“Es necesario que no se desahucie a colectivos vulnerables sin una alternativa habitacional adecuada”

Están teniendo un comienzo de curso muy ajetreado, por mucho que las cifras oficiales digan que hay menos desahucios.

-Sí. Yo entré en la plataforma en 2014 y en realidad nunca han faltado los problemas. Hay algunos que se visibilizan más y tienen una mayor repercusión social, pero luego hay otros que no se ven tanto aunque también estén ahí. Muchos de ellos vienen por familias que no quieren salir públicamente porque piensan que su historia es un fracaso individual, lo cual es uno de los grandes problemas de la exclusión y los desahucios. Aquí hablamos de un fracaso social que hay que visibilizar, porque es la mejor manera de enfrentarlo. Ha habido dos desahucios muy traumáticos en los últimos días -se refiere a los casos de Anastasia y Sandra-, pero hace tres semanas se desahució a una mujer de 92 años, Josefa, de una vivienda del Casco Viejo porque había sido avalista de su hijo, que había pedido un crédito de 60.000 euros a un prestamista particular para poder pagar su hipoteca. Y eso no ha salido en ningún lado. La vivienda ha sido un negocio durante el franquismo y posteriormente. Nunca ha sido un derecho. Y con la crisis, todo esto ha explotado. En Euskadi, probablemente, habrá habido más de 20.000 desahucios estos últimos años.

Hablando de Sandra y sus dos hijos menores, que tras el desahucio fueron realojados en el CMAS, ¿sabe qué tal se encuentran?

-El perfil más generalizado de la pobreza en Euskadi tiene rostro de mujer y de familia monoparental con hijos menores, como es el caso. Y aun así, Sandra y su familia no están en un sitio que nos parezca adecuado. Ella tiene una posibilidad de alojarse en un piso de alquiler el 10 de diciembre, y por eso estuvimos trabajando para suspender el desahucio y que pudiese estar en la vivienda hasta esa fecha, pero ha sido imposible. A no ser que encuentren antes otra cosa provisional, seguirán en el CMAS y a partir del 10 podrán entrar en esa vivienda.

¿Cuántos casos más o menos inminentes de desahucio les ocupan?

-(Se lo piensa) Tenemos como mínimo dos. Uno es el de Gato, que es un problema de un prestamista, de cómo se aprovechan en un momento determinado de una familia con dificultades y le quitan la vivienda. Este desahucio está suspendido hasta finales de octubre y hay una denuncia de por medio... Esperamos que se pueda paralizar y que haya alguna alternativa que le permita no ir a la calle, porque también hablamos de dos niños menores afectados. Y el otro caso es el de María Ángeles, una vecina de Abetxuko que ya ha tenido dos suspensiones. Alokabide le denegó la prórroga del contrato con base en un expediente de los servicios sociales hecho con denuncias anónimas, y esto es lo que ha provocado que estemos pidiendo que a todos los contratos en los que interviene la Administración pública se les aplique la Ley de Procedimiento Administrativo. No se puede tomar la decisión de prorrogar un contrato o no con base en un informe donde el interesado no tiene derecho de contradicción ni de defensa.

La relación de Kaleratzeak Stop con Alokabide parece que pasa por su peor momento.

-El contacto con Alokabide está bloqueado desde el año 2015, cuando sus responsables intentaron criminalizar a Stop Desahucios. En concreto, nos denunciaron a tres miembros de la plataforma, y aunque después el juzgado nos declaró absueltos, esta maniobra, diciendo que habíamos ido a destrozar sus locales, generó miedo. No es una actuación propia de una Administración pública. Esperamos que con el nuevo gobierno quizás cambie la viceconsejera de Vivienda, que es un cargo público prepotente y soberbio, y que con los nuevos responsables haya más posibilidades de poder debatir el cumplimiento del acuerdo del Parlamento Vasco de abril de 2014. Porque cuatro de cada diez inquilinos de Alokabide están con la soga al cuello. Están dedicando el 40% de sus ingresos a la renta y los gastos de sus pisos. Con ingresos de 800-900 euros es imposible vivir en estas condiciones.

Alokabide siempre defiende que es flexible con sus inquilinos, que apura todas las opciones antes de ejecutar un desahucio.

-Sí. Alokabide siempre defiende que lo hace todo bien. Tendríamos que estar ahí para contrastar lo que ellos dicen con la realidad. De hecho, tuvimos otro caso de desahucio con Alokabide en Vitoria, el de Mari Luz, que tampoco quiso denunciarlo públicamente. Tenía tres hijos y también trabajo, pero con unos ingresos por debajo del umbral de la pobreza, como sucede con el 18% de los trabajadores vascos.

Esta realidad, en cierta medida, tiende a quedar soterrada...

-Hay una tendencia del poder público en el País Vasco a minimizar el problema de la pobreza, y lo hace comparándolo con otros territorios. La situación de este territorio no se puede equiparar a la de España, sino que debería compararse con las de Francia o Alemania.

Visto lo visto, ¿las mociones antidesahucios aprobadas en las instituciones se han convertido en papel mojado?

-En nuestra opinión no. Esas mociones fueron un aldabonazo público sobre el tema de los desahucios, pero el problema fue que hasta 2015 no se hizo nada para estudiar cómo cumplirlas. Por primera vez a partir de entonces, en el mes de septiembre, nosotros exigimos que las mociones se cumpliesen punto por punto, y eso derivó en la creación de una mesa de debate y seguimiento donde estaba el Gobierno municipal, todos los grupos de la oposición y Stop Desahucios. Desgraciadamente, nos han dado largas en muchas cosas, pero hemos insistido a lo largo de siete reuniones para ir arrancando cosas y cumpliendo los puntos de la moción con mucho esfuerzo: hemos encontrado un interlocutor en el Ayuntamiento, hemos conseguido que esté con las entidades financieras que más desahucian, con los juzgados...

Ya, pero el goteo sigue, y eso que Gasteiz y Araba son en teoría territorios libres de desahucios.

-Nosotros somos los primeros que decimos que es imposible que no haya desahucios, porque distinguimos entre los que son responsabilidad de la Administración pública, los que son por ejecución de hipotecas y los que son casos entre particulares, donde no entramos, salvo que se trate de grandes tenedores de vivienda, como sucede con Vitalquiler. En el primero de los casos, que es donde entra Alokabide, tendría que haber cero desahucios. No puede ser que en el primer trimestre de 2016 haya habido en el País Vasco 455 desahucios según el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que de ellos, 200 sean por impago de alquileres y que el 20% sean desahucios de Alokabide. Curiosamente, ahora estamos teniendo menos problemas con los bancos, porque hemos conseguido una interlocución y una mínima cobertura legal gracias a la lucha.

De todas formas, cuando llega un desahucio, no parece fácil dejar de acatar resoluciones judiciales.

-Nosotros hemos tenido una reunión con el decano del juzgado y con la coordinadora de los secretarios judiciales, y lo que nos responden es que como no son firmantes del protocolo institucional, hablemos en Madrid con el CGPJ. Es triste. Llevamos detrás de estas personas desde diciembre de 2014, cuando denunciamos el primer caso, una mujer con dos hijos pequeños que vivía en Zabalgana, y siempre nos han dicho que no son competentes. Lo que pedimos son dos cosas, que no se ponga fecha a un desahucio si previamente no hay una sentencia judicial firme, por toda la zozobra que se genera en la familia. Y lo segundo, que se detecten los casos de vulnerabilidad, y no hablamos solamente de la familia monoparental con dos hijos a su cargo, sino de las unidades con personas con una discapacidad mayor del 30%, las que tienen todos sus miembros en paro... Lo que le pedimos al juzgado es que se comunique con el Ayuntamiento y que los servicios sociales prevengan estas situaciones. Es necesario que no se desahucie a ningún colectivo especialmente vulnerable si previamente no existe una alternativa habitacional adecuada para esa familia. Y los jueces pueden hacer mucho más, sí.

A la vista de que es imposible lograr un territorio verdaderamente libre de desahucios, ¿con qué se conformaría Arturo Val?

-Lo primero sería que la Administración pública no desahucie, porque es un absurdo. ¿Yo te echo de una VPO para luego llevarte a otra? Eso no tiene sentido. Hay que encontrar una alternativa. Y por otra parte, el Ayuntamiento tiene que ponerse las pilas, porque tiene muchas viviendas vacías que serían una buena alternativa a necesidades habitacionales, y ahora no se invierte ni un duro en rehabilitarlas. El Ayuntamiento aprobó para este año poner en marcha el parque de viviendas públicas de alquiler, y no ha hecho nada. Basta ya de hacer acuerdos que sólo sirven para hacer propaganda y crear expectativas en un colectivo que lo está pasando mal. Por otro lado, la coordinación de Alokabide con el Ayuntamiento, con los servicios sociales, tiene que ser mucho mayor antes de llegar a la situación de desahucio.