vitoria - La decisión del gobierno foral de elevar la presión fiscal a las empresas del territorio mediante un cambio en la normativa del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) ha despertado de nuevo las reticencias de los empresarios alaveses. Según anunció ayer el diputado general, Ramiro González, su ejecutivo modificará el IAE para que a partir de 2017 las empresas con un volumen de facturación superior al millón de euros pasen a pagar también este impuesto, cuando hasta ahora el límite para estar exento de su pago se situaba, como sucede en Bizkaia, en los dos millones de euros.

La iniciativa, una petición que el llamado bloque de izquierdas -EH Bildu, Podemos e Irabazi- planteó recientemente sin que llegara a cristalizar, es asumida ahora por la propia Diputación con el objetivo de “equipararse a otros territorios, como Gipuzkoa, Navarra o el Estado español, que ya establecen el límite de exención en menos de un millón de euros”. De salir adelante la propuesta -que lo hará, pues EH Bildu se mostró ayer favorable a la rebaja aunque acusó al ejecutivo de adueñarse de la iniciativa de la izquierda-, Bizkaia pasaría a ser el único territorio vasco en el que las empresas no tienen que abonar este impuesto si no llegan a un volumen de facturación de dos millones de euros.

Según ha podido saber DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, el nuevo escenario que se plantea ahora en el territorio tras la decisión de la Diputación ha provocado que SEA, la patronal alavesa, haya solicitado una reunión de urgencia con el diputado general. El objetivo del presidente de SEA, Pascal Gómez, y el secretario general, Juan Ugarte, que acudirán a la cita con González, es conocer de primera mano los detalles de esta nueva modificación fiscal que, como sucediera hace cuatro años cuando Álava planteó sin éxito esta misma medida, ha despertado el malestar en SEA ante un cambio que supondrá elevar la presión fiscal sobre un importante número de empresas.

Por entonces, SEA apuntaba de forma diáfana su postura ante una posible rebaja del límite de exención del IAE -en aquel momento a 1,1 millones- pero finalmente las Juntas decidieron rechazar, con los votos del PNV y el PP, la puesta en marcha de este incremento fiscal. Tras el rechazo, la patronal mostraba en un comunicado su “satisfacción” al conocer que la iniciativa no había salido adelante porque “de haberse aprobado, habría supuesto una clara amenaza para la estabilidad empresarial y el empleo en Álava”.

El diputado general, que aseguró ayer que hasta ahora no habían podido presentar su propuesta porque “se estaba tramitando la iniciativa sobre el IAE de la izquierda, mucho más drástica”, incidió en el hecho de que la modificación se acometerá “de forma progresiva” durante los tres próximos años, por lo que “hasta 2020 el IAE de Álava no estará equiparado por completo” al de territorios como Gipuzkoa o Navarra, que no Bizkaia.

González subrayó, en referencia al planteamiento similar rechazado durante la pasada legislatura, que en aquella ocasión “no se proponían bonificaciones de ningún tipo”, mientras que ahora la normativa contempla que las entidades locales puedan aplicar bonificaciones de hasta el 75% en 2017, 50% en 2018 y 25% en 2019.

Hace unos días, el grupo municipal de EH Bildu exigía a Urtaran acometer esta rebaja de la exención para las empresas de Vitoria como una de las condiciones sobre las que asentar un nuevo acuerdo presupuestario. Un cambio para el que el Consistorio necesitaba sí o sí la modificación de la norma foral aprobada ayer por la Diputación y sustentada en el apoyo de la coalición abertzale.

IBI de la Iglesia. La Diputación se mostró ayer favorable al debate de la reforma del IBI planteada por Podemos, que entre otras cosas incluye la supresión de las exenciones de la Iglesia a su pago.

Competencias. Sin embargo, planteó que la propuesta de Podemos “recoge cambios que exceden las competencias forales e incumplen el concierto económico”. “Frente al obligado mantenimiento del beneficio para la Iglesia católica por imperativo legal, eliminarlo del resto de confesiones sería discriminatorio”.