vitoria - Ya falta poco, o ésa es la información que maneja el gabinete de Gorka Urtaran, para conocer el fallo del Tribunal de Cuentas al recurso que presentó el PP por el caso San Antonio. Su deseo es que refrende la sentencia inicial, que condenó a los miembros del gobierno de Alfonso Alonso a pagar 393.862 euros por suscribir en 2007 el contrato “abusivo” del alquiler del local propiedad del empresario Gonzalo Antón. Será entonces cuando el Ayuntamiento se encontrará en una posición ventajosa para “activar todas las iniciativas jurídicas posibles” para reclamar el dinero de más que continúa pagando mes a mes, 3.075 extra frente al precio que es el justo según el fallo provisional.

La concejala de Hacienda, Itziar Gonzalo, explicó las intenciones del equipo de gobierno al ser interpelada en comisión por EH Bildu. Fue Antxon Belakortu, concejal de la coalición abertzale, quien recordó que el Ayuntamiento afronta un perjuicio de 500.000 euros añadidos a los cerca de 400.000 que impuso el Tribunal de Cuentas a los dirigentes populares, aun cuando en noviembre de 2013 el gobierno de Maroto renegoció el alquiler. “Precisamente esa rebaja fue según el Tribunal la prueba irrefutable de la desproporcionalidad del contrato”, coincidió Gonzalo después de que el edil le solicitara la inmediata puesta en marcha de acciones para recuperar el dinero pagado de más, “pero existe un recurso presentado por el PP y nuestros Servicios Jurídicos nos piden prudencia y aguardar a la sentencia definitiva”.

Si se confirma el fallo, y aprovechando que los hechos no prescriben, el equipo de gobierno hará lo posible por recuperar lo que es de todos los vitorianos. “Una resolución en firme nos dará mejor posición para entrar con fuerza a resolver el contrato, mejorarlo o recurrir a otras vías judiciales que tengan recorrido”, subrayó la concejala de Hacienda. Gonzalo dejó satisfecho a Belakortu y en el aire un halo de expectación. Pese a la firmeza de la primera sentencia, está por ver qué respuesta se dará al recurso. El nuevo tribunal está presidido por Mariscal de Gante, titular del Ministerio de Justicia con el Gobierno de Aznar. Le acompañan un magistrado nombrado por el PP y otro designado por el PSOE. - DNA