el procedimiento en caso de que el magistrado acceda.

Juzgados. Sin embargo, el asunto parece más complejo de lo que se podía pensar a priori y ha estado dando vueltas entre los juzgados de Vitoria hasta que se ha determinado cuál es la sala competente para llevarlo.

Ayuntamiento. Los representantes municipales también se posicionaron en su día a favor de la intervención en la vivienda ocupada, si bien precisaron que la Policía Municipal no podrá actuar en tanto no exista una resolución judicial.

Empadronamiento. La solicitud de empadronamiento realizada ayer por los miembros del clan gitano ha generado tensión en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vitoria, que ayer reclamó a la Justicia que agilice los trámites derivados de la situación de ocupación “presuntamente ilegal” de la vivienda.

Ayudas. La obtención del padrón municipal por parte del clan es determinante a la hora de poder solicitar ayudas sociales al Ayuntamiento, escolarizar a los menores y establecer un arraigo familiar definitivo en Vitoria.